Nueve personas fueron procesadas por el delito de trata de personas. Tres de ellos facilitaban trámites migratorios a las víctimas, que denunciaron engaño, servidumbre y amenazas. Un policía también está implicado

Jorge la esperaba en la estación el día que llegó desde República Dominicana. La trajo en su auto hasta Mar del Plata y la alojó en su casa unos diez días. Un 2 de enero, recuerda, él le dijo que –junto a una joven más- irían al Consulado en busca de la visa. Ella pensaba que su estadía en el país sería sólo momentánea, para encarar por fin un viaje de trabajo a España. Mientras manejaba, Jorge les dijo que “se había complicado la situación” y por eso las llevó a Dulcinea: un prostíbulo situado en San Salvador al 7200. Eran cerca de las 11 y en el lugar las esperaba su hijo Fernando. Jorge les explicó que mientras salía la visa, iban a trabajar ahí vendiendo cerveza. Luego entró a una oficina, sacó una maleta y les dio ropa interior. No se fue sin antes advertirles que no podían irse hasta que pagaran el pasaje que él les había costeado desde su tierra natal. Ella recordó que les dijo textualmente: “Allá lo hacían gratis, acá lo van a hacer por plata”.

Ella, como otras jóvenes de su mismo país, fue sometida a la explotación sexual, en un cuadro de vulnerabilidad evidente, tal como se desprende del expediente judicial. Las víctimas –reparó el juez Alejandro Castellanos al analizar el resultado de la investigación- “quedaban sometidas a una suerte de opción única”.

Y en este sentido, reparó en diferentes mecanismos de coerción ejercidos que –dijo- aplicados solos o combinados “tienden a crear en la víctima un encarcelamiento real o psicológico”.

En esta causa se desprende “la servidumbre por deuda, el aislamiento y confiscación de documentación, el aislamiento lingüístico por el desconocimiento del idioma nacional y la violencia, como el encierro compulsivo o la amenaza latente de sufrir represalias”.

Jorge Daniel Sánchez, su mujer Orfelina Valdez Montero y su hijo Fernando Manuel Sánchez ya tienen prisión preventiva firme. Y hay otros seis imputados cuyas situaciones procesales definirá en los próximos días la Cámara de Apelaciones.

Uno de ellos es un policía de Drogas Ilícitas, quien cobraría entre 300 y 400 pesos a las víctimas a cambio de avisar posibles allanamientos. También están imputados un hombre que hacía de seguridad y una mujer que se encargaba de la barra; y tres sujetos –un requiriente, un apoderado y un gestor- que realizaban trámites migratorios irregulares. Uno de ellos es casualmente el abogado del dueño del pub La Posada, que fue clausurado.

La joven del relato pudo escapar del prostíbulo donde estuvo cerca de tres meses, con la ayuda de un cliente/prostituyente, y la valentía de su declaración impulsó una causa –impulsada por la Fiscalía Federal Nº 1- que ya cuenta con nueve procesados, y que incluso abrió una investigación sobre el entonces titular de la delegación local de Migraciones, quien no fue finalmente imputado pero fue separado –al menos por ahora- de su cargo.

EN PRIMERA PERSONA

“Jorge o los encargados nos obligaban a tener sexo como fuera. Esa plata la entregaban en la barra donde se anotaba. Jorge nos descontaba por mes 300 pesos por la comida y 400 para pagarle a la policía, que avisaba cuando venían los de Migraciones”, reveló la joven dominicana, quien pudo reconocer en las fotografías al efectivo que concurría al local, según indica el expediente.

“En realidad en tres meses que estuve ahí no recibí ninguna suma porque si, por ejemplo, al final del mes había hecho dos mil pesos, primero hacía el reparto cincuenta y cincuenta. De los mil que supuestamente eran para mi, me descontaba los setecientos que dije y los otros 300 eran para pagarle a Jorge la deuda por los pasajes y todo eso”, evidenció la víctima.

Otros testimonios indican que enviaban dinero a su país de origen. “Los escasos montos que reflejan las constancias de depósitos efectuados en Machu Pichu Expres son mayormente inferiores a 100 dólares”, repara el expediente.

