La muerte de una persona es una situación violenta es un hecho doloroso. Peor aún es si es el Estado el responsable de esa muerte. El asesinato de Franco Díaz en manos de un policía no sólo genera angustia, sino que recuerda lo peor de una de las policías más cuestionada por sus abusos desde el retorno de la democracia.
Para el Gobierno, que había tenido reclamos en la calle por la violencia generada por la inseguridad, ahora se le abre un problema distinto del problema sobre el que debe responder aún con mayor fuerza: cuando los que tienen que cuidar el derecho a la vida son los encargados de violarlo. Al mismo tiempo, se reabre la discusión sobre la preparación de las fuerzas de seguridad en la provincia, cuyas exigencias han ido en baja en los últimos años (con la aprobación de excepciones a la ley, etc. ) en pos de conseguir cantidad de policías antes que en profesionalizar esa fuerza.
Para colmo, el mismo día en que ocurrió ese hecho, casi quedó confirmado que el arma usada para matar a Matías Quiroga en el frustrado robo al blindado también fue un arma oficial: la ametralladora usada habría sido robada de una dependencia policial hace 4 años.
