Ayer, Claudia Oroná; hoy, Matías Quiroga. La inseguridad ha vuelto a ser uno de los principales flagelos después de la fuerte crisis desatada durante el gobierno de Julio Cobos que incluso llevó a cuestionar el sistema penal que actualmente rige en la provincia.

Haciéndose eco del asalto al blindado en el Carrefour de Godoy Cruz, que tiene como presunto coautor al “Tanga” Gómez, interno fugado después de haber recibido la libertad condicional, el radicalismo presentará mañana un proyecto de ley que propone, entre otras cosas, eliminar las salidas anticipadas a delincuentes violentos (aquellos que estén enmarcados bajo la carátula de homicidio, robo o abuso sexual agravado) y terminar con este tipo de “privilegios” carcelarios para los reincidentes del sistema.

La medida, de alto impacto social, está englobada en la iniciativa del diputado Luis Petri para que la provincia legisle su propio Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

“Hay una grave crisis de seguridad que se viene evidenciando con los múltiples delitos violentos que tienen una particularidad, esto es que quienes cometen estos delitos aberrantes son personas que se encuentran purgando condena pero que gozan de las salidas transitorias o de regímenes de semilibertad”, reflexionó Petri, quien agregó: “Estamos desatando las manos a la Justicia. Tenemos que decir a la delincuencia que se terminaron los períodos de prueba y de beneficios y que deberán cumplir con su condena con todo el rigor de la ley”.

Si la UCR obtiene el aval del gobernador Francisco Pérez para tratar el proyecto en sesiones extraordinarias, es decir, antes del 1 de mayo, la Legislatura deberá empezar por derogar la ley 6.513 mediante la cual Mendoza adhería a la ley nacional 24.660 sancionada en 1997 y que regula el Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad estableciendo la progresividad del sistema.

Es decir, que a medida que el condenado va avanzando en el tratamiento, va adquiriendo mayores libertades. La normativa nacional establece, entre otros puntos, que a partir del cumplimiento de la mitad de las condenas temporales, al cumplirse los 15 años en el caso de las perpetuas -y siempre y cuando el condenado posea conducta ejemplar y el visto bueno del Organismo Técnico Criminológico-, el interno pueda gozar del período de prueba en el que están habilitadas las salidas transitorias y el régimen de semilibertad.

“Queremos prohibir las salidas a aquellos delincuentes violentos, es decir, aquellos que cometan homicidios agravados, con alevosía, ensañamiento, en ocasión de robo, de críminis causa, por causa racial, y en el caso de los abusos sexuales agravados”, especificó el diputado.

Asimismo, la UCR propone extender la eliminación de beneficios “a aquellos delincuentes reincidentes y en aquellos casos en que el juez considere peligro para la sociedad”. Esta última causal se enlaza al artículo 54 de la ley 24.660 al brindar libertad asistida a quienes estén a 6 meses de agotar su pena.

“Ese artículo le dice al juez que si existe peligro le debe negar el beneficio. Nuestra idea es que así como el magistrado está obligado a hacer un diagnóstico de peligrosidad a los 6 meses de cumplir condena, lo debe hacer cuando el delincuente esté a la mitad del cumplimiento de la misma”, detalló.

Si bien el expediente que presentará la UCR a Pérez consta de 270 artículos ya que se trata de la elaboración de un código provincial, lo cierto es que los mencionados son los puntos medulares del proyecto.

Ahora bien, más allá de las propuestas concretas, la pregunta que seguramente encontrará oposiciones es si Mendoza está o no facultada para avanzar en tales modificaciones. Pues bien, la justificación de Petri (avalada por juristas y constitucionalistas consultados por el partido) se nutre, por un lado, del artículo 228 de la ley 24.660 que señala: “La Nación y las provincias procederán, dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de esta ley, a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes, a efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente”.

Según sostiene el diputado, “el 228 no establece que la vigencia va a ser de cumplimiento obligatorio sino que pide a las provincias hacer concordar la legislación”. El otro punto que toma como argumento el radical es la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad que legisló, en 1998, Buenos Aires a raíz de la ley 24.660 pero contemplado su realidad territorial.
Desde el Ejecutivo prefirieron mantener la cautela hasta tanto se presente el proyecto.

“No podemos hablar sin tener la base del proyecto”, respondió la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda. Daniel Cassia, miembro de la Bicameral de Seguridad, celebró la medida pero pidió memoria al recordar que en el gobierno de Cobos “el PJ presentó un proyecto para limitar las excepciones al encierro sin indultos, rebajas o cualquier tipo de libertad asistida, condicional, semilibertad, o recompensas” sin obtener éxito alguno.

“Fue la UCR la que nos quitó el apoyo ya que la Nación no estaba de acuerdo. No obstante, me alegra que hayan pasado al club de los duros”, agregó Cassia.

Fuente: http://www.losandes.com.ar/notas/2012/4/8/proyecto-busca-endurecer-regimen-libertad-condicional-634912.asp