Paco Pérez dio un paso al trasladar los efectivos de la Policía Científica al ámbito del procurador de la Corte, Rodolfo González, pero no se ocupó de sancionar una ley que conceda estructura y presupuesto a la iniciativa. El organismo fue incluido hace 65 años en el Código Procesal Penal de la provincia, pero nunca fue concretado.
Francisco Pérez será uno más en la larga cola de gobernadores que dejarán el poder sin conformar la Policía Judicial, a esta altura, una suerte de utopía para el sistema de seguridad de la provincia.
El gobierno actual movió una pieza en 2013, cuando resolvió a través de un convenio con el procurador de la Corte, Rodolfo González, el traspaso de los efectivos de la Policía Científica a la Justicia.
Pero aquella decisión no fue más que una reacción oficial luego de los homicidios de Marcos Derpich y Sebastián Prado. Esto quiere decir que no se hizo nada más, ni se hará, por lo menos en lo que queda de esta gestión.
Consultado sobre el tema, el ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore, se desentendió de cualquier otro avance y disculpó a todo el Gobierno por ello. «Crear la Policía Judicial es algo que tienen que resolver la Legislatura y la Justicia», comunicó Comperatore ayer, a través de un vocero.
En la Legislatura, de hecho, hay por lo menos dos proyectos para crear la Policía Judicial en Mendoza. Pero nunca fueron sancionados. «La aprobación tiene que partir del gobernador», señaló el presidente de la comisión Bicameral de Seguridad, Gustavo Cairo. La pelota pasa de un poder a otro, pero nadie se hace cargo.
El modelo cordobés
El modelo a replicar en Mendoza es el de la Policía Judicial cordobesa, institución que varios legisladores mendocinos han conocido en forma directa.
Entre ellos, el presidente de la Bicameral. «Allá la Policía Judicial depende directamente del Poder Judicial, tienen carrera judicial y están especializados en las causas», recordó Cairo respecto de un viaje que realizó hace tiempo para ver si se puede replicar ese sistema en Mendoza.
La experiencia de Mendoza, en cambio, ha consistido solamente en trasladar efectivos a la órbita del Poder Judicial, sin acompañar esa medida con la creación de una estructura, una carrera y una especialización en la resolución de los delitos.
Los policías que responden funcionalmente al procurador González continúan a su vez dependiendo administrativamente del Ministerio de Seguridad. Un cambio más profundo sería complejo, ya que los policías perderían algunos derechos importantes, como es la posibilidad de jubilarse antes que un empleado judicial.
Para eso la Policía Judicial requeriría una ley específica. Y un presupuesto alto para dotarla de recursos y equipamiento tecnológico. El jefe del organismo cordobés indicó el año pasado a MDZ que en la provincia mediterránea se gastaban alrededor de 1.000 millones de pesos para que funcione.
El rendimiento también es importante: los cordobeses afirman que el esclarecimiento de delitos ronda el 98 por ciento gracias a la Policía Judicial. Aunque para el Ministerio de Seguridad de Mendoza lo importante sea recalcar hoy que los efectivos que cedió al Poder Judicial no resignaron escalafones ni derechos adquiridos.
Una idea de hace 65 años
El Código Procesal Penal que se sancionó en octubre de 1950 (ley 1908) ya preveía en Mendoza la existencia de una Policía Judicial.
«Los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial dependerán de la Suprema Corte y cumplirán sus funciones bajo la vigilancia del Ministerio Público, debiendo ejecutar también las órdenes de los jueces, tribunales y fiscales», decía aquel Código en su artículo 191.
Cuarenta años después, el nuevo Código Procesal Penal, en 1999, volvió a hacer mención a la Policía Judicial, pero la idea todavía sigue sin materializarse.
El presidente de la Bicameral de Seguridad se ilusiona con que sea el nuevo gobernador, Alfredo Cornejo, quien supla esta deuda histórica. Pero es apenas un anhelo. A pesar de la sociedad política de la UCR con el PRO representado por Cairo, el senador provincial no ha escuchado que el futuro mandatario vaya a enfrentar el desafío.
Antes que pensar en la Policía Judicial, en el ámbito político se especula acerca de quién será el encargado de conducir en el futuro cercano la Procuración de la Corte. Sucede que el procurador González, jefe de los fiscales y potencial autoridad de la Policía Judicial, está en condiciones de jubilarse y no hay certeza sobre cuánto tiempo más durará en cargo.
En medio del asedio generado por un pedido de juicio político pendiente de resolverse, en la Justicia y en la Legislatura se habla de la jubilación del procurador.
Muy probablemente la Cámara de Diputados no habilite el juicio político, que está basado en las falencias de las oficinas fiscales a la hora de atender a las víctimas de la violencia de género. Pero a mediano plazo es una duda atendible la continuidad de González al frente de un organismo al que se reclaman cambios importantes para la lucha contra la inseguridad.
Aferrado por ahora al cargo, González ha confesado en privado que no se jubila para evitar que el ala «garantista» de la Corte, representada por el ministro Omar Palermo, designe al nuevo procurador. Algunos legisladores respaldan ese concepto y eso por ahora lo ayuda a mantenerse al frente de la Procuración y del grupo de policías que intentan emular la Policía Judicial, aunque ella en realidad siga sin existir.
http://www.mdzol.com/nota/628274-otro-gobernador-se-ira-del-poder-sin-crear-la-policia-judicial/
