Montesquieu ha muerto. La frase siempre le fue atribuida a Alfonso Guerra en sus años de máximo poder, pese a que él en su libro (Dejando atrás los vientos: Memorias 1982-1991, Espasa-Calpe) dice que esas palabras nunca salieron de su boca. Lo dice expresamente de la siguiente forma: «Un periodista presagió que el Tribunal podía hacer públicamente una sentencia contraria a la ley [de despenalización parcial del aborto] y se interesó por lo que haría el Gobierno ante los casos de denuncias contra mujeres que habían practicado el aborto».

Y hablando de este tema Guerra sigue explicando por qué esa frase, que antes nunca se había molestado en negar, tal vez porque le daba aún más poder, se convirtió en una leyenda que no fue tal: «Mi respuesta fue gráfica: el Gobierno pondría en marcha la máquina de conceder indultos. Quise limitar el papel del Tribunal Constitucional a la determinación de si la ley cumple los requisitos de la Constitución sin atender a escrúpulos morales, sentimientos religiosos ni problemas de conciencia».

«Establecí una torpe comparación entre los sentimientos de 350 diputados y los de doce magistrados. A este argumento, expuesto con poca sutileza, un periodista discrepó en base a la necesaria supremacía de poderes descrita en el liberalismo de Montesquieu. Quise ser riguroso y sin embargo di pie a una interpretación errónea. Maticé que la separación de poderes comprende al poder legislativo, judicial y ejecutivo, pero que en la época de Montesquieu no había siquiera posibilidad de concebir un tribunal de garantías constitucionales, pues su muerte se produce muchos años antes del desarrollo del derecho constitucional».

Y eso fue todo. «De esta explicación algún periodista dedujo que yo daba por acabada la teoría de la separación de poderes. Desde aquel momento, políticos y periodistas repetían y ampliaban la supuesta teoría de la muerte de Montesquieu. Centenares de artículos y declaraciones hechas por personas que no me habían oído, personas que con excepciones nunca habían leído a Montesquieu y que para golpear y desacreditar al vicepresidente del Gobierno se convertían en defensores de un Montesquieu del que desconocían todo»

Sirva esta previo para decir que aunque lo dijera o no Guerra, parece que todos los presidentes tienen un especial interés en matar a Montesquieu. Rajoy, que prometió salvarlo, ha sido el último en hacerlo. Y con alevosía y acompañado como nunca de todos los grupos. En eso coinciden también las propias asociaciones de jueces.

Tras el acuerdo alcanzado por los partidos políticos este martes, el CGPJ renovará sus vocales en tiempo récord (dos meses) si lo comparamos con la prórroga de dos años que vivió el anterior CGPJ. Una prórroga de los vocales que preveía la Ley en caso de no haber acuerdo para su renovación.

Este bloqueo, por cierto, se acaba de borrar de un plumazo con la última reforma del Poder Judicial promovida por el ministro Gallardón que, en lugar de llevar a cabo lo prometido por el PP en su programa electoral de 2011, ha llevado a cabo todo lo contrario ya que ha limitado aún más el poder del órgano de gobierno de los jueces.

Teinteresa.es se ha puesto en contacto con las principales asociaciones de jueces y todas se muestran bastante críticas con la escasa independencia que, con el actual sistema de elección, tiene el órgano de gobierno de los jueces frente al poder legislativo.

Cuestionados sobre si lo atribuido a Alfonso Guerra, el famoso «Montesquieu ha muerto» a raíz de la reforma del Poder Judicial de 1985 es cierto, el más gráfico ha sido Marcelino Sexmero, exportavoz de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria. «Mientras los jueces ejercen su independencia día a día en el ejercicio de sus funciones, su órgano de gobierno -el CGPJ- vive bajo los intentos del poder legislativo de controlarlos. En ese sentído, -y parafraseando a Guerra- Montesquieu sí habría muerto en España», afirma.

Más contundente se muestra Ángel Dolado, presidente del Foro Judicial Independiente, que considera la reforma del CGPJ «una vuelta de tuerca en la dependencia del gobierno de los jueces ante el poder político. Esta reforma supone la eliminación de la división de poderes en España». Ahora, con el poder de la Comisión Permanente del CGPJ -Presidente, Vicepresidente y cinco vocales- el ministro de turno tendrá «acceso directo para colocar todas las piezas que quiera a su antojo en el Tribunal Supremo, los TSJ…» .

Mientras, para Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia el CGPJ debe ser totalmente autónomo «y no una correa de transmisión de los partidos políticos. Los vocales pierden toda su independencia cuando, en las resoluciones del Consejo, acaban votando lo que les dicen desde los partidos».

Bosch aboga más por un «cambio de mentalidad en las fuerzas políticas» y desea «que dejaran a un lado las disputas partidistas. Si, una vez elegidos, los vocales tuvieran autonomía, el sistema sería más creible». El portavoz de JpD considera que se deberían acometer reformas en la elección de los vocales en donde primaran los criterios de transparencia y méritos suficientes, y no el «secretismo» con el que se han llevado las negociaciones para la renovación del CGPJ en el que se desconocen «qué criterios han primado para la elección de los candidatos».

