Rápidamente avanzó la causa del juez de ejecución penal Eduardo Mathus. Ayer el caso terminó con la votación del Jury de Enjuiciamiento, el que decidió desestimar las actuaciones por 10 votos a 7 y cuatro ausencias. Los siete magistrados miembros del tribunal se abroquelaron y junto a tres de los cuatro legisladores del PJ, alcanzaon a salvar al cuestionado magistrado.
Mathus es uno de los jueces que se encarga de velar por el cumplimiento de las condenas de los presos, así como de otorgar beneficios previstos en la ley vigente. Justamente por estos beneficios es que fue apuntado por el diputado Daniel Cassia, los senadores Gustavo Valls y Gustavo Cairo y por Osvaldo Quiroga, el padre de Matías, el joven asesinado en oportunidad del robo a la sede de la Bolsa de Comercio ubicada en el Carrefour de Godoy Cruz.
Mathus fue quien otorgó el beneficio de mandarlo a la granja penal de Gustavo André a quien fuera, a la postre, uno de los responsables de ese intento de robo y del asesinato.
La historia de este proceso contra el juez de Ejecución Penal nació a los pocos días del asesinato de Matías Quiroga. El 26 de marzo. Cassia había anunciado la denuncia contra Mathus ante el Jury de Enjuiciamiento, que formalizó el 7 de mayo pasado. De acuerdo a lo determinado por la Constitución y la ley 4.970, una vez presentada la acusación el tribunal la acepta o rechaza formalmente.
Este paso fue cumplido: el Jury aceptó la denuncia y dio vista al denunciado para que redactara su descargo. Esta etapa también fue cumplida y quedaba pendiente la resolución, es decir, con las explicaciones por escrito, los miembros del Jury deciden si las explicaciones son suficientes o si amerita pasar a proceso. En el caso de Mathus, el tribunal decidió que la respuesta de Mathus era suficiente y dio por terminado el proceso.
El caso que encendió la mecha de la presentación fue el asesinato de Matías Quiroga, ocurrido el 9 de marzo pasado. Horas después de los hechos se supo que uno de los responsables era Oscar «Tanga» Gómez, un hombre con un prontuario abultado y con dos fugas en su haber: una del ex COSE en 2002, la otra de la Granja Penal de Gustavo André, ocurrida en enero de este año.
Es decir, se escapó de un penal de baja seguridad y dos meses después protagonizó un hecho delictivo que conmocionó a la provincia.
Quien había puesto al «Tanga» Gómez en Gustavo André fue Eduardo Mathus. El denunciante Cassia decía el 26 de marzo que el otorgamiento de beneficios a los internos es demasiado flexible y estimaba que tomar la decisión de la fuga de internos era una cuenta en la que la conveniencia siempre volcaba la decisión para el lado de la fuga: «Le falta la mitad de la condena y lo llevan a Gustavo André», decía.
El Jury está conformado por siete diputados, siete senadores y los siete miembros de la Suprema Corte. En el caso de los supremos, hubo tres que no fueron de la partida y fueron remplazados por camaristas. Se trata de Pedro Llorente, Alejandro Pérez Hualde y Carlos Böhm, quienes fueron remplazados por Gustavo Colotto, Claudio Leiva y Silvina Furlotti.
Los votos para continuar con el proceso fueron los del justicialista Carlos Bianchinelli, los radicales Néstor Parés, Luis Petri, Néstor Guizzardi, Juan Carlos Jaliff y Sergio Moralejo, y el del demócrata Aldo Vinci.
Para desestimar el caso votaron los justicialistas Luis Francisco, Fernando Simón y Silvia Ramos; y los jueces Gustavo Colotto, Claudio Leiva, Silvina Furlotti, Mario Adaro, Fernando Romano, Herman Salvini y Jorge Nanclares
Ayer, Cassia tomaba la palabra como denunciante y apuntaba a los intendentes del PJ: «Los delincuentes condenados no sólo tienen buenos abogados sino también instituciones como la Suprema Corte y algunos intendentes que les otorgan beneficios».
Los intendentes apuntados por Cassia son el presidente del PJAlejandro Abraham (que comanda Guaymallén y es el jefe político del diputado Luis Francisco) y Emir Félix (San Rafael, a quien responde la diputada Silvia Ramos); y la institución a la que se refería es la Suprema Corte, cuyos miembros votaron en bloque para salvar a Mathus. Al otro justicialista que se refirió es Fernando Simón, quien responde políticamente a Alejandro Cazabán.
Más aún, vía comunicado de prensa, Cassia decía que «la corporación judicial en conjunto con algunos sectores políticos han dispuesto avalar que los internos del sistema penal sigan siendo liberados antes de cumplir la condena».
Cassia plantea que «para acceder a un beneficio a cumplir fuera del penal el magistrado debe ponderar no solamente los requisitos administrativos que la ley prevé sino que debe tener en cuenta los informes de los organismos internos; que el detenido represente o no un peligro y la historia criminalística del reo». Todo esto, según el diputado, Mathus nunca lo ponderó.
fuente: http://www.losandes.com.ar/notas/2012/6/22/jueces-corte-legisladores-salvan-juez-mathus-650247.asp
