El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, aseguró que en las cárceles e institutos de menores de la provincia “nos encontramos con situaciones que transgreden la Constitución”. Después de la recorrida que realizó la semana pasada por dos unidades del Servicio Penitenciario provincial en San Martín junto a organismos de derechos humanos, Mariotto insistió en que las prisiones están hechas “para seguridad y no para mortificación de los detenidos. La degradación a que asisten los reclusos en esas unidades penitenciarias genera el huevo de la serpiente de mayor violencia”. Mariotto explicó que el informe sobre la situación de la cárceles en el distrito será entregada al Ejecutivo provincial y que desde el Poder Legislativo “avanzaremos con toda la institucionalidad que tenemos a mano”. Luego de las nuevas declaraciones del vicegobernador, el Servicio Penitenciario provincial difundió un informe que titularon como “histórico record de estudiantes en penales bonaerenses”.
“El Estado debe estar preparado para dar seguridad y no para la represión”, insistió ayer Mariotto en una entrevista concedida a la televisión pública a la que concurrió junto al presidente del CELS y periodista de Página/12, Horacio Verbitsky. Al mismo tiempo que señaló que “el Estado tiene un abanico de planes para necesidades básicas” y mencionó como ejemplos la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan Envión. Al referirse a las prisiones reiteró que “las cárceles tienen que ser sanas y limpias”.
“La situación de violencia en el Servicio Penitenciario es extrema y tenemos que darla vuelta sistemáticamente, con toda la institucionalidad. Las políticas de seguridad no sólo son más cámaras o más patrulleros”, sentenció Mariotto. Tal como publicó este diario en su edición del domingo, el vicegobernador comprobó esa situación en la recorrida que efectuó el jueves pasado en las unidades 46 y 47 del Complejo Penitenciario Norte, construido sobre terrenos de la Ceamse en la localidad de San Martín. Mariotto llegó hasta allí acompañado por autoridades judiciales y de la Universidad Nacional de San Martín, miembros de la Comisión Provincial de la Memoria y del CELS.
“Nos encontramos con situaciones que transgreden la Constitución y generan una degradación humana muy violenta y angustiante. En celdas donde tiene que haber dos reclusos, hay siete”, dijo el vicegobernador sobre esa visita a la cárceles y añadió que “hay problemas con la comida, el agua, los baños y la instalación eléctrica”.
Mariotto también afirmó que la situación de los reclusos y la contención de sus familias deben formar parte de la política de seguridad. “Necesitamos que la familia de ese ciudadano esté atendida para que cuando cumpla la condena no vuelva a la condición objetiva que lo expulsó al delito y pueda reinsertarse a partir de profesiones y el Estado tiene que estar presente”, remarcó el vicegobernador y aseguró que enviará al Ejecutivo provincial el informe sobre la situación de las cárceles.
Las declaraciones de Mariotto no cayeron bien en la gobernación provincial, mucho menos en el Ministerio de Seguridad que comanda Ricardo Casal y la respuesta surgió del propio SPB que está bajo su órbita. Su titular, Florencia Piermarini, informó ayer que entre los detenidos de los 55 penales y ocho alcaidías de la provincia “17 mil estudian en los niveles primario y secundario y 800 en el universitario”, lo que consideró “un record histórico”. Además, Piermarini destacó la política del gobierno de Scioli en materia de infraestructura carcelaria y anunció que “antes de fin de año, no quedará ningún detenido en calabozos de comisarías”.
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