Marcelo Saín es una de las voces políticas más autorizadas para hablar de la institución policial. No sólo porque se especializó en seguridad pública y defensa nacional y porque por años analizó la lógica de funcionamiento de esta fuerza represiva del Estado, sino porque además fue uno de los protagonistas necesarios para la reforma de la policía que vela por la integridad ciudadana en los aeropuertos nacionales.

Lo que el actual diputado provincial por Nuevo Encuentro logró en 2005, de la mano de Néstor Kirchner, fue la implementación de la primera conducción civil y política de una institución policial en la Argentina, tras la vuelta democrática. En este caso, de la hasta entonces militarizada Policía Aeronáutica Nacional.

Con esa experiencia al hombro, y en diálogo con el programa “Crítica Penal”, que se emite los jueves de 21 a 23 por FM De la Azotea 88.7 Radio Comunitaria, Saín dijo que es necesaria la descentralización de la gestión preventiva del delito en la provincia de Buenos Aires.

Por eso es que, como muchos otros especialistas y funcionarios, defendió la municipalización de la policía y criticó las lógicas de semi regionalización del Gobierno de Daniel Scioli. Elogió a Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad y aclaró que es preciso agremiar a los efectivos de la policía. “Son los trabajadores más precarizados del Estado”, definió.

-¿Qué debería contemplar una política criminal de prevención pública ajustada a las garantías constitucionales?

-Toda forma de prevención criminal siempre es local, nunca es provincial, en ningún lugar del mundo. Todas las estrategias de intervención preventiva sobre el delito, tanto de manera primaria, social o comunitaria, son estrategias de intervención sobre problemáticas criminales de carácter estrictamente local. Es muy difícil desde el punto de vista provincial tener una mirada de conjunto si no está descentralizado lo que son los ámbitos locales. Lo que ocurre en determinarlo vecindario en materia de delito y violencia no es lo mismo que en el vecindario colindante. Por ende, lo que se requiere es el fortalecimiento de lo que son los roles preventivos por parte de los Municipios. Los Municipios de la provincia de Buenos Aires no tienen estructuras de gestión preventiva, no tienen estructuras de gestión en materia de seguridad pública, y desde el Gobierno bonaerense no hay ningún tipo de política al respecto. Yo creo, entre otras cosas, porque a esto lo desconocen. La decisión política de la provincia de Buenos Aires es que la policía haga lo que pueda sin que haga mucho ruido político, y cuando hace ruido político van como bomberos a tapar el escándalo, como en el caso Candela. Esta es la apuesta estratégica de Scioli, porque Scioli sabe que en este contexto no tiene condiciones de resolver el tema de seguridad. Lo que quiere es que el problema de la inseguridad no le genere un problema político en su carrera presidencial.

-Varios municipios bonaerenses, entre ellos el de Mar del Plata, han expresado reparos frente al modo en que se pretende descentralizar la gestión de la seguridad. Aceptarían la regionalización sólo si les garantiza autonomía real para gestar sus propias políticas preventivas…

No me cabe ninguna duda. Pero los grandes municipios, que tienen un grado de autonomía relativa con relación a los recursos y que tienen mayor capacidad de gestión administrativa, tienen que avanzar sobre una policía municipal. Quizás merezcan discutir seriamente con la Provincia el traspaso de los servicios policiales para que puedan conformar sus propias policías municipales.
Nosotros somos partidarios de eso. De hecho, hemos presentado hace dos meses un proyecto muy detallado a la legislatura provincial. Esperamos que se empiece a discutir en poco tiempo, porque toda la tendencia a la complejización de la vida social lleva inevitablemente a que en los servicios de salud, educación y seguridad los Municipios ocupen un rol cada vez mayor.

-El proyecto que el gobernador Daniel Scioli envió a la legislatura a principios de este año otorga, en materia de seguridad, relativa autoridad política a los intendentes. ¿Por qué cree que no se quiere desligar por completo del manejo de la fuerza de seguridad?

