n una habitación de un viejo hotel de Constitución, Denise espió el interior del paquete que un hombre acaba de entregarle en el local de comidas rápidas de la esquina. Había alrededor de 100 capsulitas envueltas en un papel oscuro. La joven era venezolana y era la primera vez que estaba en la Argentina. Abrió la botella de agua que compró en el quiosco y empezó a tragar de a una esas pequeñas pelotitas que contenían en total un kilo de cocaína pura. Mientras se esforzaba por no vomitarlas, tanteó en su bolsillo los 500 dólares que acompañaron la entrega de la droga.
En otro hotel, esta vez en Barcelona, Adriana acarreaba la valija que le había dado un amigo de un amigo para llevarla a Buenos Aires. A cambio, recibiría una importante suma de dinero que le ayudaría a costear las deudas de su restaurante y poder seguir manteniendo a su hijo. Adriana sentía, como el corazón delator del cuento de Edgar Allan Poe, el latir del doble fondo de la maleta en donde se escondían tres paquetes de cocaína.
La situación era parecida para Graciela, que por primera vez había decidido dejar de soportar las golpizas de su marido y de su propio hijo e irse lejos de Nicaragua. El problema era que no tenía dinero. Un primo le ofreció un trato: sólo tenía que llevar un paquete a Buenos Aires y él se encargaba de pagarle los pasajes y la estadía. Graciela no miró el contenido, pero sospechaba. Tenía amigas que le habían hecho estos favores a su primo y a otros hombres. Si estas mujeres pudieron hacer el negocio, por qué no podría ella, pensó, tratando de convencerse.
El destino de estas tres mujeres se cruzó en el único lugar de la Argentina que hubieran deseado no conocer: la cárcel de mujeres de Ezeiza. Todas ellas fueron detenidas en el aeropuerto de Buenos Aires en distintos momentos entre el 2010 y el 2012. Las acusaron de tráfico de estupefacientes. Son las llamadas «mulas», el eslabón más pequeño de la cadena de narcotráfico
Situación de vulnerabilidad
Una investigación realizada por Alejandro Corda, integrante de Intercambios AC, una ONG con trayectoria en el tema de las políticas de drogas, traza el perfil de las personas detenidas por tráfico de drogas en Argentina: en su mayoría mujeres, jefas de hogar, de áreas humildes y en general extranjeras.
En su trabajo, Corda cita un estudio del Consejo Nacional de las Mujeres, que detectó que estas personas suelen tener entre» 25 y 44 años, que desde las organizaciones clandestinas son tentadas para acciones penalizadas de alta exposición, mujeres de bajos recursos, con una carga familiar importante, que las convierte en destinatarias ideales para escuchar y aceptar la oferta».
El perfil coincide con la población femenina del penal de Ezeiza, donde están alojadas Denise, Graciela y Adriana* , junto a otras tantas mujeres que aceptaron el riesgo de transportar droga en su cuerpo y en sus equipajes a cambio de promesas de miles de dólares que en general nunca cobraron.
Un negocio arriesgado
Denise vivía en uno de los barrios más pobres de Caracas. Con su marido tenían un almacén que les alcanzaba apenas para vivir y mantener además a uno de sus sobrinos. Unos conocidos la ofrecieron un negocio que en ese momento le pareció redondo: tenía que vender unos 2 kilos de droga, por la que le cobraban 5 mil dólares y ella haría el doble en ganancias.
Vender en el barrio era fácil, y fueron los mismos que le dieron la droga quienes la contactaron con los potenciales clientes. Pero la persona que fue, supuestamente, a comprar la mercancía, la amenazó a punta de pistola y se llevó el botín. Denise se quedó sin droga y sin dinero, y endeudada con un poderoso grupo de narcotraficantes.
La amenazaron, le balearon la casa y cuando lograron asustarla lo suficiente, le propusieron otro negocio: para saldar su deuda, tenía que llevar 1 kilo de cocaína pura en su estómago, hacia Hong Kong. La droga sería cargada en la Argentina. Si aceptaba el desafío, no sólo la liberaban de la deuda, o al menos eso le prometieron, sino que además recibiría cerca de 10 mil euros como pago.
Denise se quedó sin droga y sin dinero, y endeudada con un poderoso grupo de narcotraficantes
Denise sospechó de tanta generosidad, pero no tenía otra salida. Sabía que si no aceptaba, seguramente aparecería muerta en alguna zanja de su barrio. En Caracas le reservaron una habitación en un hotel de lujo, donde tuvo el primer contacto con un ciudadano de un país africano. Él le dio los pasajes y un adelanto de su pago en dólares.
En la Argentina el panorama fue distinto y esto la alertó, pero sintió que era demasiado tarde para echarse atrás: en Venezuela quedaron su marido y sobrino bajo la amenaza narco. La alojaron en un hotel barato de Constitución. Le dieron la droga en un local de comidas rápidas, en una bolsa de papel. Se tragó las cápsulas y se tomó un taxi al aeropuerto de Ezeiza. Llegó tarde, y despertó las sospechas de la Policía Aeroportuaria. El escáner detectó algo extraño en su cuerpo. Fue trasladada al hospital zonal. Allí pasó varios días expulsando, con la ayuda de purgantes, las cápsulas de cocaína. Tuvo suerte: a su lado vio a otras mulas a las que las cápsulas les explotaron en el estómago, y no hubo nada que los médicos pudieran hacer para salvarlas.