“Esos giros o remesas no guardan ningún tipo de relación cuantitativa con los montos o sumas que las jóvenes afirmaron generar (en algún caso del orden de los ocho mil mensuales solo en concepto de copas)”, detalla luego.

LOS PROCESADOS

En el expediente quedan claros los vínculos entre los imputados, lo que determinaría un “cuadro de cobertura interna y orgánica bajo el cual resultaban sometidas las víctimas”. Los dueños eran la pareja: Orfelina Valdez Montero y Jorge Daniel Sánchez, quienes -según consideraciones del juez- eran los “encargados del manejo integral del negocio ilícito, tanto en la captación o reclutamiento de las víctimas, como en la recepción y acogimiento, y su ulterior aprovechamiento mediante su desempeño prostibular en el local Dulcinea”.

El encargado del lugar resultaba ser el hijo del dueño, Fernando Manuel Sánchez, quien se ocupaba de la recaudación generada por las copas y los pases. El procesamiento de los tres quedó ratificado por la Cámara de Apelaciones y se encuentran con prisión preventiva.
Quien también cumple prisión preventiva es Claudio Marcelo Campo, un policía de Drogas Ilícitas, quien “prima facie”, y según los testimonios de las víctimas, “daba aviso cuando Migraciones haría allanamiento” y cobraría a las víctimas por ello.

Su procesamiento debe definirlo en los próximos días la Cámara, al igual que el de Carmela Concepción Colas, quien solía también ser encargada del lugar y atender la barra; y el de Ángel Hernández Cabral, quien era custodio del lugar.

También está imputados –y a la espera de la confirmación de la Cámara- Eugenio Iacovone, Roberto Montecchia y Rubén Mormando: requiriente, apoderado y gestor de las víctimas para realizar trámites migratorios. Todos ellos tienen un grado de participación secundaria.

ENCIERRO

La joven, como el resto de las mujeres, vivía, dormía y era explotada en el mismo lugar físico. Por declaraciones de personal de la Oficina de Rescate, la fuerza interviniente en el allanamiento debió romper las puertas de acceso ante la falta de respuesta a los llamados y la condición de encierro verificada. Además, dieron cuenta de las “condiciones de hacinamiento y de falta de higiene en que fueron encontradas las mujeres”. En el lugar se encontraron preservativos usados y papeles para higienizarse.

Según consta en la causa y emerge de la declaración de la víctima, “no se les permitía salir del lugar por ninguna circunstancia, teniendo que vivir en las habitaciones donde se realizaban los pases con los clientes que concurrían al lugar”.

La joven comentó que Jorge les había dicho textualmente: “Acá nadie tiene acceso a nada ni a nadie, de acá nadie sale si no me pagan”, refiriéndose a los gastos del viaje.
Asimismo, personal de la Oficina de Rescate declaró que “el establecimiento de turnos, relevos y francos, extensivo a tareas de limpieza diaria de las habitaciones y pasillos, dan pie a considerar que las mujeres no resultan simples inquilinas que ejercen en forma independiente la prostitución, sino que se trata de empleadas o sometidas sexuales”

RECAUDACIONES

El manejo del dinero era similar al de otros prostíbulos. Los prostituyentes pagaban una suma de dinero al encargado del lugar y un “porcentaje significativo” era absorbido por el dueño. “Pero el remanente y disponible para las mujeres también quedaba en poder o resguardo del dueño del local o bien de su encargado”, detallan los testimonios. Esto quedó en evidencia cuando, al realizarse los allanamientos, no se encontró dinero en poder de las mujeres, ni en sus pertenencias ni en sus habitaciones.

En el local se encontraron 5.384 pesos y en el domicilio particular de la pareja imputada se hallaron 84.432 pesos y 1.520 dólares. “El importante secuestro dinerario ciertamente no resulta adjudicable a las presuntas tareas de construcción y remodelación que refiriera y declarara ante Afip”, interpretó el juez. En el expediente se refleja cómo no dan los números de acuerdo a la facturación anual, ni siquiera sumada la facturación de la mujer como monotributista.

