En Chubut se acentuó la tasa de encarcelamiento y 148 personas privadas de libertad están en comisarías. Los datos surgen del informe semestral del Ministerio Público de la Defensa de esa provincia. “Que cumplan penas en comisarías está en contra de todas las normativas provinciales, nacionales e internacionales: esto tiene que tener un fin lo antes posible”, dijo Defensor General Alterno Alfredo Galimberti a Cosecha Roja.

En Chubut hay 519 detenidos en una población de 506.668. “Haciendo una progresión, para el 2020 serían más de 900 presos”, dijo Galimberti. “Tenemos una tasa 92 presos cada 100 mil habitantes y, de mantenerse, llegaríamos a una tasa de 152 en los próximos 6 años: sería un aumento de un 50 por ciento de la tasa de encarcelamiento”, agregó. También planteó que el Estado Provincial debe hacer un plan de contingencia para enfrentar el hoy y prever un plazo determinado para resolverlo.

¿Hay mayor eficacia policial? ¿O se cometen más delitos que merecen encarcelamiento? ¿Es producto de decisiones de los jueces? Esas son las preguntas que se hizo el Defensor en función del informe. “Desde lo económico y desde las políticas públicas: ¿dónde vamos a meter a 400 personas más en seis años?”, dijo.

Del total de detenidos, el 42.2 por ciento están alojados en Comisarías, el 34.3 en Alcaidías Policiales (Trelew y Comodoro Rivadavia) y el 12.3 en Unidades Penitenciarias Federales, el 0.4 en el Centro de Orientación Socio-Educativa y el 10.6 tiene prisión domiciliaria.“La provincia no tiene ninguna cárcel propia y las alcaidías son insuficientes”, explicó.

El procedimiento normal de un detenido es ir primero a la comisaría, luego al juez y, si disponen la prisión preventiva, a una alcaidía. Una vez que tienen una condena debe ser trasladado a una cárcel. Ahí, debe poder “trabajar, estudiar o adquirir algún hábito que lo habilite a volver a ser recibido en la sociedad”.

En las comisarías no hay espacios de recreación ni educación y, en Chubut, están cumpliendo el papel de las cárceles y de las alcaidías. El 28,1 por ciento de los detenidos están privados de libertad preventivamente y el 71.7 tienen condena, según el informe.

La mayoría de los detenidos (64 por ciento) llega con baja calificación laboral o sin oficio. Para mayo de este año, el 27.6 por ciento de los detenidos estaba cursando estudios primarios, secundarios o universitarios. Casi un quinto del total recibe algún tipo de capacitación: el 28.2 por ciento de los condenados y 6.2 de los procesados. “En ese aspecto se ha mejorado, la gestión le prestó más atención y se mejoró, en la medida de las posibilidades”, consideró Galimberti.

Respecto a los motivos de detención, casi el 42 por ciento está por el delito de homicidio, el 36 por robo, el 17 por abuso sexual. El resto es por asociación ilícita, encubrimiento, desobediencia, estafa, hurto, lesiones y otros.

Las mujeres representan menos del 3 por ciento de los presos: son 15 sobre más de 500. De ellas, el 20 por ciento estudian, el 13 por ciento están con prisión preventiva y la mayoría (73 por ciento) tienen hijos menores de 18 años. En la mitad de los casos viven con ellas.

En distintas ciudades de la provincia hay denuncias de abuso policial. El Ministerio Público Fiscal registró en el último año al menos siete casos entre allanamientos ilegales, falsificación de documentos, hurto y golpes. En Puerto Madryn dos oficiales fueron condenados por la justicia a un año de prisión en suspenso y quedaron inhabilitados para desarrollar la función policial por dos años. Habían obligado a hacer ejercicios de entrenamiento militar a tres detenidos, dos de ellos adolescentes.

Los agentes de Trelew cargan con la impunidad del asesinato de Julián Antillanca, el 5 de septiembre de 2010. Julián tenía 20 años y la policía lo molió a golpes en la rotonda 5. Después lo subieron, muerto, a una patrulla. El cuerpo apareció en la calle Patagonia del barrio UPCN, y sus documentos en otro lado.