En el 11º aniversario del secuestro y desaparición de Marita Verón, el senador Aníbal Fernández presentó un proyecto de ley para penalizar a «quien utilice o procure servicios sexuales de una persona sabiendo o debiendo saber que es víctima de trata de personas». La propuesta establece sanciones que van de uno a seis años de prisión, y de cinco a diez, cuando involucre menores de edad. En diálogo con Tiempo Argentino, Fernández aseguró que es un modo de desalentar el pago por sexo y que se trata de un paso previo a la discusión por la prostitución. «Necesitábamos tener una política clara y contundente de persecución y ataque a esa conducta reprochable», sentenció el senador. Además, señaló que la designación del Papa Francisco no condicionará el debate por el Código Civil, aunque advirtió que si antes resultaba difícil avanzar en la legalización del aborto hasta la semana 12, ahora resulta «imposible».
–Hace años que la Argentina impulsa la penalización del cliente en foros internacionales. ¿Cuáles son las condiciones que permiten presentar el proyecto ahora?
–En 2006, por instrucciones de Néstor Kirchner, nos pusimos a trabajar fuertemente en una política sobre el tema trata. La convocamos a Eva Giberti y ella armó el Programa Las Víctimas contra las Violencias y desarrolló la ley 26.364. En marzo de 2009, en una reunión de la Organización de los Estados Americanos, la presidenta expuso la idea de atacar la demanda atacando el cliente, y en 2010, se volvió a plantear en una nueva reunión de ministros de Justicia y del Interior del Mercosur. Junto a Brasil elevamos la propuesta a la ONU, que ese mismo año sacó una resolución al respecto. Siempre tuvimos este proyecto en carpeta. Pero ahora hay otras condiciones. La primera, lo que pasó con Marita Verón. Fue una demostración de la falta de seriedad para cumplir con estas situaciones y de la necesidad de profundizar las políticas y generar nuevos elementos contra la trata. El delito tiene tres patas: el reclutante, la víctima y el cliente. Nosotros atacamos al tratante con la ley, y a las víctimas fuimos a buscarlas. Hasta el momento, rescatamos 4321. Nos restaba atacar al cliente, que es el que genera la demanda. Necesitábamos tener una política clara y contundente de persecución y ataque a esa conducta reprochable.
–¿Tiene el respaldo de su bloque?
–Vamos a ir con toda a dureza a la búsqueda del acompañamiento de nuestros compañeros de bloque. Pero debo decir, porque si no sería un injusto, que creo que vamos a encontrar un enorme acompañamiento de los otros bloques que siempre han sido muy consecuentes con estas políticas. Creo que no va a ser muy difícil sacar dictamen, y que lo llevaremos al recinto lo antes posible.
–¿Por qué una política penal antes que medidas disuasivas?
–Porque el cliente debe saber, o debería haber sabido cuando consumió sexo, que allí había una persona que era objeto de trata. En ese sentido, entendemos que tenemos que ir contundentemente contra él. Para nosotros, la prostitución no es un trabajo. Si hay gente que quiere prostituirse, no va a encontrar objeciones, pero la mejor forma de llevar adelante esa voluntad será no teniendo cerca a alguien que es objeto de trata. Para evitar que los clientes reciban sanciones durísimas. Y si se trata de víctimas menores, peor.
–¿Se puede optar por la penalización cuando no ha habido otras medidas que apunten al cambio cultural?
–El delito se visibilizó, se estudia y se analiza. Y eventualmente, se hace inteligencia criminal y allanamientos. No se consiguen 4321 víctimas rescatadas de la nada. Se consiguen por un seguimiento del tema. Llegó el momento de agregar la otra pata.
–¿Cómo se distinguirán los clientes de trata de los de prostitución?
–No es mi problema. Es un problema de quien consume sexo de alguien en condición de trata. Debe conocerlo, o debería. Que le busque la vuelta. No me meto con aquellos que creen que es un derecho prostituirse o con los que pagan por sexo. El tema de la prostitución es una discusión más larga. Pero pretender sacar megaproyectos que resuelvan todo, no sirve. Vamos sobre los temas seguros.
