«Hay un abuso (por parte de los magistrados) de medidas privativas de libertad desde hace años», dijo a El País la asesora en materia carcelaria del ministro Eduardo Bonomi, Gabriela Fulco. Enseguida agregó: «la primera medida de los jueces penales ante un individuo que cometió un delito es el encarcelamiento cuando esta debería ser la última».
Fulco, quien tiene experiencia en temas carcelarios y asistió a cursos en Estados Unidos sobre la materia, indicó que el Poder Judicial, mediante la aplicación de medidas cautelares de prisión, hace ingresar al sistema carcelario personas que «no tienen el perfil» para estar dentro de un penal, porque cometieron delitos leves y son primarios. «En estos casos, deberían aplicarse medidas alternativas a la prisión», opinó.
Para aquellos individuos que cometieron delitos leves «es más beneficioso» y «tiene otro significado» que reparen los daños realizados mediante trabajos comunitarios a que sufran «la experiencia traumática» de la cárcel, dijo.
A juicio de Fulco, la rehabilitación es más efectiva cuando a ese individuo se le aplican medidas alternativas a la prisión además de un tratamiento psicológico. Recordó que bajo la órbita del Ministerio del Interior funciona la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida -OSLA, creada por decreto firmado por Bonomi el 14 de junio de 2010- para atender casos de delitos leves (accidentes de tránsito o hurtos sin violencia, entre otros).
En este momento dicha repartición supervisa 200 casos de personas que obtuvieron el beneficio de la libertad asistida.
Consultada sobre si los magistrados utilizan esta herramienta a la hora de dictar un procesamiento de una persona, Fulco respondió: «el OSLA es un mecanismo subutilizado. Cada juez penal decide si un procesamiento es con prisión o sin prisión en función de su criterio personal».
Medidas
Un informe divulgado ayer por el Instituto Nacional de Rehabilitación señala que a febrero de este año había 9.829 encarcelados en el país.
El penal de Maldonado es el más hacinado: aloja 586 presos en 290 plazas. Es decir, tiene una tasa de hacinamiento de un 202%. Otros penales superpoblados son Comcar (200%), Artigas (195%), Paso de los Toros (150%) y Soriano (147%).
Según la página web de Presidencia de la República, Bonomi dijo que el informe presentado por el Comisionado Parlamentario Álvaro Garcé maneja datos hasta diciembre de 2012 y advirtió que el hacinamiento del sistema carcelario uruguayo no es «crítico», sino «tolerable».
Según el ministro, el hacinamiento carcelario en Uruguay es promedio, porque varía según las cárceles. En el Comcar, agregó, la situación es crítica, por ejemplo, pero con la inauguración de un nuevo celdario, en junio de este año, la capacidad se incrementará en 1.016 plazas.
Agregó que antes de fin de año estará refaccionado el módulo 5 del Comcar, que alojará cerca de 300 personas, y más adelante, el módulo 4, con una capacidad similar.
Recordó que en Punta de Rieles se está construyendo un nuevo centro carcelario para 2.000 personas, al igual que en Soriano, pero con capacidad para 400. «En el departamento de Lavalleja también se inaugurará, el próximo 6 de junio, una cárcel con 120 plazas», dijo.
Para Bonomi la gran preocupación en estos momentos es continuar desarrollando políticas de rehabilitación para bajar los niveles de reincidencia, porque el problema del hacinamiento está en vías de solución.
El Ministerio del Interior considera que, en 2014, con la construcción de una cárcel de 1.960 plazas mediante el sistema público-privado se terminará el hacinamiento carcelario y habrá plazas libres en varias cárceles.
Más mujeres
La población reclusa femenina se multiplicó por cuatro en 15 años. En 1998 había 169 mujeres presas y no había ninguna en Cerro Largo, Florida, Lavalleja, Rivera, San José y Treinta y Tres. En 2012 había 646 mujeres encarceladas, y solo Lavalleja y San José figuran sin reclusas.
http://www.elpais.com.uy/informacion/ministerio-interior-achaca-justicia-poblacion-carcelaria.html
