Marta Arriola está a cargo de la comisión que investiga el Caso Candela en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Antes, fue subsecretaria de Participación Comunitaria en las gestiones de León Arslanian en el Ministerio de Seguridad en la provincia y de Nilda Garré, en nación. Para ella, parte del problema en la provincia de Buenos Aires es el autogobierno policial, una situación que se intentó revertir con en tres ocasiones y que nunca se terminó de llevar a fondo.

-¿Qué conclusiones se pueden sacar de la investigación del secuestro de Candela Sol Rodriguez?

En el caso Candela no hubo una conducción política de la policía. Es una investigación que muestra una matriz donde no funcionó la policía ni tampoco el fiscal a cargo. De alguna manera la policía fue la que definió las líneas de investigación, más allá de que pueda aparecer de otro modo. En la práctica vamos viendo que esto fue así. Fue falta también de conducción del Ministerio de Seguridad, porque cuando vemos que hay conducción política entonces se entraman de otras formas las relaciones de, en este caso, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad. Aquí no se dio en ningún caso que esto funcionara de esta manera, y se terminó en cualquier lado.

-Se suele decir que el problema de la Policía Bonaerense es que se autogobierna.

-En algún momento el poder político le planteó a la policía que se hiciera cargo del territorio y lo manejaran a su antojo mientras todo estuviera relativamente tranquilo. En el mismo acuerdo se incluía que administraran en el territorio algunos delitos de una manera discrecional. Ese viejo pacto se intentó desarticular con la reforma de seguridad que arrancó hace quince años con la intervención a la Bonaerense y que luego siguió con dos procesos que llevó adelante León Arslanián cuando estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia. La reforma empezó en el 1997 y tuvo su primer revés a fines de 1999. Luego se retomó en el 2004 con el pico de secuestros extorsivos y en el 2007 se volvió atrás otra vez.

-Después de esa marcha atrás, ¿cuál es la situación de la Bonaerense hoy?

-Hoy la Policia Bonaerense se autogobierna. Los efectos de una marcha atrás en una estrategia tan fuerte de reforma del sistema de seguridad también tiene como consecuencia este desborde que parece incontrolable. Hoy no se hace investigación: se han desarmado los equipos que hacían inteligencia con una concepción distinta, no se registra sistemáticamente la información para tener más herramientas a la hora de tomar decisiones y se desbarató todo el sistema de participación comunitaria. Está a la vista que ir para atrás resultó ineficaz. Es absolutamente criminal lo que se ha hecho, porque ese camino no se recupera fácilmente y ha dejado un sinsabor adentro y afuera de la institución.

-¿Se puede hablar de un aumento de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires?

-Es difícil contestar la pregunta. Desde el 2007 no se viene haciendo un análisis de la información delictual en la Provincia. Hay un análisis de cifras que hace la Procuración de la Corte Suprema, pero no es un informe completo. Estamos a tientas para tener una respuesta cabal. No hay un relevamiento serio y sistemático de datos vinculados a la información delictual. Esto tiene que ver con la vuelta atrás del plan estratégico en materia de seguridad, que incluía la profesionalización de las distintas fuerzas dentro del Ministerio de Seguridad, la informatización, las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad, un área específica de análisis para la información delictiva. Muchas de estas áreas dejaron de funcionar; otras están cargo de personal policial que no está preparado para sostener y profundizar en una estrategia articulada con las demás áreas. Al volver al autogobierno policial, la policía se ha hecho cargo de administrar estas áreas con el personal que tiene a mano para, que muchas veces no está capacitado para hacerlo. En general, no hay equipos sólidos para reunir esta información.

-¿La cifra de 18 muertos en 36 días que anunciaron los medios de prensa, es una cifra alta?

-Es un indicador. Partamos de la base de que hay más de 15 millones de habitantes en la Provincia de Buenos Aires, y muchos de los homicidios que acontecen en territorio nadie se entera, porque están vinculados a muchas situaciones que no llegan a tener visibilidad en lo mediático. No obstante esto, que haya tantos homicidios tan seguidos, y que tengamos de nuevo este registro de lo mal que está funcionando el sistema, nos hace pensar en qué es lo que nos está pasando. Muchos de estos casos tal vez no se pudieron haber evitado aun con un sistema funcionando correctamente, integrado. Pero otros probablemente sí. Por otro lado, la alarma social que genera que un hecho esté las 24 horas en las cámaras de televisión y uno esté todo el tiempo atrapado con ese caso, indudablemente genera zozobra, refuerza el temor que ya está instalado en la sociedad, y eso me parece que debemos repensar para ver de qué modo modificamos el rol de los medios de comunicación en lo relativo a estos temas.

-¿Hay una salida viable para la situación de la seguridad en la provincia?

-Instalar nuevos modelos y un paradigma distinto dentro de la cultura policial es difícil. Es un proceso que tiene que llevar un tiempo sostenido y coherencia en la implementación de esas políticas. Se necesita una conducción política, un plan estratégico, descentralización, una profesionalización de la policía. Es momento de retomar esto con fuerza.