“SIN CLIENTES, NO HAY TRATA”

La consigna de distintas agrupaciones que luchan contra la trata de personas es elocuente: “Sin clientes, no hay trata”. El sometimiento de las mujeres dentro de prostíbulos quedó en evidencia en el caso Dulcinea.

La denunciante manifestó –según consta en el expediente- que “no podían rechazar a los clientes sin que ello significara la imposición de una suerte de sanción o multa pecuniaria consistente en una reducción del capital acumulado”. “Se les cobraba multa de 100 o 150 pesos en caso de ‘quejas de clientes’ (sic)”, indica el escrito judicial.

Una de las jóvenes declaró incluso que “la negativa a ‘prostituirse’ determinaba la pérdida de su casa en República Dominicana”, y “que Jorge le habría referido que no poseía dinero para comprar el pasaje y volverse a su país, por lo que la única solución posible sería someterse a la imposición de prostituirse”.

TRÁMITES MIGRATORIOS

Iacovone, Montecchia y Mormando están procesados porque articulaban entre sí para poder conseguir permisos precarios migratorios para las jóvenes.
“Se estructuraba una ficción dirigida a ostentar falsos trabajos o servicios domésticos, que en realidad buscaban encubrir u ocultar los servicios sexuales a los que eran sometidas las víctimas. Les extraían sumas de dinero aprovechando y abusando de su situación de vulnerabilidad”, describe la causa.

Iacovone es quien aparece sindicado como el requirente o solicitante del otorgamiento de residencia de al menos tres víctimas; Montecchia como apoderado de los trámites evaluados en la causa y Mormando como gestor de la obtención de residencias precarias ante la autoridad migratoria.

“La relación verificada entre los tres incusos conduce a pluralizar el conocimiento de la realidad espuria o, mejor dicho, de la ficción que presentaban ante la autoridad migratoria, y del mismo modo autoriza a inferir que todos ellos participaban de la facilitación de la permanencia irregular de extranjeros en el país”, añade el escrito.

A los tres se les impuso dos calificaciones legales: por un lado, la violación de la ley de Migraciones, y por otro lado, colaborar de manera secundaria con el delito de trata.

“Más allá de defraudar a la autoridad migratoria –y facilitar la permanencia-, al propio tiempo se buscaba también obtener un provecho económico y favorecer el desarrollo de la actividad delictiva cumplida por los tratantes respecto de las víctimas, disimulando el propósito espurio que compelía la permanencia en el país de las explotadas”.

En sus declaraciones, las víctimas “refirieron en todos los casos haber sido contactadas por profesionales del derecho o gestores que presuntamente tendrían contactos o se desempeñarían en la agencia de Migraciones de este medio y que, con raras excepciones, sólo obtenían residencias transitorias o precarias, que bien podían ser objeto de revocatoria en caso de oponerse o revelarse a los influjos de sus sometedores”.

GÉNERO, POBREZA Y MIGRACIÓN

En su argumentación, la Justicia Federal manifestó que quedó en evidencia “un cuadro de vulnerabilidad conformado no sólo por las condiciones de sexo y pobreza, sino que ponen principalmente el foco en la condición de migrantes de las víctimas, con el aditamento intimidatorio de presumir y ostentar contactos, vínculos o influencias con autoridades policiales y migratorias, capaces de agravar la situación de vulnerabilidad que, de por sí, presenta cualquier persona pobre y migrante que se, por necesidad, compelida a vender su cuerpo como medio básico de subsistencia”.

Pero sumó a las circunstancias de género, pobreza y migración, “el desarraigo al núcleo familiar o de los hijos menores que varias de las jóvenes dijeron tener en República Dominicana”.

El expediente marca que justamente la condición de migrantes “llevó a tolerar las graves y flagrantes contradicciones verificadas en los testimonios rendidos”.

Fuente: http://www.diarioelatlantico.com/diario/2012/02/13/39411-con-pasaporte-a-la-esclavitud.html