Maria Ovando es analfabeta y vive hundida en la pobreza desde que nació, hace 36 años. Tuvo 12 hijos en la mayor precariedad en una zona marginal de Misiones. Hace diez meses que está presa. “Abandono de persona agravado por el vínculo” es el delito que se le imputa por la muerte de Carolina, su pequeña hija de tres años. Hoy empieza el juicio contra esta mujer. Pero distintas organizaciones ya presentaron tres amicus curiae que denuncian la vulnerabilidad extrema de Ovando, la criminalización de la pobreza y la omisión del Estado en toda la situación .
Con fuertes críticas a la investigación penal, la Comisión sobre temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación se pronunció a favor de María Ovando reclamando su absolución . La primera defensa surgió de la ex diputada nacional del MST Vilma Ripoll. “Pretender hacer uso del derecho penal en un problema de índole social que requiere políticas de fondo implica desconocer todo tipo de responsabilidad del Estado y criminalizar a una persona por ser mujer y ser pobre, invisibilizando y encubriendo así las responsabilidades del sistema de salud y demás dependencias del Estado que debieron evitar la muerte de Carolina y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de ella y de sus demás hijos”, destaca el recurso firmado por Ripoll, que lleva decenas de firmas de personalidades de la cultura, los derechos humanos y la política, además de la adhesión de 20 mil firmas de ciudadanos.
Para el fiscal de la causa, Federico Rodríguez, “hay elementos que comprometen seriamente a la acusada”, a quien consideró “culpable de abandono de persona seguida de muerte agravado por el vínculo”. Y remarcó que, según su visión, “María Ovando le arrancó el derecho a la vida” a la nena.
El accionar de la Justicia fue cuestionado por la Asociación Pensamiento Penal, una entidad sin fines de lucro integrada por jueces, fiscales, defensores, docentes y estudiantes. Para ellos se viola el principio de inocencia por mantener la prisión preventiva sin argumentos sólidos: “Es inverosímil pensar que María Ovando tenga posibilidad de fugarse, pues, además de carecer de los medios económicos para hacerlo, todos sus niños viven en Misiones; la prisión preventiva actúa como una pena anticipada , sólo para castigarla, para aumentar aún más su dolor”. También cuestionan la calificación de abandono de persona agravada: “María Ovando, madre de 12 hijos, viviendo todos en un marco de extrema pobreza y exclusión social, acostumbrada al hambre y a no tener recursos, el día en que Carolina Ayala lloraba por el dolor de estómago, la tomó en sus brazos y caminando –por no contar con otro medio– acudió en busca de ayuda para poder llegar a un hospital. El intento fue infructuoso, pues la niña falleció en sus brazos como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Luego, ante el temor de que su pareja, Demetrio Ayala, la castigara , enterró su cuerpo a la orilla de un arroyo. La mera contraposición de la conducta de la imputada con la conducta que el tipo penal de abandono de persona requiere, revela que María Ovando (…) hizo lo que pudo para brindar asistencia a su niña”.
En la presentación de la Defensoría General de la Nación se remarca que el Estado tuvo claro conocimiento de esta situación de vulnerabilidad: “Sin embargo (…) ha permanecido indiferentede cara a la miseria constatada en que trataban de sobrevivir María y su familia. El Estado ha omitido protegerlos y de ese modo ha incumplido sus obligaciones básicas como garante de los derechos humanos de esta familia”. También se pronunció en disconformidad la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, que cuestionó al Estado por utilizar “el aparato coactivo y punitivo en reproche por las consecuencias de sus propias falencias ”.
María espera su juicio. Sus once hijos –separados desde que está en la cárcel– la esperan a ella.
fuente http://movil.clarin.com/sociedad/Comienza-juicio-acusada-dejar-morir_0_813518694.html