El pedido que llevan adelante las organizaciones que defienden el acceso de las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito, para que Mendoza garantice esta práctica médica en caso de violación, volvió a tomar fuerza, esta vez a nivel nacional.
Es que en el marco de la campaña que llevan adelante más de 400 entidades de todo el país, el gobernador Francisco Pérez y el ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, fueron denunciados ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), por considerar que actuaron de manera discriminatoria contra quienes requieren interrumpir la gestación en casos extremos.
El escrito ingresó al organismo el miércoles 4 de julio. Por eso, desde ahora y durante seis meses, el Inadi analizará la presentación y determinará si efectivamente ambos funcionarios incurrieron o no en la falta de la que se los acusa.
“Éste es el punto cúlmine de un extenso recorrido que hemos llevado adelante para que el gobierno provincial aplique los protocolos vigentes y adhiera al fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación con el aborto no punible en los casos de violación”, aseguró Paulina Serú, integrante del colectivo feminista “Ultravioleta”.
Junto a esta entidad otras trece organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos mendocinas firmaron la denuncia, entre ellas la Fundación Ecuménica de Cuyo. Según explicó Serú, lo que defienden es puntualmente el fallo emitido por la Corte a mediados de 2011, que hace una interpretación respecto del artículo 86, inciso 2 del Código Penal.
Con ese precedente, la Justicia sentó jurisprudencia sobre el tema y determinó que el Estado debe autorizar y practicar el aborto a las mujeres víctimas de violencia sexual que así lo soliciten, poniendo a disposición de ellas el sistema de salud de todo el país, garantizando así su integridad física y emocional.
Pero en Mendoza esta decisión histórica de la Justicia todavía no es aplicada (tampoco en Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, Río Negro, San Luis, Chaco, San Juan y Corrientes). En ese contexto, las organizaciones denunciantes entienden que, en definitiva, se están vulnerando los derechos de las mujeres respecto del acceso a la salud y por lo tanto se está incurriendo en discriminación.
Sumado a ello, la realidad muestra una problemática más compleja y profunda. En este sentido, Serú recordó que cada año al menos 500 mil mujeres abortan en Argentina, de las cuales se estima que 70 mil deben ser hospitalizadas de urgencia como consecuencia de una interrupción del embarazo practicada en forma autoinducida y por fuera del sistema de salud pública.
De ellas, cerca de cien mueren cada año por no haber tenido la atención adecuada en el momento preciso. “En Mendoza tenemos un penoso historial de niñas y adolescentes a las cuales se les ha negado ese derecho”, aclaró Serú.
Pero no sólo el gobernador Pérez está entre los denunciados. Sucedió que los dichos manifestados por el ministro Díaz Russo durante una entrevista radial el pasado 23 de marzo, ayudaron a que el rechazo de las entidades fuera mayor. “Con el simple pensamiento de que se puede lograr el aborto se puede cubrir una serie de mentiras en el sistema”, dice textual la denuncia que retoma en esta frase la expresión del funcionario de la cartera de Salud.
“De esta manera se deja implícita la idea que mujeres y/o niñas víctimas de una violación pueden mentir respecto a estos ataques para poder realizarse un aborto. Consideramos que estos dichos están basados en una concepción machista y misógina respecto de, según su criterio personal, el accionar futuro de mujeres que sufrieron ataques sexuales al momento de presentar un pedido de interrupción voluntaria del embarazo, tal como especifica la ley que ampara los casos mencionados en la presente imputación”, expresa el documento, al que se le sumaron pruebas de tipo documental.
Desde el Ministerio de Salud se limitaron a expresar que por el momento sus autoridades no se referirán al tema y agregaron que Carlos Díaz Russo transmitió sus disculpas de manera verbal durante una reunión realizada meses a atrás con las entidades que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