La mayoría de estas mujeres – y también hay varios casos de hombres mula- son trasladados a la Unidad Especial del hospital provincial de Ezeiza. Según publicó a principios de junio el Ministerio de Salud bonaerense, en los últimos 17 años, el personal médico de dicha institución ayudó en la evacuación de 30.842 cápsulas de cocaína.
A su lado vio a otras mulas a las que las cápsulas les explotaron en el estómago
El ministro Alejandro Collia, titular de la cartera de salud, informó que en la Unidad Especial, en los últimos 17 meses, en total fueron atendidos 80 casos, lo que significó más de 6.400 cápsulas de cocaína, unos 640 kilos de la droga y unas 2.400 horas de espera de las personas para evacuar las cápsulas.
La legislación
En Argentina el tráfico de estupefacientes está penado bajo las normativas establecidas en la Ley N°23.737. Las penas van de 4 a 15 años de prisión. Según indica Corda en su trabajo, que fue publicado en la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), «la aplicación de la ley de estupefacientes recae principalmente sobre los actores menores y más fáciles de capturar, y aparece vinculada al incremento de los encarcelamientos de dos poblaciones en situación de vulnerabilidad en particular: mujeres y extranjeros».
En la medida en que la actividad de interdicción siga recayendo sobre este tipo de actores, sólo va a lograr éxitos momentáneos
«En la medida en que la actividad de interdicción siga recayendo sobre este tipo de actores, sólo va a lograr éxitos momentáneos, sin contribuir verdaderamente a la contención del tráfico de estupefacientes. Además, al producir el encarcelamiento de personas en situación de vulnerabilidad por diferentes condiciones (pobreza, género, nacionalidad) se agrava la situación en la que ya se encontraban», concluye Corda.
Moderar castigos desproporcionados
Un estudio realizado por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), detectó que en América Latina es más grave contrabandear marihuana con el fin de venderla a quien quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino.
«La ley castiga más el contrabando de drogas, incluso cuando este sucede en cantidades modestas y sin el uso de violencia, que otro tipo de delitos más atroces como la violencia sexual o el asesinato, conductas violentas intencionales», dijo Diana Guzmán del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) y una de las autoras del informe, según publicó la WOLA. «Cuando se trata de drogas, la ley no contempla el principio de sostener una proporción entre el delito cometido y el castigo otorgado. Esto no sólo es ilógico sino también injusto».
La ley castiga más el contrabando de drogas que otro tipo de delitos más atroces como la violencia sexual o el asesinato
Graciela, la mujer nicaragüense repite esa palabra una y otra vez: «injusto». No es que crea que lo que hizo está bien, pero no puede arrepentirse porque está convencida de que no tenía otra salida para huir de la violencia que ejercían sobre ella todos los hombres de su vida. «Yo sé que no hice bien, ni siquiera probé droga en mi vida, ni sé a quién iba destinada la que me pusieron en la valija. Ni sabía qué era lo que habían puesto hasta que me detuvieron en el aeropuerto. Pero no tenía otra salida», cuenta entre lágrimas. Cuando se casó con su primer marido, pensó que se había librado por fin de los golpes que le propiciaba su padre. Pero su pareja le destrozó la cara a zapatazos. Prueba de eso son las cicatrices a los costados del rostro, que reconstruyó con sendas cirugías. Su segundo marido hizo lo propio: empezó por la violencia verbal, y luego siguió por la física.
Pero lo que para Graciela fue la gota que rebalsó el vaso fue cuando su propio hijo le partió la boca de una trompada. La salida no fue ninguna solución, sino el camino directo al penal de Ezeiza donde hoy está alojada enfrentando una condena que tal vez llegue a los 5 años de prisión.
En el marco de los debates por la modificación, a nivel internacional, de las leyes referidas a la tenencia y tráfico de drogas, hay en Argentina varios proyectos que proponen penas un tanto más moderadas en lo que refiere a las «mulas», que son las que más se exponen a ser detenidas, y penas más duras para quienes dirigen la organización criminal, que siempre son los más difíciles de capturar.
El proyecto de Aníbal Fernández por ejemplo, propone «imponer al que organice, dirija o administre una red de producción, fabricación, comercialización o distribución, nacional o internacional, la misma pena que para el homicidio simple (de 8 a 25 años de prisión)»-
Por otra parte, la diputada Victoria Donda propone, entre otras cosas, reducir la pena mínima a 2 años de prisión para las «mulas». En los fundamentos del proyecto de ley, Donda explica: «Esto permitiría la aplicación de penalizaciones más flexibles que redunden en un trato más humano para con quienes son también víctimas del narcotráfico y que, por lo general, pertenecen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad»..
*Los nombres de estas mujeres fueron cambiados a pedido de ellas, para protección de su identidad. En algunos casos también se cambiaron datos que pudieran exponerlas, como su país de origen.
