La jefa de los fiscales federales, Alejandra Gils Carbó, anunció ayer la creación de una Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para potenciar la eficacia en la persecución de esos delitos. El nuevo organismo estará comandado por Carlos Gonella, hasta ayer fiscal general a cargo de las megacausas por violaciones a los derechos humanos cometidas en Córdoba durante la dictadura, y contará con seis áreas operativas. La estructura y las competencias de las unidades que venían dedicándose a estos temas en el Ministerio Público Fiscal, con pobrísimos resultados, serán absorbidas por la flamante Procelac. “Los grandes desafíos que se nos presentan hoy exigen potenciar la capacidad de esas unidades creando una estructura más compleja y adecuada”, afirmó Gils Carbó.
La funcionaria comunicó la novedad en un acto realizado en la Procuraduría General de la Nación al que asistieron el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli; el ex titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni, y el jurista Alberto Binder. Allí Gils Carbó reconoció que la lucha contra el lavado de dinero es una de las asignaturas pendientes del Ministerio Público Fiscal que preside desde fines de agosto.
En 2006 se creó en ese ámbito la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero (Ufilavdin) con la misión de impulsar las denuncias presentadas por la UIF, pero no logró cumplir con su objetivo. Tal como detalló Página/12 el jueves pasado, en cinco años sólo presentó 59 denuncias penales, mientras que archivó 192 casos, derivó por conexividad con otro delito 123 casos y en 115 casos presentó denuncia por un delito diferente del lavado. De esas cifras se desprende que realizó denuncias penales por lavado en apenas un 9 por ciento de los casos en que la UIF previamente había resuelto que existían razones para acusar por ese delito.
Ese flojo desempeño fue decisivo para que, como recordó Gils Carbó ayer, sólo haya habido una condena por lavado de dinero y una probation desde que en el 2000 se lo tipificó como delito en el Código Penal. La Ufilavdin estaba a cargo del fiscal general Raúl Pleé, a quien en el Gobierno cuestionaban por actuar de modo al menos negligente y por la estrecha relación que supuestamente mantiene con los estudios de abogados que representan a algunas de las empresas investigadas (ver aparte). Ahora las competencias de la Ufilavdin fueron absorbidas por la nueva Procelac. Por lo tanto, Pleé quedará sólo como fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, su cargo original y el que también se mantuvo mientras estuvo al frente de la unidad antilavado, pues ese organismo no exigía una dedicación exclusiva.
Gils Carbó mencionó además ayer que la duración promedio de los procesos por grandes fraudes bancarios y financieros es de 14 años y que tiene registradas apenas cinco condenas por quiebras fraudulentas. De ese modo justificó que las competencias del nuevo organismo vayan más allá de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En la Procelac habrá seis áreas operativas. Al frente de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo estará el fiscal Omar Orsi; como coordinador de Fraude Económico y Bancario quedó el ex director ejecutivo de Cipce, Pedro Biscay; en Mercado de Capitales designaron a la hasta ayer secretaria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Macarena Comas Wells; en Derecho Tributario y Contrabando asumirá Juan Zoni, secretario de la Fiscalía Penal Tributaria Nº 3; en Delitos contra la Administración Pública quedó Milton Khaski, ex secretario de la fiscalía federal Nº 6, y en Concursos y quiebras asumirá la hasta ahora secretaria de la fiscalía de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Mariel Dermadirossian.
Durante el anuncio, Gils Carbó remarcó que, a diferencia de lo que venía ocurriendo, el procurador adjunto y los coordinadores de las flamantes áreas tendrán dedicación exclusiva en sus cargos. Les pidió que no se limiten a obrar como auxiliares de los jueces y que asuman un papel protagónico en las investigaciones. También solicitó trabajar de manera articulada con otras dependencias públicas y privadas. “Esto no lo puede hacer sólo el Ministerio Público. Por eso invitamos a otros fiscales, referentes del sector público y privado, autoridades legislativas, organismos de control, fuerzas de seguridad y un Poder Judicial que avance en la democratización de la Justicia para que no prevalezca la persecución penal de los culpables fáciles, con olvido de los delitos económicos graves que atacan los pilares del desarrollo sustentable con equidad social al que aspiramos”, concluyó.
fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-210364-2012-12-21.html
