Mañana el Jury de Enjuiciamiento tendrá una mañana movida. Es que se reunirán para analizar dos presentaciones que tuvieron amplia repercusión mediática. Por un lado, la presentación contra los tres miembros de la única Cámara de Apelaciones en lo penal que hay en Mendoza, y el caso del juez Penal de menores de San Rafael Ramón Pérez Pesce. En ambas causas la acusación es por mal desempeño, aunque los casos que justificarían las presentaciones son bien diferentes.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal acusada está conformada por los jueces Ramiro Salinas, Luis Correa Llano y Alejandro Miguel.

A primera hora de la mañana, el tribunal definirá si las presentaciones contra los magistrados cumplen con los requisitos formales y si los causales esgrimidos ameritan que los acusados den alguna explicación por escrito.

El Jury de Enjuiciamiento es un tribunal de corte político. No establece penas de cumplimiento judicial, sino que interviene para destituir funcionarios que fueron nombrados con acuerdo del Senado. Está conformado por siete senadores, siete diputados y los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia mendocina.

El funcionamiento del Jury de Enjuiciamiento está regulado en la Constitución Provincial, del artículo 164 al 168 y por la ley 4.970, sancionada en octubre del 84.

En el artículo 12 de esta ley se define qué constituye el causal de mal desempeño. En el caso de las acusaciones a la Cámara de Apelaciones y al juez Pérez Pesce, la acusación se refiere a los incisos «a», en el que se habla de «manifiesta arbitrariedad», y el «b», en el que se indica dejar de cumplir «obligaciones que expresamente las disposiciones pertinentes».

En el caso de los tres miembros de la Cámara (Salinas, Correa Llano y Miguel), la acusación fue presentada por los diputados Daniel Cassia (Peronismo Federal) y Patricia Gutiérrez (Unidad Popular), los senadores Gustavo Valls (Peronismo Federal) y Gustavo Cairo (Pro); además de un particular, Osvaldo Quiroga, padre de Matías, el joven que fue asesinado por delincuentes que se fugaban de un asalto perpetrado en el Carrefour de Godoy Cruz, en marzo de 2012.

El principal denunciante es Cassia, quien incluyó 20 casos en los que la Cámara otorgó beneficios a presos, en contra del dictamen de organismos criminológicos y de los jueces de ejecución penal.

Resulta difícil adelantar un desenlace en torno a este caso, dado que los miembros del Jury se cuidan de hacer declaraciones que puedan configurar preopinión. El senador Juan Carlos Jaliff, no escapa a esta premisa, aunque explicó que se trata de una presentación muy compleja, en la que hay que evaluar la actuación de los jueces a la hora de aplicar el régimen progresivo de la pena.

El Jury también deberá decidir sobre la acusación en contra del juez Pérez Pesce. Este caso también tuvo amplia repercusión. Es que la denuncia fue impulsada hace casi un mes por el ex secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán. El ex funcionario de Celso Jaque empezó a indagar en el accionar del magistrado cuando su hija fue víctima de un asalto en el que fue herida con arma blanca.

La acusación pone en tela de juicio una práctica reiterada del juez Pérez Pesce: el hábeas corpus preventivo. Este mecanismo impediría el accionar policial, pues el hábeas corpus otorga una inmunidad al beneficiario, quien no puede ser tocado por la policía.

En este caso, Cazabán también esgrimió otra denuncia contra el magistrado que habría provenido desde la Procuración de la Corte y que Pérez Pesce habría extraviado.

Acá tampoco es posible predecir el destino de la denuncia contra el magistrado, debido al hermetismo de los miembros del tribunal.

En la primera reunión en la que el tribunal analiza un caso, se evalúa formalmente la presentación y se desestima o se le da vista a los acusados para que respondan por escrito en 10 días hábiles, contados a partir de la notificación.

La historia reciente indica que, en Mendoza, salvo que esté muy claro que no hay sustancia en la presentación, generalmente se le da vista al acusado para que se defienda por escrito. Es casi una política de esta conformación del Jury de Enjuiciamiento, permitir la defensa para despejar todas las dudas.

En realidad, la gran definición viene después, cuando el Jury evalúa la defensa.

Si el descargo no despeja las dudas, entonces el destino se torna complicado para el acusado.

fuente http://www.losandes.com.ar/notas/2013/4/3/analizaran-denuncias-contra-jueces-provinciales-705907.asp