Algunos criticaron que hizo una jugada para la tribuna mientras que otros, lo ovacionaron cuando consiguió meter el gol. El diputado radical Luis Petri logró que su proyecto para restringir las salidas transitorias de los internos que hayan cometido delitos graves obtuviera el miércoles la sanción de Diputados.
En diálogo con Los Andes, se defiende de sus críticos, pero reconoce que su iniciativa, de ser ley, se aplicará recién en dos o tres años “con los nuevos condenados”, asegura. Además, sabe que el partido de vuelta es difícil: en el Senado el oficialismo tiene más legisladores y la norma podría quedar a mitad de camino.
-Si su proyecto se convierte en ley, ¿en qué medida contribuirá a la reducción de los hechos delictivos?
-Los condenados por delitos violentos tendrán que cumplir la totalidad de la condena y dejarán de salir continuamente al circuito delictivo. Las salidas transitorias muchas veces suponen el regreso anticipado al mundo del delito o son usadas por los internos para fugarse.
Pero además de este resultado práctico, la ley es un claro mensaje a la delincuencia que hoy tiene la sensación de que las leyes juegan a su favor porque los crímenes que cometen tienen altas chances de quedar impunes o pueden conseguir la libertad con facilidad, lo que alienta a cometer más delitos. Esta ley no va a terminar de resolver los grandes problemas de seguridad que tenemos, pero es una contribución.
-El Gobierno provincial dice que su iniciativa, de ser ley, podría ser declarada inconstitucional.
-Eso es falso. Esta ley no va en contra de los tratados internacionales como ellos afirman porque los propios tratados internacionales nos avalan. Las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos dicen que el fin y la justificación de las penas son proteger a la sociedad contra el crimen.
Además, aseguran que es conveniente que antes del término de ejecución de la pena se adopten medidas para asegurar al recluso un retorno a la vida en sociedad. Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio organizado dentro del establecimiento o a través de la libertad condicional. Es decir que hablan de la finalización de la condena y que ésta puede ser dentro de la misma institución, como debe ser en el caso de los delitos violentos.
-¿Usted cree que la cárcel cumple con la función constitucional de resocialización?
-Claramente no lo está cumpliendo. Esta cifra alarmante que daba a conocer el Gobernador de que existe un 70% de reincidentes, habla del fracaso del sistema penitenciario. Hay una concatenación de errores de diagnóstico que lleva a disponer que una persona avance en el tratamiento a través de una evaluación equivocada. No sólo se equivoca el juez de ejecución sino que hay graves errores previos.
-Su proyecto tiene adhesión en un sector de la sociedad, ¿es porque se cree que si hay más presos habrá más seguridad?
-La gente adhiere porque quiere que la ley se cumpla, esa sensación que tiene la sociedad de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra es real porque las condenas no se cumplen. A mitad de condena, muchas personas obtienen la libertad anticipada y esto desdibuja el propósito de nuestro preámbulo que dice claramente afianzar la justicia. La justicia se afianza garantizando los derechos de la sociedad y de la de las víctimas de delitos, uno de los derechos que ellos tienen es que las condenan se cumplan.
-¿Le molesta que sus críticos le digan que ha hecho un proyecto para la tribuna?
-Duelen las críticas porque uno se compromete hasta personalmente y la verdad sabe a lo que se expone y a sus consecuencias. Creo que nosotros hacemos un proyecto para contribuir al mejoramiento de la seguridad. Siempre la crítica que se le achaca a la oposición es que no hace aportes. La UCR está haciendo un aporte concreto, creo que, al menos, las críticas son injustas.
-El proyecto del diputado Daniel Cassia (PJ disidente) incluía otros tipos de delitos que usted no consideró para restringir las salidas transitorias, como el feminicidio…
-Tanto el proyecto de Cassia como el del Ejecutivo entraron dos horas antes del tratamiento en particular de la ley, mientras que el nuestro ingresó en abril y tuvo un amplio debate y se invitó a todos los sectores a realizar aportes. El PD hizo valiosos aportes, sin especulación política. En ese sentido, los demócratas incluyeron los homicidios agravados con el vínculo, yo entendía que no estaban totalmente vinculados a la problemática de la seguridad.
-¿El oficialismo tuvo un cambio de posición en la votación en particular?
-El oficialismo tuvo una posición pendular durante todo el tratamiento del proyecto. Ha ido cambiando su postura desde el momento mismo de la presentación. En algunos momentos estuvo muy cerca de apoyar, de hecho el proyecto en general fue apoyado por casi todos con excepción de tres votos negativos.
Creo que el peronismo estuvo muy condicionado por el Gobierno nacional. La Presidenta hizo una defensa de la ley 24.660 (ejecución penal) y de estas salidas extraordinarias de internos propiciadas por el Vatayón Militante que ni siquiera están previstas en esta ley. Creo que tiene que ver más con el contexto nacional lo que repercutió en la postura del PJ local.
-¿Qué piensa que pasará con el proyecto en el Senado?
-Sin duda, son distintas las mayorías. Seguramente habrá un profundo debate y análisis como en Diputados y espero que se apruebe.
-Si este proyecto se convierte en ley, ¿tendrá efecto sólo para los nuevos condenados?
-Sí, claro, las leyes no son retroactivas. Esta ley va a tener efectos en dos o tres años, pero en algún momento tenemos que tomar la decisión de defender las derechos de la sociedad y las víctimas.
