Explica que «muchos de los efectivos actuales ni conocen quién era Ramón Camps». Desde mediados del último diciembre, cuando se puso al frente de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, Viviana Arcidiácono se convirtió en la única persona que firma una resolución de sanción a un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Además de jurar «investigar las distintas irregularidades que se producen con el personal», la mujer, una de las pocas con cargo de control en una fuerza históricamente hostil al género, se propuso vencer sus propios prejuicios.
Arcidiácono amontonó prejuicios sobre La Bonaerense desde los tempranos años ’70, mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En esa época, recuerda, sintió la indignación de aprender los derechos, privilegios e inmunidades que enseñaba la Constitución, mientras se detenía a estudiantes y trabajadores sin orden judicial: contestar sobre la garantía del habeas corpus mientras desaparecían compañeros.
Arcidiácono se recibió, comenzó a ejercer su profesión, pero aún sentía un déficit emocional que recién superó al comenzar a participar de la actividad gremial, asesorando a la Federación de Sociedades de Fomento de Lomas de Zamora. Ese compromiso social la acercó, de manera inevitable, a Madres de Plaza de Mayo, colaborando durante años en la Regional Sur. Después vendría una actividad prolífica como senadora, y más tarde, la Jefatura de Asuntos Internos de la Policía de la provincia, como le gusta nombrarla a ella. «¿Sabes por qué le digo así? En la época de la dictadura teníamos a La Bonaerense, una fuerza subalterna a los militares, involucrada fuertemente en el Proceso. Si quiero que algo cambie, yo también tengo que aportar al cambio. Esta policía de la Provincia de Buenos Aires no participó de la dictadura. Muchos de los efectivos actuales ni conocen quién era Ramón Camps. Me parece que si yo la sigo nombrando como ‘La Bonaerense’ cargo a la fuerza de un sentido negativo, la descalifico, la estoy asociando a lo peor. Si no empezamos a cambiar esa idea, si no empezamos a tenerle confianza a la institución, es difícil generar cambios para internalizar el sistema de la democracia.»
–¿Logró vencer los prejuicios?
–Es un desafío constante. Pero descubrí, por ejemplo, que el personal policial se siente discriminado, como sacado del cuerpo de la sociedad, y entonces piensan que no tienen los mismos derechos. Creo que eso es lo que más impide mejorar a la institución, porque necesitamos que los policías se sientan reconocidos. Porque hay muchos efectivos que se sacrifican y que hacen bien las cosas.
–También hay muchos que las hacen mal…
–Estamos tratando de generar cosas positivas frente a hechos negativos, porque no es satisfactorio que encuentren a un efectivo cometiendo un delito. No es grato exonerar o desafectar a alguien. En realidad es triste. Como sociedad, tenemos un reclamo de funcionarios públicos que cumplan un rol arquetípico, pero también hay que considerar cuáles son las dificultades que enfrentan los policías. Además de la sanción, tenemos que encontrar la forma de colaborar para que las malas conductas no se repitan.
–¿Cuáles son las malas conductas que se repiten?
–Nosotros encontramos repetición en casos de violencia doméstica. El efectivo ejerce violencia dentro de su grupo familiar. Se reciben denuncias de amenazas o agresiones físicas de las parejas o ex parejas. También son habituales los sumarios por extorsión o abuso de autoridad.
–¿No cree que todo es consecuencia de la idiosincrasia machista que caracteriza a la fuerza?
–Te diría que esa visión de la fuerza machista no es correcta, porque en la actualidad hay muchas mujeres dentro de la institución, con cargos muy importantes. En ese sentido, encasillar a la policía provincial como machista sería un error. Hoy la violencia de género es más visible porque las mujeres se animan mucho más a denunciar el sometimiento. Que existan las comisarías de la mujer es un ejemplo de lo que te digo. Incluso, en el resto de las seccionales las denuncias de violencia de género se recepcionan de una manera mejor. En todo caso, esa idiosincrasia machista que aún existe forma parte de nuestra sociedad. «
derechos humanos
Uno de los objetivos de Viviana Arcidiácono es lograr que los policías dejen de ver a la Auditoría de Asuntos Internos únicamente como un órgano sancionador. Para ello promovió cursos de Derechos Humanos a efectivos con sumarios abiertos.
«De esa manera –explica– se generó un espacio para repensar la situación de violencia y aprender dónde debían pararse. Al principio hubo resistencia, en las primeras clases fueron como obligados, pero con el correr del tiempo mostraron que estaban contentos y pidieron profundizar los cursos. Fue una alegría saber que hay policías que quieren participar voluntariamente. Eso es parte del cambio.»
Por su formación, Arcidiácono considera primordial el tema de los Derechos Humanos dentro de la fuerza, aunque aclara cuáles son sus límites.
«En la actualidad –dice la mujer– no pertenezco a ningún organismo porque no debemos mezclar las cosas. Yo colaboré con las Madres de Plaza de Mayo porque lo entendí como una necesidad, pero mi accionar político o militante no puede involucrar a la institución. Si no se producen ruidos, y yo, por principios, soy muy cuidadosa del tema de los Derechos Humanos.»
Perfil
Viviana Arcidiácono tiene 60 años, es divorciada y madre de un hijo. Hoy está nuevamente en pareja.
Se define como “autóctona del Conurbano”: se crió en Lomas de Zamora y completó sus estudios primarios, secundarios y terciarios en el ENAM de Banfield. Sólo abandonó las aulas de la zona sur para cursar la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), coincidiendo con los años más cruentos de la dictadura cívico-militar.
En diciembre de 1979 se recibió de abogada y al año siguiente comenzó a ejercer. Ya en democracia desarrolló actividades comunitarias y políticas. Fue senadora provincial entre 2007 y 2011. Entre los proyectos que presentó en la Cámara Alta sobresale la modificación de la Ley Electoral para que los presos sin condena firme puedan votar.