«Creo que para arribar a sentencias que protejan el bien común dentro de los límites de la sociedad democrática, es conditio sine qua non que el Poder Judicial sea independiente, más allá de que haya un poder político que pretenda hacernos creer lo contrario», dice Javier Miglino, abogado constitucionalista, y enuncia lo que muchas veces repiten los profesionales del derecho y también el común de la gente.
En algún tiempo, al edificio de los Tribunales Federales de Pedro Molina y avenida España se lo consideró como una «bolsa de gatos» por las peleas internas que que trascendieron los lustrosos despachos y ganaron la calle. Hoy, con quien ostentara el poder absoluto -léase Otilio Roque Romano- fuera de escena, los enconos, rencillas y disputas de poder vuelven a tener protagonismo por aquellos que buscan ocupar ese espacio, por ahora vacío. Y aquí se menciona insistentemente dentro del edificio los nombres de Alfredo López Cuitiño y Roberto Naciff.
Pero como ha ocurrido desde siempre, pese a la reiterada y reclamada «independencia» de los jueces, estos cargos son ocupados, desde las postulaciones, por abogados íntimamente comprometidos con intereses políticos y de poder.
La situación se vuelve más crítica hoy porque la Justicia de Mendoza tiene más jueces subrogantes que miembros titulares.Y esto lleva a un permanente juego y presión política en el presente y mucho más a futuro.
Como muestra sólo basta un botón: la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza cumple funciones de superintendencia de todo Cuyo con dos salas (una penal y otra civil) de tres miembros cada una.
Desde hace unos cuantos meses, cuando las renuncias y las destituciones se multiplicaron, quedó en soledad Alfredo López Cuitiño (80), que llegó en 1993 a la Cámara de la mano del ex jefe de Gabinete menemista Eduardo Bauzá, con quien había compartido un estudio en calle Mitre y un paso por Migraciones, donde respondía al ministro José Luis Manzano. Este juez dejó su firma en el documento de extranjería del sirio Monzer Al Kassar.
Las vacantes
Carlos Pereyra González renunció en abril de 2009 «por razones de salud» y eludiendo así una investigación en su contra del Consejo de la Magistratura y accedió a una jubilación especial.
Para reemplazarlo se postularon Olga Pura Arrabal, titular del Juzgado Federal N° 2, que ha sido denunciada ante los organismos de control por sus vínculos estrechos con el grupo Vila-Manzano; Javier Francisco Pascua, actual fiscal de la Primera Cámara del Crimen en la justicia provincial y con un pasado en los estrados federales como secretario del destituido juez Luis Leiva, y Juan Jesús Castilla, actual secretario de la Cámara Federal de Apelaciones.
Nada se sabe aún sobre quién será el «bendecido» con la firma del Ejecutivo, mientras tanto Roberto Naciff, hoy integrante del Tribunal Oral N° 2, pero que también fuera secretario de Gabriel Guzzo durante los años de la dictadura y de Romano, lo subroga en la Cámara.
Las otras subrogancias están en manos del sanjuanino Hugo Echegaray por el destituido Luis Francisco Miret, mientras que el lugar de Juan Antonio González Macías, que hasta hace unos días subrrogaba la vacante del también destituido Romano, ahora quedó en manos de otro sanjuanino, Juan Alberto Parra.
Aquí -según algunas voces escuchadas dentro de los tribunales- mucho tuvo que ver la guerra «intestina» de los propios involucrados, la mano de Juan Carlos Mazón -hombre ligado a todos los gobiernos justicialistas- que no fue ajeno a la llegada como juez federal de Walter Bento, para cubrir la vacante del destituido Luis Leiva, después de intentar sin éxito detener al banquero Raúl Moneta.
Finalmente Héctor Cortez, del Tribunal Oral, cubre la ausencia por renuncia (pese a las ocho denuncias en su contra) de Julio Demetrio Petra, quien siempre estuvo defendido por los radicales. Ahora, frente a la decisión del Poder Ejecutivo nacional que le permitió llegar a una jubilación especial, y antes cuando no se lo investigó por el caso del Banco de Mendoza.
Aún resta designar -tarea a cargo de la Cámara Nacional de Apelaciones Penal- el reemplazante del jubilado Antonio Endeiza.
Vacantes y postulantes
Otros cargos que deberán ser cubiertos son los del juez de San Rafael, Héctor Raúl Acosta (vacante desde 2010), actualmente a cargo de Eduardo Ariel Puigdéngola, quien fuera su secretario. Como también la ausencia de Alfredo Manuel Rodríguez, del Juzgado Federal N° 3.
Sólo para cubrir este cargo hace tres años se realizaron los concursos que dio el siguiente orden de mérito: Claudia Patricia Nofal, del mismo juzgado; Jorge Adolfo Calle, quien fuera secretario en estos estrados y ahora es fiscal de Guaymallén en la Justicia provincial, y Marcelo Fabián Garnica. aunque esta postulación se encuentre sospechada toda vez que saltó del noveno lugar al quinto para quedar finalmente dentro de la terna.
Sobre Garnica se dice que es un «alfil» del juez Bento, además de ser en la actualidad uno de sus secretarios.
La Justicia Federal de Mendoza está jaqueda por denuncias y sospechas en un momento en el que «tiene que haber mayor participación ciudadana y mayor control público, tanto en la elección de los jueces como en las decisiones judiciales», según las palabras de Ricardo Lorenzetti, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
