- Los controles racistas para la estigmatización de los migrantes y las identificaciones masivas y arbitrarias para desincentivar las protestas vía buro-represión son el pan de cada día.
- El gobierno ha pasado de negar los controles racistas a normalizarlos
- Sólo en Madrid, se ha recaudado desde 2011 un cuarto de millón de euros en multas a manifestantes pacíficos.
- Varios colectivos desobedientes están luchando contra esta forma de control social
En EE.UU hay montado un debate porque Obama propone un DNI nacional para combatir la migración irregular. Allí no se estila (desde 2005 hay uno opcional) y muchos se oponen a esta medida blandiendo el espantojo del socialismo. La tradición del liberalismo yanqui (anglosajona: en Inglaterra tampoco tienen) protege más la esfera de lo privado, y la intromisión del Estado en la vida de cada cual es menor que en Europa. Y no digamos en la burocrática España, donde los papeles son todo un clásico, y un perfecto método de control social. Allí tienen los suyos. Por ejemplo, si a un joven le pillan en Mineapolis con una bolsita de maría a la segunda puede irse a la cárcel un mes, y aquí, si te pillan con su equivalente china, te cae una multa de 300, que si no pagas te sitúa en una lista. Pero allí viaan entre estados sin papel alguno y aquí te da palo viajar sin DNI a Francia, incluso salir a la calle sin él. No está prohido ni es ilegal no llevarlo. Pero es un engorro si te lo piden. Allí, te controlan menos pero si rompes la ley la pagas. Aquí dejo que me fichen con un número pero (depende de quien seas) si la rompo no la pago.
La tragedia de ese papel ha roto vidas en dos. Por ejemplo, J y C vivían juntos en Usera (Madrid). Los dos vinieron de Bolivia. J estaba regularizada y C no. Una noche, C salió del metro y un policía de paisano le pidió la documentación y le detuvo. J recibió una llamada de comisaría. Le pedían que llevara el pasaporte de su novio. Lo hizo. Pidió hablar con C. No la dejaron. Estando embarazada de cinco meses, esperó hasta las 2 de la mañana. Lo intentó al día siguiente y tampoco la dejaron. Cuando al día siguiente volvía a comisaría, recibió una llamada de C. Lloraba. “Me están mandando a casa”. J fue en metro a Barajas. Allí un policía le dijo que le iban a expulsar. “Tengo derecho a despedirme”, dijo J. “Has visto muchas películas americanas”, respondió el policía.
Esto pasó en 2010 y J lo contó en un informe de Aministía Internacional sobre Perfiles raciales y control de la inmigración en España. “Los policías lo habrán olvidado, pero para él y para mi ha sido un trauma que nunca olvidaremos”, dice también. “Ahora estoy sola con mi hijo. No paro de buscar trabajo pero sola con un niño es difícil”.
En el mismo informe, AI recoge más casos de detención por no llevar papeles. Un senegalés al que se los han llegado a pedir cuatro veces en un día. Otro chico indio que ha pasado por todas las comisarías de Madrid… También denuncia que la policía cuenta con cupos de detención de migrantes en situación irregular y con indicaciones de qué nacionalidades es prioritario pedir su ingreso en un CIE y de cuáles no. Tránsito entre la detención y la expulsión (allí pueden estar hasta 60 días), los Centro de Internamiento para Extranjeros (9 en España, 420 en toda la UE) son, como si dijéramos, extensiones de un calabozo policial. Al no haber cometido ningún delito (no tener papeles no es delito, es falta administrativa) no dependen del Ministerio del Interior, si no que son limbos legales que dependen de la policía. Como se cuenta en el blogcárcelesracistas, los CIEs violan 8 de los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. En ellos, a los internos no se les suele informar de sus derechos, se les niega asistencia jurídica y médica, hay muchas denuncias de trato degradante, e incluso de torturas.
Si no tienen papeles (se calcula un millón en España), muchas veces el destino es el CIE y la expulsión (la otra opción, la multa, se impone menos). Si los tienen pero pertenecen a una minoría étnica (unos 4 millones), les pedirán los papeles muchas más veces. A todas horas. Sin importar que lleguen tarde al trabajo, en cualquier lado: en locutorios, a la salida del metro, en discotecas. Y si protestan, a comisaría, aunque todo esté en orden, con el pretexto de que a lo mejor les engaña.
