Un fallo que sentará jurisprudencia en Mendoza se dictó a mediados de esta semana en el fuero civil. La Justicia condenó al Estado provincial a indemnizar a la hija de un preso que se quitó la vida en 2009 por las precarias condiciones de encarcelamiento.
Se trata del caso de Lucas Lucero Atencio, quien tenía 22 años cuando se encontraba alojado en la cárcel de Boulogne Sur Mer. El joven estuvo procesado por hurto agravado y portación ilegal de arma de fuego y permaneció alojado en el penal capitalino poco más de dos años y medio, hasta el desenlace fatal.
Lucero se encontraba separado del resto de la población carcelaria porque tenía diferencia con otros internos, según trascendió al momento de su muerte. Permanecía la mayor parte del tiempo encerrado en la celda 24 del pabellón 16-B y hasta tenía distintos horarios de esparcimiento.
El 15 de abril de ese año, cerca de las 17, un agente penitenciario observó que había una soga colgando en la ventana de la celda de Lucero. El resto de los internos se encontraban en recreo, por lo que se obligó a que se pusieran contra la pared y los uniformados ingresaron al recinto de 4 metros cuadrados. En el lugar se encontraron con que Lucero se había ahorcado con una funda de una almohada.
El cadáver estaba sin ropas y tenía las piernas y las manos maniatadas con trozos de sábanas, lo que desató una investigación penal para determinar si se trataba de un homicidio –ver apartado-.
Debido a su diferencia con el resto de los reos y sus antecedentes por autolesiones, Lucero pasaba 23 horas al día encerrado en su celda y en los recreos de media hora que tenía “apenas llegaba a hacer sus necesidades, bañarse, preparar su alimento y volver nuevamente a la celda”, según reconstruyó el expediente civil.
El hombre tenía una personalidad neurótica y necesitaba tratamiento, pero “en la penitenciaría no existe protocolo de salud mental a partir del momento que la persona es condenada y que no se observa ninguna tendencia suicida”.
En la denuncia contra el Gobierno que presentó su esposa, Alejandra Sánchez, en representación de la hija de la pareja que tenía 4 años al momento del deceso del reo–se reserva su nombre por tratarse de una menor de edad-, se cuestiona “qué otro camino que el optado propiciaba el sistema a Lucero Atencio, un joven de 22 años, que pasaba el 97% de su tiempo en una celda de dimensiones mínimas, en condiciones lastimosas, inhumanas, cuyas necesidades básicas se encontraban totalmente insatisfechas, ante la falta de abrigo, colchón, agua potable, elementos de higiene”.
“Lucas Lucero perdió la vida en medio de una ola de muertes en Boulogne Sur Mer, en donde casi todos tenían en común que se trataba de internos aislados y con cantidad de horas de encierro que configuran un trato cruel, inhumano y degradante”, señaló en la denuncia.
Desde el Estado contestaron en primera medida que dudaban de la paternidad de Lucero con respecto a su hija porque no la había querido reconocer y tenía otro apellido –algo que fue probado mediante un examen de ADN-. Luego apuntaron que “el vínculo causal entre la actividad del estado y el resultado, se ha visto roto por una decisión de la propia víctima”.
Basándose en antecedentes de sentencias por muerte de internos en penitenciarías en casos de homicidios, el juez Fernando Games del Primer Tribunal Civil de Gestión Judicial Asociada entendió que “las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los detenidos”.
Uno de los antecedentes señalados por el magistrado fue una demanda que inició el propio padre del preso, Hugo Alberto Lucero, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y accedió a la indemnización porque “el deber del Estado es cuidar la integridad de los detenidos”.
La condena en este caso fue la de pagar una resarcimiento de 50 mil pesos a la hija de Lucero porque “crecerá sin la compañía y contención de su padre”. Esto se hará efectivo en un plazo de diez días, a menos que el Gobierno apele y lleve el expediente a un tribunal de alzada.
La voz de los abogados
El caso fue impulsado por los letrados Lucas Fallet y Armando Giménez. El primero de ellos lo calificó como un “hito en la jurisprudencia y más por su resolución en primera instancia”.
El abogado relató que Alejandra Sánchez “se acercó y nos contó el caso. Al principio lo vimos difícil porque hay muy pocos antecedentes pero pudimos encontrarle la vuelta y demostrar que Atencio la pasó mal y había responsabilidad del Estado”.
El hombre aseguró que en la investigación penal por la muerte del reo “sabíamos que no iba a llegar muy lejos, pero nos sirvió para juntar pruebas e iniciar con la demanda civil”.
¿Suicidio u homicidio?
La fiscal especial Claudia Ríos fue la encargada de investigar la muerte de Lucas Lucero. Lo primero que llamó la atención y generó dudas de si se había quitado la vida fueron sus manos y piernas que estaban maniatadas.
La sospecha mantuvo bajo la lupa a los agentes penitenciarios ya que el preso no tenía contacto con los otros reos del pabellón. Además, la puerta de ingreso a su celda no estaba forzada.
Finalmente las pericias no pudieron comprobar la intervención de otra persona en la muerte de Lucero y el expediente quedó cerrado. “Pese a que no se pudo comprobar nada, yo sigo teniendo la sospecha de que no fue un suicidio”, aventuró el abogado Fallet.
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