Un recluso y el Estado deberán pagar 93.000 pesos a la madre de otro preso que fue asesinado en el penal de Almafuerte.

En un primer fallo se condenó a la Provincia a pagar 45.000 y al agresor 90.000 pero esa sentencia fue rectificada por la Cámara de Apelaciones.

El 18 de abril de 2009, un preso había salido a patio de recreo y otro recluso J.P.R. le dio un puntazo durante una pelea que se produjo en el patio del ala I del módulo II del penal de Almafuerte, en Campo Cacheuta. El hombre, que cumplía una condena de 8 años por robo, murió instantáneamente.

La Fiscalía Especial, tras investigar el caso, determinó que J.P. R. fue quien asesinó a su compañero durante la trifulca.

Posteriormente, la madre de la víctima demandó por daño moral, pérdida de chance y gastos de sepelio al Estado provincial y al asesino por la suma de 263.000 pesos, indicando que su hijo la ayudaba en las tareas del hogar y, además, era el sustento económico de la familia.

El Segundo Juzgado Civil falló sobre el asunto a favor de la mujer ordenando que la Provincia le pagara 45.000 pesos y el culpable de la muerte, a su vez, le pagara 90.000 pesos. Para ello argumentó, entre otras cosas, que la Suprema Corte determinó que la Provincia es responsable por un homicidio ocurrido en la cárcel cuando un interno es muerto por otro y que, además, las cárceles tienen como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los detenidos.

«El Estado no cumple»

«El objetivo del sistema penitenciario es la conservación de la vida y de la salud de los alojados y, por último y fin esencial, la readaptación social. Si el Estado no puede garantizar, al menos, la vida y la integridad física de los internos, ni responsabilizarse ante su incumplimiento, es evidente que no está cumpliendo con sus obligaciones primarias y esenciales», se afirma en el fallo.

Si bien esta sentencia fue favorable a la madre del recluso asesinado, la mujer decidió apelar la medida y el caso pasó a la Cámara de Apelaciones.

Esta Cámara volvió a fallar en favor de la mujer, condenando tanto al Estado provincial como al agresor, en forma recurrente, a pagar la suma de 93 mil pesos, más los intereses correspondientes.

En el fallo firmado por los jueces Oscar Alberto Martínez Ferreyra y Adolfo Rodríguez Saá, se indica que el Estado no puede sostener que el enfrentamiento entre los dos internos «no era previsible», ya que debe mantenerse una vigilancia constante y eficiente en todos los sectores.

Para los jueces lo grave fue que los internos estuvieran armados con «»facas»» y que el guardia que en ese momento se encontraba a cargo, sólo intentara salvar el momento gritando.

 

fuente http://www.losandes.com.ar/notas/2012/10/4/preso-estado-deberan-pagar-crimen-otro-recluso-671062.asp