-Por una razón sencilla, por la caja. El motivo central por el cual Scioli presenta un proyecto muy timorato en materia de descentralización de las funciones policiales es porque el interés es que la policía siga manejando la calle en aquellos municipios en los que se otorgaría algún tipo de función a los intendentes, porque ahí está la recaudación. Scioli es el gobernador de la policía. Y por ende, en materia de seguridad pública, no va a hacer nada que la policía no quiera. Ahora, yo creo que por fuera de este tipo de miradas tan mediocres, me parece que habría que discutir el tema seriamente, porque es injusto que aquellas ciudades grandes que tienen capacidad financiera, administrativa y decisión política de conducir los destinos de su propia institución policial, no lo puedan hacer. De todos modos, un proceso de traspaso de esa policía sería extremadamente complejo. Por eso que en nuestra propuesta creamos una instancia institucional que debería evaluar, previa declaración de voluntad por parte del intendente y del Concejo Deliberante a través de una ordenanza de adhesión, la voluntad para poder traspasarse. Igual el piso son los grandes municipios. Tienen que ser en ciudades de más 100.000 y debe ser optativo. Si hubiera intendentes o Concejos que no quieren una policía municipal tienen que tener el derecho a no tenerla. No debe ser obligatoria la municipalización.

-En el proyecto de descentralización que usted presentó en la legislatura bonaerense, ¿Qué herramientas se proponen para garantizar un control de pautas mínimas en el funcionamiento de esas policías municipales?

-Las funciones de la policía no serían objeto de ningún tipo de descentralización. Serían solamente tareas de seguridad preventiva frente al delito y faltas graves, y punto. No harían tareas de investigación, ni de mantenimiento del orden público, ni tareas de operaciones especiales. Estos servicios quedarían en manos de la policía de la Provincia, conforme lo organice la propia administración. En cuanto a las formas organizativas, hay una relativa autonomía para los intendentes. Pero como no saben del tema, en el proyecto estipulamos una instancia de asesoramiento técnico entre la legislatura y el Gobierno provincial para poder subsidiar técnica y organizativamente a esos intendentes en el armado de esas policías. Los sistemas educativos y los mecanismos de control son externos y supervisados por la sociedad civil, porque creemos que es importante su participación. La sociedad civil tiene que facultar esto y tiene que formar parte de una suerte de entente entre intendente, participación comunitaria y policía, porque cuando el intendente pasa a ser el responsable político institucional de todo lo que ocurre en materia de seguridad pública empieza también a pagar costos políticos si lo hace mal.

-La regionalización de la gestión política de la seguridad, a partir de la creación de policías comunales, ¿Serviría también como estrategia de depuración de las prácticas discrecionales de la Policía Bonaerense?

-No tanto de depuración, sino para hacerla más eficiente. Ahora estamos analizando todo lo que es el despliegue de miembros dentro de la institución y estamos notando que no superan el 30% los miembros que hacen tareas operacionales y el resto está distribuido en tareas no operacionales. Entonces tenés una fábrica en donde en la línea de producción trabaja el 10% de la gente, en la línea de comercialización el otro 10% y el 80% restante son todos gerentes y asistentes de los gerentes. Si es así, esa empresa se funde. Pero como ésta es del Estado no se funde nunca. Esto que observamos con datos que obtenemos clandestinamente porque no hay datos oficiales, nos muestra que la policía es una institución colapsada. La municipalización de la policía creo que le cambiaría la cara a la policía bonaerense y permitiría intervenciones mucho más activas.

GESTIÓN POLÍTICA DE LA SEGURIDAD

-¿De qué hablamos cuándo hablamos de seguridad?

-De muchas cosas, pero básicamente en los últimos 20 años que la seguridad se convirtió en tema de agenda pública, estamos hablando de problemáticas que tienen que ver con el crimen y las conflictividades violentas y cómo la sociedades las interpretan y las intenta resolver. Por supuesto que el entendimiento de esas problemáticas tiene una mirada de clase. Cómo se las enfoca, cómo se las ve, qué delitos pesan, qué delitos tienen más valor que otros, qué tipo de delincuentes son vistos y observados e institucionalizados, guarda relación con una especie de selectividad social. Por ejemplo, si vos hablas con sectores concentrados de la clase alta o media, les preocupa el robo a mano armado en la calle, pero no les preocupa la evasión, el fraude y el lavado de dinero, que genera tantos problemas a la sociedad. Es que ese es el delito que ellos comenten. Ahora, si vos le preguntas a la gente de abajo cuál es la problemática criminal que más les duele, es el abuso social en el uso de la fuerza y el crimen protegido por la policía, que los tiene fundamentalmente victimizadas. Son miradas muy dispares, pero no hay un criterio unívoco en ninguna sociedad.

