La reiteración de hechos de violencia dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (el ex Cose) son una señal de alarma que nos está diciendo, a gritos que:
– Algo está fuera de control.
– Alguien no está haciendo las cosas bien.
– Algunos detentan más poder del que les corresponde.
– Algún funcionario está dejando que el lugar se maneje por su propia inercia.
No es normal que el descontrol reine a tal punto en un centro de privación de libertad que tiene como objetivo la búsqueda de la reinserción social de los allí internados.
Hemos asistido a una parte de la historia: la que se hizo pública, la que es palpable, la que cuentan voceros (interesados) de uno y otro sector.
Pero los mendocinos desconocemos el fondo de la cuestión: ¿está bien conducida esta dependencia central del Estado, bajo la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y como parte jurisdiccional de la Dirección de Niñez y Adolescencia, la Dinaf?; ¿los jueces están actuando atinadamente al decidir internar allí a mayores de 18 años?; los mismos magistrados, ¿ejercen el control de las garantías de los derechos de los internados?; los funcionarios, ¿conducen el área? ¿O la han entregado a los grupos de poder internos que funcionan tracción a disputas sindicales, personales, políticas o lo que sea, menos a la de un estado que sabe hacia dónde debe ir un centro tan importante como éste?
Hace un tiempo un chico murió quemado. Numerosos motines terminan en un silencio que genera más dudas que tranquilidad. Los funcionarios que pasan por allí se van cuando la prensa da su nombre, pero quedan como empleados del Estado en escritorios escondidos.
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Este Gobierno se adjudica la ampliación de derechos de los jóvenes de 16 años. Cree que eso se completa tan solo con otorgarles el derecho a votar.
En el ex Cose tiene la oportunidad de mostrar hoy mismo, sin esperar a elecciones, cuánto le interesan los chicos de 16 años: esa edad tienen los pibes cuya familia ha fracasado en su crianza y terminan internados allí. En la mayoría de los casos, el ex Cose es la antesala de la Penitenciaría, lo que les garantiza una vida de mierda, para no usar falsamente eufemismos que no vienen al caso.
Si hay interés en lo que les pasa a los chicos de 16, enfoquemos allí las políticas sociales y económicas: allí deben abrirse las oportunidades de un primer empleo, de una formación educativa que les permita estar listos para trabajar y fundar una vida en sociedad.
Numerosos proyectos se han experimentado y muchos, con éxito, como, por ejemplo, las penas no privativas de la libertad bajo control de monitores que hacen lo que los padres y abuelos de estos pibes no supieron o pudieron hacer: marcarles un camino fuera del delito como única opción de subsistencia.
Son muy pocas las crisis de las que la prensa se entera y muchas menos aquellas que llegan a conocimiento de una sociedad que, hay que decirlo, muchas veces prefiere mirar para otro lado, desentendiéndose de esta problemática, aunque se queje amargamente de sus efectos en la inseguridad.
Pero ahora nos hemos enterado y es el momento de poner allí los reflectores para que no se transforme en una mala noticia que es tapada mañana o pasado por otra, sino en un momento bisagra de esos que tanta falta le hacen a Mendoza para llegar a la adultez.
