La seccional Capital de H.I.J.O.S equiparó los hechos de violencia institucional y estigmatización cometidos por la Policía Metropolitana con los de la Policía Federal y la Gendarmería. Allí militaron los diputados nacionales Horacio Pietragalla y Eduardo De Pedro y el Subsecretario de Promoción de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Carlos Pisoni, todos ellos miembros de La Cámpora. El Secretario General de esa organización, Andrés Larroque, ya había expresado su desacuerdo con el desalojo del asentamiento Papa Francisco y su forma. H.I.J.O.S responsabilizó en el mismo plano al jefe de gobierno porteño Maurizio Macrì, su ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y al Secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, quien compite con Macrì, Sergio Massa, Daniel Scioli y José De la Sota, los machos malos de la política que basan su proselitismo electoral en la promesa y la práctica de la represión al conflicto social y a quienes infringen la ley penal, sin reparar en formas ni derechos.

Los votos de la mano dura

Con el inequívoco título “Ni represión ni deportación: derechos e inclusión para todos”, la declaración engloba el desalojo y los asesinatos de Jonathan Mareco, Brian Ayaviri, Gabriel Vaca y Mario Gustavo Ruíz en las villas de Lugano y Barracas. Síntoma del malestar que el uso ilimitado de la fuerza y las declaraciones provocativas de Berni producen en toda la militancia, la declaración repudia “categóricamente la represión y criminalización de la protesta social como respuesta a los reclamos de los sectores más vulnerados de nuestro pueblo” y denuncia la salvaje represión “a vecinos, militantes de derechos humanos y legisladores”. Además de impugnar “los hechos de violencia institucional cometidos por la Gendarmería, fuerza a cargo de Sergio Berni”, rechaza “los discursos estigmatizadores hacia los migrantes, expresados por el Secretario de Seguridad de la Nación, que desconoce los avances de nuestro país en materia de integración de los pueblos, como la Ley de Migraciones”. (La deportación sin juicio de inmigrantes fue reclamada por Berni con el aval de la Ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez, quienes atribuyeron a los extranjeros una extravagante relevancia del 19 por ciento en la comisión de delitos. Según el Censo de 2010, los extranjeros constituyen el 4,5 por ciento de la población y de acuerdo con el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) en 2012 representaban el 6 por ciento de la población de las cárceles argentinas, más de la mitad sin condena. Sólo el 0,20 por ciento de los extranjeros que habitan el país están privados de su libertad. Si estos son los datos estructurales, el 19 por ciento de detenciones en un fin de semana más que las alegadas prácticas delictivas de los inmigrantes revela el sesgo policial selectivo contra ese sector). H.I.J.O.S añade que el conflicto habitacional no es una demanda exagerada de ningún vecino sino la deuda pendiente de una democracia de 30 años. “Los sectores más vulnerados de nuestro pueblo son la palanca de cambio de los tiempos electorales. Por eso se reprime a quienes protestan: así se pretende sumar votos de quienes piden mano dura.” También afirma que “la impunidad para los genocidas, vigente durante décadas, fue la peor escuela para la violencia institucional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad” y dice que Luciano Arruga, Andrea Viera, Walter Bulacio, Alan Tapia, Facundo Rivera Alegre, Lautaro Bugatto, Sebastián Bordón y tantos otros no fueron víctimas de una bala policial perdida sino “de la violencia institucional de la democracia”. Destaca que “mientras hay un proyecto nacional de inclusión social que recupera y amplía derechos, y una convocatoria a la participación política, cuyo principal destinatario es la juventud, la Metropolitana y la Gendarmería tienen como principales víctimas a esos mismos jóvenes” y reclama “Basta de violencia institucional”.