-Entonces, y usando palabras suyas, a la seguridad hay que interpretarla como la forma política de resolver conflictos sociales…

-Sí, pero hay muchas formas de resolver. Todas las sociedades históricamente hay resuelto sus conflictos de alguna manera. Los fenómenos que ocurren en la Argentina en los últimos tiempos, ya ocurrieron hace 30 años en Estados Unidos y hace 20 en Europa. Acá no hay nada nuevo. Los mismos contrapuntos, las mismas interpretaciones, los mismos discursos, los mismos reclamos y las mismas respuestas estatales fueron vividos en otras latitudes cuando atravesaron procesos de alta criminalidad. La Argentina hoy tiene un nivel de violencia y delitos callejeros semejantes al de fines de los años noventa, pero sin embargo hay un grado de dramatismo como si estuviéramos peor. El delito bajó bastante en los últimos años, y no por consecuencia del accionar de ningún Gobierno, sino en consecuencia de que disminuyó la conflictividad social y la fragmentación a partir del crecimiento de la ocupación, de la reducción de la pobreza e indigencia extrema, que siempre tallan fuerte en lo que son los grados elevados de violencia social.

SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL

GARRÉ AL MINISTERIO

“Cristina Fernández, a partir de la llegada de Nilda Garré al Ministerio, marcó un corte muy importante con lo que es el contenido sustantivo de la Provincia de Buenos Aires, donde se concibe como instrumento de gestión de la seguridad pública a la policía. Esto es lo que empieza a ser revisado por Garré, al menos discursivamente. Y es así que plantea una conducción política, porque entiende que la policía forma parte del problema, por ser una institución deficiente, cerrada, retrazada a nivel cambios y signadas por hechos de corrupción. El desafío del Gobierno nacional es apropiarse de lo que es la conducción política de la seguridad pública”.

OBSERVATORIO CRIMINAL

“Ese cambio, que no sólo puede ser normativo o discursivo, requiere también de un observatorio que le indique al Gobierno, al Estado, a la sociedad, cuál es la magnitud del crimen, de qué se trata, cuáles son sus manifestaciones y modalidades y cuáles son sus condiciones de tiempo y lugar. Sin ese dato duro, no puede haber ni prevención ni investigación eficiente. No se puede prevenir aquello que no se conoce”.

REFORMA POLICIAL

“Lo que es una deuda pendiente del Gobierno nacional es la reforma policial, porque Nilda ha marcado una agenda reformista pero la verdad es que la reforma no se ha llevado a cabo aún. Por ejemplo, la policía federal tiene una ley de 1958 y todavía cuenta con un servicio de inteligencia ilegal también de esa época. Ahí hay deudas pendientes”.

SINDICALIZACIÓN POLICIAL

Al igual que Mariana Galvani, la socióloga autora del libro “La Marca de la Gorra”, que analiza al ser policial, Marcelo Saín entiende que es fundamental la sindicalización de los efectivos que integran la institución policial. Lo que sigue es la argumentación del diputado a una idea poco discutida y bastante controversial.

“Estamos elaborando un proyecto de ley de trabajo policial, en donde uno de los capítulos es la sindicalización. Los policías son los trabajadores más precarizados del Estado. Las condiciones de trabajo, las condiciones de formación y el salario son de un nivel de precarización que los obliga al doble empleo y a la militarización como mecanismo de control organizacional de la misma institución de la que forman parte. Ellos no tienen derecho a agremiarse, a discutir esas condiciones de trabajo. Y los sindicatos, como todos sabemos, son un instrumento de los trabajadores para discutir las condiciones de trabajo. No hay ninguna razón para que no tengan el derecho a discutir con la Patronal y con la sociedad, que si no está dispuesta a dar este debate tendrá que empezar a entender y no quejarse de la policía que tenemos”.

Por Andrea Pérez y Julia Drangosch