–¿Se refiere al proyecto de la diputada Marcela Rodríguez?
–Sí.
–Los especialistas señalan que víctimas de trata y de prostitución conviven en los mismos prostíbulos. ¿Cómo se marca la diferencia?
–Que lo distinga el cliente. Es el viejo adagio de «Toti» Pasman: “La tenés adentro, papi”. Si no sabe que las personas están siendo amenazadas, sometidas a tener sexo, es su responsabilidad.
–¿Cómo se aplicará? ¿Se detendrán a los clientes en los allanamientos?
–Aquel que esté consumiendo de una persona en condición de trata y es pescado como tal, pagará por ello.
–¿Cómo se podrá evitar la corrupción policial?
-Hay que enfrentarla, como ya hicimos. A los policías que pueden estar en connivencia, hay que enfrentarlos. No tengo duda de que van a pagar por ello. Recorrí el país hablando de esto con las policías provinciales. Tienen que entender que cambió la historia. Si tienen dos dedos de frente, las penas los van a desalentar. Si hay un policía de ojo gordo, o que se hace el pelotudo con el prostíbulo de su zona, se tendrá que hacer cargo.
–Hay códigos contravencionales que sancionan oferta y demanda de sexo en la vía pública, pero que se aplican sólo sancionando a las mujeres, nunca a los clientes, ¿cómo evitar eso?
–En ese caso, es una infracción, no un delito. Debemos trabajar este tema, no digo que no. Lo que digo es que no podemos abarcar todo porque no vamos a apretar nada. Yo quiero las cosas de a una. La ley de trata de 2008 fue cuestionada y varias diputadas jugaron en contra. Pero la ley salió y resolvimos la liberación de 4321 víctimas. La norma nueva es una cagada. No va a resolver nada. Es pura burocracia para que no salga nunca nada. Pero la ley que nosotros hicimos y que era querosén, funcionó espectacular.
–¿No era necesario quitar el consentimiento de las víctimas mayores de la ley original?
–En su momento yo no quise incluir el consentimiento de mayores porque íbamos a rozar el tema con la prostitución. Era mejor eliminar el consentimiento de los menores, porque ahí no hay arreglos, y con las mayores, demostrar las condiciones de trata. El 80% de las 4321 mujeres rescatadas eran mayores. Así que funcionó. Ahora se modificó la ley y no se cuenta ningún consentimiento. Estamos todos de acuerdo con eso. Pero yo quería tener una ley para empezar a trabajar. Y después, ir por el segundo paso, la reforma. Tardaron cuatro años en conseguirla. Así que yo tenía razón.
–Entonces, ¿la penalización del cliente es un paso previo a la discusión sobre la prostitución?
–Sí, pero tenemos que darla con mucho nivel. Porque cuando te metés en la negación, empujás a todo el mundo a la clandestinidad y terminás penando a las víctimas y no a los responsables. Yo no me niego a discutir, pero hay que ser cuidadoso.
–¿El proyecto aspira a desestimular el consumo de sexo en general?
–Claro. Eva Giberti suele decir que esta es una sociedad patriarcal en donde el hombre cree que tiene derechos sobre la mujer, y por eso piensa que puede pagar por sexo y consumirlo.
–La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) reprochó que no las hayan convocado…
–Yo hablé con ellas cuando era ministro de Justicia.
–¿Está trabajando en un proyecto de protección para las mujeres en situación de prostitución?
–La que conduce el tema es Eva Giberti. Yo espero que ellas produzcan y lo voy tomando y lo presento cuando veo el momento. Esa es mi muñeca política.
–¿Por qué no incluir la explotación laboral?
-Porque la ley de trata habla de todo, pero en ese caso no hay clientes. Hay tratantes y reclutadores.
–¿No lo son las empresas que compran en talleres clandestinos a bajo precio?
–Pero no es un derecho humano de las características que estamos hablando acá. En este caso, hablamos de una violación lisa y llana. «