La Metropolitana sigue fiel al diseño de su conducción política, en una línea de coherencia que cubre desde los desalojos a patadas de indigentes que duermen en la calle hasta el uso desproporcionado de la fuerza letal en el Parque Indoamericano, el Hospital Borda, la sala Alberdi, el Teatro San Martín, denunciados desde la oposición al macrismo. Pero ahora Berni archivó los “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”, elaborados por el Ministerio de Seguridad en 2011, para sistematizar los mejores estándares alcanzados. Sus operativos con la Policía Federal y la Gendarmería contra trabajadores y organizaciones sociales que cortaron vías de circulación en reclamo de fuentes de trabajo y condiciones salariales se apartan de la política de no represión de la protesta social: personal de civil simulaba ser parte de la protesta, en la primera línea formaron policías armados y se utilizaron balas de goma para dispersar manifestantes, en una actuación que puso en riesgo a los manifestantes, a los integrantes de las fuerzas y a terceros. La intervención directa y la represión suplantaron a la mediación que pudiera gestionar los formatos de las protestas junto con la habilitación de interlocución política de los reclamos.

Eduardo De Pedro es apoderado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y uno de los más próximos interlocutores de la presidente CFK. H.I.J.O.S Capital sigue siendo su lugar de referencia. La mención al proyecto nacional señala un alto grado de contradicción al interior del kirchnerismo, por más que Berni haya comenzado a presentarse como “un peronista ortodoxo”, como si fuera algo más que una emanación del poder presidencial, de reubicación improbable en otro contexto político. Sus pujos de autonomía son tan ostensibles como algunos comentarios machistas sobre Cristina que se permite entre hombres.

Los casos

Sólo durante la dictadura militar y la presidencia de Carlos Menem las más humildes viviendas habían sido arrasadas con topadoras ante la vista impotente de quienes ni siquiera pudieron rescatar su ropa y sus enseres elementales. A este escándalo de prepotencia y cobardía contra gran número de mujeres y niños se sumó la denuncia de la jueza María Gabriela López Iñiguez, contra la Policía Metropolitana y el fiscal porteño por haber excluido de la expulsión ordenada por ella la franja lindera con la Villa 20, aquella que según el gobierno local estaría bajo el control de delincuentes y narcotraficantes, con lo cual se justificó el operativo. Menos se supo de los cuatro asesinatos incluidos en la declaración de H.I.J.O.S Capital:

n El 7 de agosto, en la misma Villa 20 de Lugano, Brian Ayaviri (de 19 años) y Jonathan Mareco (de 17) fueron acribillados a balazos por personal de la Brigada de Robos y Hurtos de la PFA, que se desplazaban sin uniformes y en un automóvil sin identificación, en cuyo apoyo acudieron patrulleros de las comisarías 36ª y 52ª. La versión policial dijo que se había producido un enfrentamiento luego de una persecución de veinte cuadras por el robo de un vehículo por parte de cuatro adolescentes. Pero los vecinos y uno de los sobrevivientes lo niegan. Dicen que los jóvenes estaban en un auto estacionado, del que bajaron con las manos en alto ante la intimación policial, pese a lo cual les dispararon. Al día siguiente, la Gendarmería sofocó con dureza las protestas del barrio y Berni ratificó la inverosímil información policial. Algunos testimonios involucran en el episodio a Rubén “Percha” Solares, un ex policía de la zona de Lugano retirado desde 2010 que en 2013 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por un caso similar. Según los vecinos, “El Percha” volvió al barrio hace unos meses, no saben si como parapolicíal junto a sus antiguos compañeros o reincorporado a alguna fuerza de seguridad, pero en cualquier caso como patrón del barrio y avanzada de la Federal.

n El 22 de agosto dos agentes del Departamento de Ingeniería Clínica e Infraestructura de la Policía Federal, también de civil y en otro auto sin identificación, mataron frente a la Villa 21 de Barracas a Gabriel Vaca (de 41 años) y Mario Ruiz (de 43). La policía informó que fue un tiroteo entre dos asaltantes y sus víctimas, que resultaron ser policías y se defendieron. Los vecinos aseguran que les dispararon a quemarropa sin mediar palabra. A ambos les dieron un primer tiro para inmovilizarlos y después los remataron. La violenta reacción del barrio incluyó la quema del auto de los policías, que fueron detenidos. Al mismo tiempo las llamativas entraderas contra personas famosas tienden a difundir el miedo y legitimar cualquier actuación policial.

