El Senado le dio media sanción a la creación de tres nuevos juzgados para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en la zona de frontera. En tanto desde el Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical y el Peronismo disidente instaron al Consejo de la Magistratura y al Poder Judicial a acelerar la puesta en funcionamiento de los juzgados ya creados.
Como es costumbre en los últimos tiempos la coyuntura atraviesa el trabajo legislativo y se impone en muchas oportunidades sobre el temario previsto y los temas acordados. En este caso, el radical Gerardo Morales, el titular de la bancada oficialista Miguel Ángel Pichetto, y la peronista disidente Sonia Escudero decidieron poner el tema del narcotráfico –instalado por la Iglesia y la Corte Suprema– en debate al inicio de la sesión de ayer.
Tanto Morales como Escudero expresaron su malestar por la desidia del Poder Judicial en la lucha contra el narcotráfico y apuntaron que tanto en el departamento Libertador General San Martín de la provincia de Jujuy como en la Ciudad de Tartagal, en Salta, los juzgados que «fueron creados hace dos años aún están vacantes».
En ese sentido, el senador rionegrino propuso emitir una declaración desde el Senado para solicitarle al Consejo de la Magistratura y al Poder Judicial de la Nación la asignación de recursos para acelerar la apertura de juzgados federales en zonas fronterizas consideradas «peligrosas» por casos de narcotráfico. «Este es un debate que cruza hoy a toda la sociedad», analizó Pichetto y agregó que tanto la Corte como la Iglesia también se han expresado sobre el tema.
En ese marco, el presidente de la bancada oficialista expresó el pedido al Consejo de la Magistratura y al Poder Judicial de «la asignación de los recursos respectivos para que se cumplimenten las leyes que el Congreso vota, para que se pongan en marcha esos juzgados en zonas calientes ligadas a pasos fronterizos donde se registran hechos graves de narcotráfico». Además, Pichetto, pidió que se trate sobre tablas la creación de juzgados federales en Posadas (Misiones), Clorinda (Formosa), y La Quiaca (Jujuy).
Por unanimidad, apenas unas horas más tarde, la creación de los juzgados que había obtenido dictamen de la Comisión de Presupuesto durante la mañana ya había conseguido la media sanción y quedaba en condiciones de ser girada a la Cámara de Diputados.
El debate sobre el tema quedó expuesto, pero finalmente los legisladores no pudieron consensuar un texto que le dé carácter institucional al reclamo de los representantes de las distintas bancadas. Al promediar la sesión desde la UCR explicaron: «El oficialismo quiere dejar afuera la responsabilidad del Poder Ejecutivo que es el que tiene que bajar los recursos, si no podemos sacar la declaración hoy lo haremos seguramente la próxima sesión.» Por otra parte lo extenso y variado del temario hizo que la sesión se fuera muriendo de a poco. Ya pasadas las 21, con apenas 40 senadores presentes Beatriz Rojkés la dio por levantada por lo que se postergó el tratamiento de los temas pendientes para el próximo 27 de noviembre.
De esta manera, en lo discursivo el Senado se puso en línea con lo planteado por el ministro de Justicia, Julio Alak, quien también había responsabilizado al Consejo de la Magistratura por «no haber habilitado por ejemplo el juzgado federal de Tartagal, de Tucumán y de Libertador General San Martín».
En este sentido el legislador jujeño, Gerardo Morales, explicó : «Claro que hay una mora del Consejo de la Magistratura, pero también hay una mora del Poder Ejecutivo en no disponer el dinero para que puedan poner a trabajar los juzgados».
Morales agregó que «es fundamental, puntualmente el juzgado de Libertador General San Martin, porque ayudaría a que los juzgados que funcionan actualmente en la provincia de Jujuy no se llenen de causas. Eso implicaría no sólo que la justicia actuaría más rápido sino que algunos tendrían menos chances de hacerse los distraídos» y explicó que «los juzgados 1 y 2 de Jujuy tienen 70 causas por mes, pero el de Orán tiene 700. Lo que haría la puesta en funcionamiento del juzgado de Libertador General San Martín sería aliviar el trabajo del juzgado de Orán».
La senadora salteña por el peronismo disidente Sonia Escudero se expresó en una línea similar a la expresada por Morales. «Un juzgado justo en Tartagal, cambia todo. Y lo cambia estructuralmente. Es un juez que está a 50 kilómetros de la frontera y no a 300 como ahora. Nada menos que a 50 kilómetros de Salvador que es una zona muy complicada de la frontera».
Escudero agregó que más allá de la ubicación geográfica con la puesta en funcionamiento del juzgado creado hace dos años en Tartagal «la administración de justicia será distinta porque se aliviará el trabajo de los juzgados ya existentes».
La coincidencia de las tres principales fuerzas políticas con representación en el Senado en la necesidad de que el Consejo de la Magistratura cumpla con las leyes sancionadas por el Parlamento no quedó plasmada en una declaración, sin embargo con el tema a tope de la agenda el pronunciamiento del Congreso no tardará en llegar.
Más coordinación
El procurador adjunto en Narcocriminalidad, Félix Crous, afirmó que «hay una coordinación entre las fuerzas de seguridad como no la hubo nunca» en el combate contra el narcotráfico y reflexionó que el país está «un paso adelante respecto al esquema histórico de trabajo».
Crous destacó que «en los últimos grandes operativos hubo una coordinación de hasta tres fuerzas de seguridad». Y subrayó que ese esquema se repitió «incluso en territorios con gobiernos de fuerzas políticas distintas como la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Policía Metropolitana y la Policía Federal». Agregó que eso «muestra que hay un salto cualitativo en la calidad profesional del abordaje de estos temas».
El procurador reconoció, en declaraciones radiales, que es una «asignatura pendiente» que las fuerzas provinciales «cuenten con una coordinación donde todas reporten a una autoridad centralizada».
«Nuestro sistema federal, más la extensión territorial, hace que sean esas fuerzas (las provinciales) las que tengan más presencia diseminada en cada uno de los distritos», explicó.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, afirmó que «hay que estar organizados» para luchar contra el narcotráfico y dijo compartir «la misma preocupación» por el tema que la que manifestó la Iglesia a través del documento de la Conferencia Episcopal Argentina.
La funcionaria mantuvo ayer un encuentro con jueces de la Corte mendocina y de la Justicia Federal, y luego participó de un seminario sobre Reforma Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.
Luego del encuentro con los magistrados, Gils Carbó aseguró a la prensa que «para luchar contra el crimen organizado, hay que estar organizado, estableciendo prioridades y coordinando estrategias». «Hay que establecer una política de prioridades», puntualizó.
700 es el promedio de causas mensuales que tiene el juzgado de Orán (Salta), según informó el senador Gerardo Morales (UCR).
