Publicado por ACIJ
Compartimos la siguiente nota, en la que cuenta cómo en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza, se detectaron irregularidades llevadas a cabo por cuatro funcionarios de la Unidad de Financiamiento Internacional, que inventaban pagos que terminaban en las cuentas de cada uno de ellos. La sanción: devolver el dinero estafado.
Corrupción: ordenan devolver $2,6 millones que se robaron de la Unidad de Financiamiento Internacional
El Tribunal de Cuentas ordenó que cuatro funcionarios de la UFI paguen 2,6 millones de pesos por la estafa que se descubrió en ese organismo. Es la sanción más dura que se recuerde. Se trata de la repartición que maneja el dinero de los créditos internacionales. En paralelo se sigue una causa judicial.
Inventaban supuestos pagos a la AFIP y Rentas que ellos mismos autorizaban. Pero los cheques no iban a ningún organismo oficial, sino a cuentas particulares. Así funcionaba una estafa que significó uno de los casos de corrupción más groseros de la gestión de Celso Jaque y que involucró a la Unidad de Financiamiento Internacional, una repartición que maneja todo el dinero de los créditos de organismos externos.
El caso terminó en la justicia, pero ahora el Tribunal de Cuentas ordenó a través del Fallo 15916 que cuatro de los involucrados devuelvan parte de la plata en un fallo histórico: en total, deberán pagar 2.670.100 pesos, una sanción sin precedentes recientes. Los acusados son los cuatro profesionales que tenían a su cargo la tesorería de la UFI y los controles internos.
Se trata de Marcelo Martorell, ex tesorero, Federico Acuña, ex sub tesorero, y las contadoras María Florinda Rubio y Soledad Pastrana. Martorell y Acuña están involucrados en la estafa y están signados como quienes se quedaron con la plata.
La UFI maneja millones de todos los créditos que llegan a la provincia de parte del BID, el Banco Mundial y otros organismos de crédito. Por eso la noticia no cae bien en Casa de Gobierno, pues afecta la imagen de Mendoza ante esos organismos justo en un momento donde buscan financiamiento. También funciona como agente de retención de impuestos ante AFIP y de Rentas y es ahí donde se aprovecharon para robar. La estafa funcionó con la generación de órdenes de pago truchas sobre supuestas retenciones del impuesto a las ganancias que en realidad no se hacían pero que servían para generar pagos. Pero a diferencia de los pagos ordinarios que se hacían desde la UFI a la AFIP, en esos casos se hacían a través de cheques.
El fallo del Tribunal de Cuentas determinó cuál fue el mecanismo. “De dicho control surgió que se ha simulado pagos a AFIP y a la DGR, en concepto de pago de retenciones, para producir salidas de dinero que importan un desvío respecto de su destino”, se explica en el Fallo. “En el caso de los pagos irregulares falsamente registrados con destino a la AFIP y Banco Nación DGR, los mismos fueron efectuados con cheques del Banco Nación Argentina y no por medio de transferencia bancaria”, detallan.
Los cheques por los que se liberaba el pago salían a nombre de distintas personas. Y para intentar perder el rastro no eran cobrados en las sucursales del Banco Nación, sino en otros bancos. “Los mismos han sido emitidos a la orden de distintas personas físicas o jurídicas y pagados… a través de otros bancos de la plaza. Estas circunstancias corroboran la detección del desvío de fondos operado en el asunto en examen”, se menciona.
El análisis se hizo sobre el ejercicio 2010. Se contabilizaron y chequearon al menos 13 órdenes de pagos y cheques que fueron cobrados irregularmente sólo en un período de ese año. “Se observa que no existe documentación de respaldo que justifique la salida de fondos por $ 886.237,61”, mencionan desde el Tribunal. Todos los cheques tienen las firmas de Martorell, Acuña, Pastrana o Rubio. Internamente aseguran que las responsabilidades no son iguales. Y en principio se sospechaba que las dos mujeres fueron, en parte, también víctimas de las maniobras de Martorell (signado como quien planificó la estafa). Pero ambas también dejaron plasmadas sus firmas en las autorizaciones y en los cheques.
Responsabilidades y sanciones
La sanción aplicada por el Tribunal de Cuentas es una de las más graves de las que se tenga memoria, pues se decidió “formular cargo”, es decir que devuelvan el dinero no justificado a Marcelo O. Martorell (Tesorero) por $ 987.693,50, a María Florinda Rubio (Directora de Administración) por 898.195,80, a Federico Acuña (Subtesorero), por $ 694.715,83 y a María Soledad Pastrana (Contadora General) por $ 89.497,70. A Pastrana además le impusieron una multa de 10 mil pesos, también la más alta que haya aplicado el Tribunal.
Al parecer hasta el año 2010 el manejo de esos fondos “de terceros” (como lo son los de la AFIP) no tenían ningún control, por lo que no se sabe si ya existían maniobras de este tipo.
Una de las pruebas que ayudó a determinar quiénes eran los responsables del fraude estaba en el sistema informático, pues las órdenes de pago truchas fueron generadas por los usuarios “Omartorell” y otros por el usuario “Acuña”. El tema está siendo investigado en la justicia por la fiscal especial Claudia Ríos. En esa causa figuran datos curiosos: Martorell y Acuña incluso “trabajaron” durante los fines de semana para generar los pagos truchos y así quedó registrado en el libro de guardia de Casa de gobierno.
Lo que no se sabe por ahora es si hubo algún tipo de responsabilidad de parte de autoridades superiores. La UFI tenía dependencia operativa de Hacienda, pero políticamente depende directamente del Gobernador. “Las salidas de fondos no justificadas resultaron de un ardid instrumentado mediante un procedimiento en apariencia legal, “camuflado” con registraciones en el circuito contable que la repartición seguía para efectuar pagos”, aseguran los investigadores del Tribunal de Cuentas.
La UFI cambió de conducción, pero sigue teniendo algunos problemas. Así, por ejemplo, en el informe trimestral de la Ley de Responsabilidad Fiscal figura como uno de los organismos que no cumplió con todas las exigencias.