El peor año

Todo esto indica que la Policía Federal ha vuelto a sus prácticas tradicionales, de procedimientos inventados para crear clima y hacer número, y de hostigamiento y ejecuciones de jóvenes por las Brigadas de Robos y Hurtos y de las comisarías de la zona sur de la Capital, como las de Ezequiel Demonty en 2002, Camila Arjona en 2005 o Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco en 2009. Desplazada de allí en 2011 por la Gendarmería y la Prefectura, debido a las prácticas violentas y los altísimos niveles de corrupción y connivencia en el manejo de los mercados ilegales en barrios y villas, el retorno de la Federal se produce como parte del relajamiento del control y la conducción política.

El ministerio de Seguridad dictó en mayo de 2013 Pautas de actuación en caso de enfrentamientos armados con personal policial. Pero en julio, cuando el ministro ya era Arturo Puricelli, el jefe de la Policía, Román Di Santo, resolvió no publicar su aplicativo en la Orden del Día, con lo cual se disolvió en la nada. La contrarreforma en los papeles tiene su correlato en las calles. Un documento distribuido ayer por el Centro de Estudios Legales y Sociales informa que el número de personas muertas por las fuerzas federales tuvo un incremento vertical: de 15 en el primer cuatrimestre de 2012, a 36 en el mismo periodo de este año. A este ritmo, la cantidad anual de víctimas sería la más alta en todo el ciclo de gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires, cuya policía ha duplicado su letalidad en enfrentamientos desde 2005 mientras su gobierno utiliza la cantidad de “delincuentes abatidos” como indicador de éxito de su plan de “emergencia en seguridad”, eximió de todo control a las policías municipales y habilitó en forma provisoria agencias de seguridad privadas en las que se desempeñan personas que por sus antecedente deberían ser legalmente excluidas. La policía realiza un 20% más de detenciones y según la propia información oficial sus intervenciones son cada vez más violentas. La muerte de Sabrina Olmos, de 15 años, en el patio de su colegio de Morón a consecuencia de un operativo de la Bonaerense muestra las consecuencias del uso de la fuerza en el espacio público. El padre de la niña es un afiliado al sindicato de Camioneros, que no computó este hecho en sus reclamos por la inseguridad.

Prevención o transa

Al mismo tiempo, se desnaturalizó el Cuerpo de Policía de Prevención Barrial (CPPB). Su creación por el Ministerio de Seguridad, en 2012, como organismo separado de la policía tradicional, apuntó a modificar la relación histórica entre las fuerzas de seguridad y los habitantes de los barrios pobres. Con formación en técnicas de mediación, articulación con las organizaciones sociales y coordinación con otras agencias no represivas, su llegada a las villas procuraba limitar el rol de la Policía Federal, dados sus graves antecedentes, y ser el germen de una nueva policía. Su actal colonización por la Federal y el regreso a las viejas prácticas abusivas sobre la población contó con el aval político, a partir de la designación del comisario Arnaldo Neira a cargo del nuevo cuerpo. Neira había sido relevado como jefe del Grupo Especial de Operaciones Federales, GEOF, capacitado para la violencia extrema frente al crimen organizado, cuando uno de sus miembros asesinó en su cama al joven Alan Tapia, contra quien no había cargos por ningún delito. A Neira y los suyos no le interesaron los vínculos con las organizaciones sociales de los barrios y sus modos de relación con los vecinos son el abuso verbal, la violencia física y los gases lacrimógenos. Las patrullas de a tres fueron reemplazadas por grupos de nueve o diez policías. Esa práctica de saturación no corresponde a una policía de proximidad sino a los operativos militarizados de Gendarmería, Prefectura a o la Bonaerense de Scioli. Las prepotentes brigadas han vuelto a controlar el territorio y lo hacen notar a los tiros, mientras el médico Berni, quien también afirma ser abogado, exhibe sus anhelos ocultos, disfrazándose de militar. Este Zelig que se mimetiza con el escenario de cada actuación sería cómico si no fuera trágico. De allí baja la orden de no hacer nada que moleste o genere revuelo en las fuerzas, con el argumento falaz de que son los propios barrios los que exigen dureza con “los pibes que andan en cualquier cosa” y alegando que estos hechos de violencia policial no generan problemas de gobernabilidad ni inhiben la llegada al territorio.

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