Por Marcelo Arce
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La Asociación Civil para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos Xumek anticipó este miércoles que ya prepara un pedido judicial de inconstitucionalidad contra la ley se salidas transitorias de presos, conocida como ley Petri, que pasara el martes el filtro del Senado.
Así lo manifestó el abogado Lucas Lecour, presidente de la asociación, quien aseguró a Diario UNO que “estamos analizando cuál es la herramienta más rápida para que se declare la inconstitucionalidad de la ley, porque es inconstitucional por donde se la mire”. Xumek es un colectivo de asociaciones defensoras de derechos humanos que se formó hace seis años en la provincia y cobró notoriedad en 2011 cuando fue el canal para difundir videos de torturas en las cárceles mendocinas que tuvieron un fuerte impacto nacional en aquel momento.
En tanto Francisco Pérez sostuvo que no vetará la norma, a pesar de que fue criticada por varios integrantes de su propio gobierno.
“Yo sostengo lo que he dicho durante el debate previo de la ley, que en caso de que sea aprobada, no veo motivos para no promulgarla y así va a ser. Ahora, si luego la Suprema Corte la rechaza o si alguien presenta un pedido de declaración de certeza por su constitucionalidad, eso es otra cosa”, alertó Pérez a primera ahora de la mañana antes de partir a un acto oficial al Valle de Uco.
Según Lecour, los caminos que se están estudiando para frenar el avance de la ley son por lo menos tres. En primer lugar Xumek apuesta a que la ley que restringe las salidas transitorias para presos que hayan cometido crímenes violentos ni siquiera comience a ejecutarse, con pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Este es el paso más idóneo y para eso debemos buscar un caso concreto, aunque no sirve para frenar el avance de la ley en lo inmediato”.
Asimismo está en estudio un acción declarativa de certeza ante la Corte nacional o bien ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, aunque también este mecanismo tendría sus dificultades; cualquiera de los dos tribunales podría no tratar nunca el expediente.
Por último lo que está en carpeta es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una medida cautelar que impida la aplicación de la norma.
“De los tres, el más viable es el primer camino y será definido pronto, porque a pesar de que la ley volvió a la Cámara de Diputados, es casi un hecho de que el gobernador no la vetará y serán los jueces los que deban decidir entonces”, sostuvo Lecour.
La objeción central a la ley Petri es que está viciada de nulidad porque viola la Constitución nacional en lo que respecta a las facultades legislativas de la Nación y de las provincias y por el orden de prelación de las leyes.
La norma, según los críticos, modifica aspectos de la Ley 24.660 (Ley Nacional de Ejecución de la Pena), legislación a la que en su momento Mendoza adhirió. Por ello entienden que es nula al haber sido dictada por un órgano incompetente (como la Legislatura en este caso) que se arroga facultades exclusivas de la Nación al modificar una ley dictada por el Congreso.
Las críticas del Gobierno
El martes, el Senado aprobó la ley que restringe las salidas transitorias de los presos en la última fase de la condena, luego de que la UCR, el PD y algunos aliados consiguieron 18 votos contra los 11 que reunió el peronismo. La oposición tuvo una “ayuda” del PJ: este hizo salir a siete legisladores que estaban a favor del proyecto del radical Luis Petri y no dieron su aval público a la iniciativa.
El texto debe volver ahora a Diputados por un error legislativo: la sanción que llegó a la Cámara Alta no había incluido entre los delitos cuyos autores no podrán acceder a los beneficios de semilibertad los homicidios agravados por el vínculo, que fueron incorporados por los demócratas en la sesión de Diputados del 1 de este mes.
La votación desató una disputa dentro del PJ y se escucharon voces críticas fuertes del propio Gobierno, que apuesta a cambiar algunos aspectos de la ley en el proceso de reglamentación o bien esperará a que diversas asociaciones (como Xumek) accionen ante la Justicia.
Uno de los que más cuestionaron lo ocurrido fue Sebastián Sarmiento, director general del Servicio Penitenciario, para quien la ley “es un retroceso muy grande, un trabajo en vano y una pérdida de tiempo. Hemos perdido la batalla mediática, sin dudas, pero a nivel operativo esta medida nos hará un daño muy grande”.
El funcionario encargado de las cárceles confió en que se modificarán algunos aspectos durante la reglamentación, tales como quién establecerá los controles de las salidas transitorias –entiende que lo sancionado es contradictorio en ese sentido– y cómo quedará finalmente el funcionamiento de los consejos correccionales “que esta ley trastornó”, según alertó Sarmiento.
