Así lo denunció ayer la asesora general tutelar, Laura Musa, durante la presentación del informe anual del Ministerio Público Tutelar (MPT), en la Legislatura porteña. La permanencia de estos chicos en el circuito institucional promedia los tres años y medio.
La mitad de los albergues se encuentra fuera de los límites de la Ciudad, en la provincia de Buenos Aires, y el 95% es regenteado por ONG que, por convenios con el gobierno porteño, se encargan de la atención, el cuidado y el alojamiento de estos niños. Por decreto, el contrato de tercerización entre ambos no contiene ninguna cláusula sobre rendición de gastos. “La pobreza aquí juega un rol central, porque los chicos sin recursos son internados en hogares y, si realizan alguna crisis, son derivados al Tobar García, donde al poco tiempo les dan el alta, pero el hogar ya no los vuelve a recibir. Entonces, los niños quedan en un limbo donde nadie se hace cargo”, sostuvo Musa.
El 60% de los 1162 niños internados hasta diciembre de 2011 están allí por disposición del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad. Esta institución, que debería velar por el bienestar de los chicos, priorizó la intervención de la justicia, antes de cumplir con el rol de presionar a los otros poderes del Estado para que ejecuten políticas públicas adecuadas: más del 75% de las medidas de separación del medio familiar son excepcionales, mientras
Fuenteque el 16% corresponde a medidas de protección especial y apenas un 2%, a medidas de protección integral de derechos.
El informe señala que, durante el primer año de vigencia de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, cuyo principal objetivo es la desmanicomialización de los pacientes, el MPT fue notificado de 256 internaciones de niños por razones de salud mental. Sólo en ocho de esos casos se contó con la intervención de un abogado, y en el 65% no hubo notificación al juzgado.
Otros capítulos del estudio miden la persistencia de otras violaciones a los derechos de niños y adolescentes. Las estadísticas del MPT indican que la falta de acceso a una vivienda digna sigue siendo el principal motivo de las acciones judiciales: el 65% de las causas impulsadas por las asesorías de primera instancia se vinculan con la problemática habitacional. Le siguen las situaciones referidas al derecho a la educación, en todos los niveles, con un 29 por ciento.
Durante la presentación, Laura Musa rescató la resolución mediante la cual se creó un equipo técnico de abogados del niño a fines del año pasado. La Ciudad es la única jurisdicción que tiene esa figura. Desde su implementación, los profesionales atendieron 159 casos. Un tercio de estos niños y adolescentes está internado en hogares convivenciales y el resto en hospitales monovalentes, entre ellos el Tobar García. Musa recordó que sigue habiendo resistencias a este equipo y que hay dificultades para acceder a esa institución. <