El efecto de las identificaciones racistas, asegura AI, es reforzar el prejuicio social de que las personas de otras etnias comenten más delitos. Y así aumenta el racismo. Malena, integrante de las Brigadas vecinales de Observación de los Derechos Humanos, añade que su efecto atañe a toda la sociedad al estigmatizar a un grupo social. “Además, hacen que nos acostumbremos a la presencia policial en la calle. Cumplen, por tanto, con una labor de control social. Aunque las identificaciones racistas sean distintas a las identificaciones masivas que se están dando en las protestas, ambas persiguen que se normalice el control del uso de los espacios públicos, el derecho a circular libremente. Las aceptamos porque tocan a otros y no a nosotros. Pero tras este colectivo llegarán otros”.
Las Brigadas llevan trabajando en Madrid desde 2009. “Surgen de muchos colectivos de barrio tras un año de trabajo previo”, cuenta Malena. “Intentamos aplicar la figura del observador de los derechos humanos, recocida en el marco del derecho internacional, aunque aquí antes no se aplicaba, como si no se vulneraran derechos”. Salen por un barrio, mínimo en grupos de cuatro, con chalecos naranjas para ser identificados. Documentan las redadas racistas. Desde abril de 2011 en que presentaron su primer informe hasta noviembre de 2012 (que presentaron el segundo) recibieron 1.144 avisos de redadas racistas, muchos de ellos a través de su Twitter. En ese año y medio, las propias Brigadas detectaron al menos un control racista en la tercera parte de sus salidas. En su web, además, estudian los datos incoherentes presentados por el Ministerio del Interior tras la presión ciudadana. De los 8,7 millones de identificaciones que se hicieron en 2012, reconocen 49.256 en las que el 56% fue a extranjeros, siendo sólo el 12% de la población.
“El gobierno ha pasado de negar los controles racistas, en época del PSOE, a normalizarlos después”, asegura Malena. “Dicen que los controles se hacen a personas que infunden sospecha, para luchar contra delincuencia, la trata de personas y las redes de inmigración ilegal. Meten en el mismo saco a personas y a delitos”.
El número de brigadistas en Madrid es variado, pero haciendo un cálculo de los que han pasado por los talleres mensuales de incorporación, Malena calcula unas 200 o 300 personas. “Al haber tensión frente a la policía, realizamos un taller de formación, para que se conozca el marco jurídico y los principios del proyecto”. El trabajo de las Brigadas pasa, también, por la elaboración de informes y la visibilización de estas prácticas en todos los barrios donde abundan los migrantes. “Nuestro objetivo es acabar con las redadas por perfil étnico, así que documentamos y denunciamos”, dice Malena, “pero no entorpecemos físicamente la labor policial, aunque recibimos coacciones y la criminalización de las instituciones”. Así pues, su labor no es, senso estricto, desobediencia civil (aunque este tema es todo un debate en el colectivo), como la que han practicado vecinos de Madrid al declarar sus barrios (Aluche, Carabanchel, Usera, Lavapiés) libres de redadas. “Actuamos dentro del marco legal, pero nuestra presencia molesta mucho, de ahí las sanciones, que persiguen amedrentar y silenciar al colectivo”. Han ganado un juicio, pero las sanciones por otras 7 causas abiertas (y recurridas), suman ya 3.400 euros.
Buro-represión. Así se llama a la práctica de multar a colectivos o personas que están protestando ante las actuaciones de las instituciones. Y es, junto a represión policial, una tendencia en aumento, que se da tras identificaciones masivas y arbitrarias, encaminadas a precarizar más a los activistas, desmovilizarles e infundirles miedo.
Aunque la multa media ronda los 300 €, han llegado a poner 1.000 € de multa por ir a manifestación no comunicada o de 6.000 € al que convocó el 25-S. En Madrid, desde 2011, se ha recaudado más de un cuarto de millón de € (entre multas a mil personas). Muchas de ellas están recurridas y se han presentado 59 demandas por indefensión contra las sanciones indiscriminadas.
Para hacer más difícil a la policía su trabajo, la Plataforma por la Desobediencia Civil (que nació en 2012, tiene tres pilares –formación, campañas y caja de resistencia– y está formada por las Brigadas, además de otros colectivos como LegalSol, Ecologistas en Acción,Antimilitaristas o la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala), presentó hace dos meses la campaña DNI (Di No a las Identificaciones). Una respuesta colectiva a la buro-respresión. El objetivo es salir de casa sin DNI y, ante la petición de documentación, decir que no la llevas, que no has hecho nada malo, que estás harto de que te multen y que preferimos ir a comisaría que dejar de defender un derecho básico.
Una campaña que se inserta, esta sí, en los parámetros de la desobediencia civil clásica: es alegal o va en contra de una práctica de la autoridad, es colectiva, pública, no violenta y asume las consecuencias de la acción. “Con esta acción se pretende hacer el trabajo policial más difícil y mostrar el ridículo de esta situación”, resume Malena. “Tiene sentido si es masiva”. ¿Lo es? “En eso estamos”.
