Los oficiales fueron separados de la fuerza luego de que un particular los denunciara con un video de la excursión que, aparentemente, realizaron al país vecino
Seis efectivos de la policía de Misiones fueron sancionados por su supuesta vinculación en varios delitos y actos irregulares, como la utilización de un patrullero para realizar compras en una ciudad de Brasil.
Los involucrados, en principio, fueron trasladados desde la localidad de San Antonio, limítrofe con el vecino país a través de la única frontera seca en territorio misioneros, a dependencias de distintos puntos de la provincia, mientras continuaban las investigaciones.
De acuerdo con las mismas fuentes, en forma paralela a la intervención de la jueza de instrucción María Teresa Ramos, en la fuerza se inició una investigación interna a raíz de una denuncia realizada por un vecino, quien al parecer fue víctima del accionar irregular de los policías.
El denunciante habría aportado un video, reproducido por distintos portales locales de información, donde aparece un patrullero de la policía de Misiones en el estacionamiento de un supermercado de la localidad de Santo Antonio, Brasil.
Posteriormente, en la misma grabación se logró apreciar cómo el vehículo policial traspone la frontera desde el vecino país, tras ser controlado por funcionarios de la Aduana, y reingresa en el territorio argentino.
Además de los efectivos sancionados con traslados, no se descarta que otros integrantes de la fuerza sean involucrados en las investigaciones que se realizaban desde la Dirección de Asuntos Internos, por irregularidades en el cumplimiento de sus funciones.
Las averiguaciones y recolección de antecedentes se llevan adelante con total hermetismo, ante la gravedad de los hechos investigados, y se prevé la reanudación de las investigaciones judiciales que, en principio, se habrían estancado por trabas en el procedimiento, según se supo.
Los efectivos sancionados, se confirmó, fueron trasladados a dependencias dePosadas, Iguazú, Nueve de Julio y Eldorado, aunque los afectados habrían adelantado sus propósitos de impugnar la medida, ya que según trascendió se sienten «perseguidos por trabajar».