Por su parte, Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, cree que si los vocales volvieran a ser elegidos por los jueces «se alejaría cualquier sospecha de politización en el CGPJ. «Evidentemente -asegura Llanera- este sistema de elección exige a los vocales que se comporten de manera responsable, ejerciendo su cargo en favor del interés general, alejado de cualquier atisbo de corporativismo».

Tanto Bosch como Llarena defienden la independencia de los jueces y magistrados aunque sí ven cierta dependencia política en su órgano de gobierno. Sin embargo Llanera sí considera que el CGPJ «funciona con cierta independencia y se le critica más de lo que realmente está politizada»,

Para Dolado, «con esta reforma los partidos políticos se blindan ante cualquier caso que les pueda perjudicar en los tribunales». El presidente del Foro Judicial Independiente y Juez Decano de Zaragoza piensa que el ministro ha conseguido, además de incumplir su compromiso electoral, «deslegitimar el sistema ya que ni cumple lo establecido en la Constitución ni lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en 1986»

En ese año el TC, en la sentencia 108/1986, de 29 de julio, ante un recurso interpuesto contra la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableció la «necesidad de asegurar la presencia en el Consejo de las principales actitudes y corrientes de opinión existentes en el conjunto de jueces y magistrados en cuanto tales, es decir, con independencia de cuáles sean sus preferencias políticas como ciudadanos”, algo que según Dolado queda finiquitado con la reforma del Consejo General del Poder Judicial del ministro Gallardón aprobada a finales de junio de este año.

Una reforma sin apoyos

«Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por los jueces y magistrados de todas las categorías».

Esta era una de las doce medidas que promovía el PP para mejorar la Justicia en el programa electoral con el que concurrieron el 20 de noviembre de 2011 a las elecciones generales que acabaron ganando por mayoría absoluta.

Una mayoría absoluta que permitió el pasado mes de junio al ministro Gallardón sacar adelante uno de los proyectos estrella de su Ministerio tras un largo proceso parlamentario. La reforma contaba con el rechazo de la oposición y de los jueces.

En este sentido, ninguna asociación, salvo la mayoritaria -de corte conservador- Asociación Profesional de la Magistratura, presentaron candidatos a vocales para la renovación del CGPJ. Doce de los 55 candidatos presentaron en septiembre su candidatura gracias al aval de la APM.

Entre los 43 restantes, cerca de una veintena no pertenecía a ninguna asociación mientras que otros tantos se presentaron con avales independientes, aun estando afiliados a las organizaciones que se autoexcluyeron del proceso (la asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente llamaron a no participar en las elecciones).

«Montesquieu ha muerto»

Con la llegada de la Constitución, y hasta 1985, el Consejo General del Poder Judicial tenía un sistema mixto de elección. De sus 20 miembros, 12 eran elegidos por los jueces, entre jueces y magistrados y los otros 8 eran elegidos por el Parlamento entre juristas de prestigio.

Fue en aquel momento cuando, según se le atribuye, Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno por aquel entonces, habría pronunciado su histórico «Montesquieu ha muerto». En 1985, el partido socialista aprovechó la mayoría parlamentaria que poseía para reformar la Ley del Poder Judicial. Gracias a aquella reforma, se eliminaba la independencia del poder judicial, enterrando a Montesquieu, el filósofo que defendió la división e independencia de los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial).

De este modo, el Parlamento lograba imponer su poder sobre el órgano de gobierno de los jueces que desde entonces quedaba a merced del poder político de cada momento.

De este modo, el sistema mixto hasta aquel momento imperante, se cambia por la Ley Orgánica 6/1985 por la que se establecía que los vocales «del Consejo General del Poder Judicial serán propuestos por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Cada Cámara elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro vocales entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años en el ejercicio de su profesión, procediendo para ello según lo previsto en su respectivo Reglamento. Además, cada una de las Cámaras propondrá, igualmente por mayoría de tres quintos de sus miembros, otros seis vocales elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo.».

Este artículo, el 112, recibió una modificación en 2001 por la que se introdujeron, entre otras cosas, que «los candidatos serán presentados, hasta un máximo del triple de los doce puestos a proponer, por las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados o por un número de Jueces y Magistrados que represente, al menos, el 2 por 100 de todos los que se encuentren en servicio activo». Con esta redacción se permitía que hubiera vocales propuestos también desde fuera de las asociaciones. «Un juez con la firma de unos pocos ‘amigos’ podía ser elegido por el Parlamento. Jueces que no representaban realmente a nadie dentro de la Carrera Judicial», comenta Ángel Dolado.

Finalmente este artículo se mantendrán tal y como estaba ya que no se ha llevado a cabo en esta última reforma, ningún cambio pese a lo prometido por el PP en su programa electoral de 2011 y que mencionábamos anteriormente.

http://www.teinteresa.es/espana/asociaciones-jueces-critican-dependencia-CGPJ_0_1033097933.html