Los elementos aportados por los cuatro primeros testigos en el juicio por la denominada Masacre de Trelew, perpetrada en 1972, «hablan de una sistematicidad en la utilización de secuestros, detenciones con incomunicación y torturas» en esa época, dijo a Télam el abogado querellante Germán Kexel.
En la audiencia de hoy declararon por videoconferencia Hernán Bonet, hijo de Rubén Pedro Bonet -uno de los fusilados el 22 de agosto de 1972 en la base naval Almirante Zar de Trelew-, y Rubén Suárez, expreso político del penal de Rawson cuando el 15 de agosto de 1972 lograron fugarse 25 prisioneros, de los cuales 19 fueron recapturados y luego fusilados el 22 de agosto, día en que murieron 16 de ellos.
Los dos testimonios, sumados a los anteriores de Alicia Bonet e Hilda Bonardi -que eran esposas de los asesinados Bonet y Humberto Toschi, respectivamente-, «evidencian una acción sistemática por parte de fuerzas de seguridad» de la dictadura 1966-73, dijo Kexel, dela Secretaríade Derechos Humanos dela Nación.
Hernán Bonet relató desde Francia, donde reside, cómo cambiaron su vida, a los cinco años, y la de su hermana, un año y medio menor, con el asesinato del padre de ambos.
Antes, había visitado a Rubén Bonet en diversas cárceles del país y «sabía que era un preso político» por el relato de su madre; sólo una vez pudo ver a su padre en el penal de Rawson.
Entre 1972 y 1977, Alicia Bonet y sus dos hijos vivieron clandestinamente por temor a represalias enla Argentina, sin poder usar el apellido paterno, para finalmente salir del país por Brasil y obtener en Francia el estatuto de refugiados dela ONU, dijo Hernán.
«Este relato indica el daño colateral que provocan estos delitos» en la familia, subrayó Kexel.
Por su parte, Rubén Suárez sostuvo que fue un «escuadrón de la muerte» dela Armadael que asesinó a 16 de sus compañeros de cárcel en la base Almirante Zar, hace casi 40 años.
Sobre la práctica represiva de la época, recordó que, desde su detención y mientras permanecía incomunicado, fue torturado primero en el departamento policial de Robos y Hurtos de Rosario y después en Coordinación Federal, la policía política que operaba desde la sede dela Policía Federalen la ciudad de Buenos Aires.
Suárez subrayó que esta era una práctica habitual de la represión a opositores de la dictadura.
Además, describió la población carcelaria del penal de Rawson en 1972, que comprendía a militantes políticos, dirigentes sindicales -entre los que destacó al cordobés Agustín Tosco-, estudiantes e integrantes de organizaciones guerrilleras, entre otros.
Después de la fuga del 15 de agosto de ese año hubo negociaciones con las autoridades de la cárcel y militares que cercaron el penal, «para evitar represalias», precisó Suárez.
«Otro prisionero, (Luis) Ortolani, que aún vive y se dedica al periodismo en Rosario, podría brindar mayores detalles de lo sucedido» en las aludidas negociaciones, explicó.
El Tribunal que preside el juez Enrique Guanziroli resolvió citar a Ortolani tras la declaración de Suárez.
Tras los fusilamientos del 22 de agosto, «las condiciones fueron muy duras, con requisas violentas, hasta la liberación en mayo de 1973», con la amnistía del gobierno del presidente Héctor Cámpora.
«Lo del 22 de agosto fue una masacre de los escuadrones militares de la muerte, que asesinaron a compañeros con los cuales compartíamos ansias de libertad», subrayó el testigo.
