Por Orlando Tirapu
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Dos personas mayores de edad, a bordo de un Fiat Siena, están a punto de pasar el control de la Gendarmería en el arco de bienvenida a San Rafael. Darío (33) y Denia (29) cultivan marihuana para su consumo personal y decidieron llevar dos cigarrillos de cannabis sativa (2 gramos aproximadamente) al corazón de la provincia, para pasar el fin de semana. Pero los planes se vieron un poco retrasados.
La pareja fue detenida por más de cuatro horas en un calabozo común y fue sometida a un denigrante control. ¿Los motivos? tenían dos porros en el cenicero del Fiat. Circunstancialmente, un periodista de El Ciudadano pudo presenciar el hecho y en contacto con los efectivos policiales y de la Gendarmería, dio cuenta de asuntos como este que suceden varias veces al día considerando esta época del año y los tiempos de cosecha.
Lo cierto es que, según informaron penalistas y colaboradores de la Agrupación de Cannabicultora Mendoza, el Estado mendocino gasta entre 3 y 4 millones de pesos al año en honorarios de abogados, jueces y fiscales, en innecesarios programas de rehabilitación que nunca se completan, en logística ni laboratorio, sin olvidar los costos administrativos que demanda una detención, procesamiento (y, en algunos casos prisión) bajo la causa de portar dos o tres dosis de marihuana. “Es inadmisible que en un país con gente que pasa hambre, se gaste un promedio aproximado de $7.000 (puede ser más, teniendo en cuenta los tiempos legales) en causas relacionadas con drogas, pero que nada tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico”, comentó Nicolás Peralta, abogado penalista.
Al respecto, en el 2009, desde el Gobierno nacional, a través del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, se impulsó una medida extraoficial que llamaba a los efectivos policiales a tener cierto criterio a la hora de detener a ciudadanos sin ningún tipo de problemas de adicción, solo por tener unos cuantos porros que provienen del autocultivo y no del narcotráfico.
Criminalización y drogas
La cantidad de jóvenes detenidos en la vía pública por estar fumando marihuana aumentó notablemente durante los últimos años. Al respecto, desde la Secretaría de Prevención de las Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) aseguran que algunos de estos detenidos tienen graves problemas de adicción psicológica y según el toxicólogo Mario Llanos, “el hecho de guardarlos en un calabozo es lo peor que se puede hacer para una persona que tiene esta enfermedad”.
Mientras tanto, las leyes no son modificadas y por ende no están en consonancia con la realidad. Nuestros calabozos en las comisarías están atestados de ‘perejiles’ (algunos adictos) que fueron ‘capturados’ en una plaza o en el ingreso a una ciudad. Mientras tanto, los narcotraficantes siguen caminando las calles, resguardados en la inoperancia policial que muchas veces no sabe distinguir entre un consumidor social, un drogadependiente o un delincuente.
