El diputado Martín Berhongaray (Frepam) considera que muchas veces los jueces suelen estar condicionados cuando se trata de juzgar a funcionarios. Entiende que un ciudadano que integrara un eventual padrón para ser potenciales miembros de un juicio por jurado está en perfectas condiciones de afrontar esa responsabilidad. «Se afirma que un ciudadano que delinque se presume que conoce la ley, con lo que resultaría absurdo sostener que no está en condiciones de establecer si la conducta de una persona se ajusta o no a la ley.
-¿En qué consiste el juicio por jurados que propone?
-Lo que se busca es que los funcionarios públicos o ex funcionarios acusados de corrupción, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales o algún otro delito contra la Administración Pública, sean juzgados por un jurado integrado por doce ciudadanos elegidos por sorteo, y no por los jueces tradicionales.
-¿Quiénes podrían ser jurados?
-Básicamente todo ciudadano argentino mayor de dieciocho años, con domicilio en La Pampa y estudios secundarios pasaría a formar parte de un padrón general elaborado por el Tribunal Electoral, y para cada investigación judicial debería realizarse un sorteo del que surgirán las 12 personas que conformarían el jurado, y que recibirían una retribución del Estado por su actuación.
-¿Por qué lo propone sólo respecto de delitos contra la Administración Pública, y no respecto de otros?
-Pienso que en un futuro es posible extender la propuesta a otros delitos. Pero entiendo que se trata de un importante cambio de enfoque en la investigación criminal que conviene implementar de modo gradual, y debiéramos priorizar los casos donde se observa una mayor debilidad en la administración de justicia. Esos casos son los delitos cometidos por funcionarios o ex funcionarios que normalmente son las investigaciones que no tienen una rápida y justa solución.
-¿Por qué habla de mayor debilidad? ¿Les tiembla la mano a los jueces cuando el investigado es un funcionario público?
-Lamentablemente a muchos sí. ¿Cuántas investigaciones por corrupción terminaron con funcionarios presos? Eso rara vez ocurre porque indudablemente existe una fuerte presión de parte del poder político sobre jueces y fiscales que en muchos casos les termina quitando independencia e imparcialidad. Por supuesto que no hay que generalizar y debemos reconocer la transparencia y coraje con el que actúan muchos jueces y fiscales.
-¿Tiene un ciudadano común, que no es abogado, los conocimientos suficientes para desempeñarse como jurado?
-Estoy convencido que sí. Una premisa del derecho es que la ley se presume conocida por todos, y eso es lo que permite reprochar su incumplimiento. Entonces, si se le reconoce a un ciudadano capacidad para delinquir justamente porque puede conocer la ley, pareciera absurdo que a ese ciudadano se le niegue capacidad para abrir un juicio de valor sobre si un comportamiento humano se ajusta o no a la ley.
-¿Qué debe decidir el jurado?
-Sólo si el funcionario investigado es culpable o inocente. Para poder cumplir esa tarea, es necesario que antes del juicio el Tribunal les explique con claridad cuáles son los hechos relevantes para decidir el caso, y cuáles las normas que deberán evaluar. Ellos participan de todo el debate donde se producen todas las pruebas y se reciben todas las declaraciones. Si el jurado dicta un veredicto de culpabilidad, el juez deberá determinar el monto de la pena, aunque siempre dentro de los límites que marque el jurado y el Código Penal.
-Muchas veces se dijo que el sistema de juicio por jurados es altamente costoso.
-Yo creo que es mucho más costoso para el Estado un juicio que se extiende por 10 ó 15 años y que termina por prescripción, o porque se archivó la causa, o porque se murió el funcionario investigado, o incluso porque se le aplicó una condena que no es de cumplimiento efectivo. De esos casos está llena la historia judicial argentina.
