Buenos Aires > Cuando hace seis años decidió crear una revista de cultura cannábica junto a cinco amigos, Sebastián Basalo (28) no imaginó que algún día vendería 35 mil ejemplares mensuales. Menos aún que iba a estar en la primera fila de un debate legislativo histórico: la despenalización de la tenencia y consumo de estupefacientes y del autocultivo de marihuana, una de las banderas con las que THC había nacido. «Empezó por una necesidad propia de información nuestra, como usuarios de distintas sustancias legales e ilegales. Como consideramos que no existe libre elección sin libre acceso a la información, realmente era un desafío para nosotros difundir información sobre este tema que es uno de los principales de nuestra época. Porque para nosotros la información no es una mercancía sino un derecho social. Sobre todo cuando la desinformación alrededor del uso de drogas genera más problemas que las propias drogas», dice.
¿Cuál es la diferencia entre legalización y despenalización?
Legalización es la regulación del mercado de venta de sustancias, es decir, el acceso a una sustancia en un medio controlado y regulado por el Estado. Por ejemplo, legalizados están los medicamentos, el café, los sedantes, los cigarrillos, el alcohol, etc. Después, en cada caso, se fijan cierto tipo de restricciones a la venta según la sustancia: venta bajo receta simple o doble, o venta libre. La despenalización no legaliza, no permite ni regula la venta, si no que sólo deja de aplicar penas a determinadas conductas en relación a las drogas.
La marihuana se convirtió en bandera de esto pero no es la única droga que se despenalizará con esta nueva ley de estupefacientes. ¿Por qué no se distingue entre drogas?
La ley habla de estupefacientes, que son muchas sustancias. Para que quede claro: no se puede despenalizar una droga. Las drogas se legalizan o no se legalizan. Lo que se despenaliza son determinadas conductas humanas con esas drogas. Lo que se está discutiendo ahora en Argentina son esas conductas que la ley de estupefacientes especifica como delitos: tenerla, consumirla, comercializarla, transportarla, regalarla, acopiarla, etc. Y lo que se propone es dejar de penalizar la tenencia de drogas en general, o sea todas, y el autocultivo en el caso de marihuana.
¿Se fija un límite a la cantidad de droga que una persona puede tener para que se considere consumo personal?
No. Los modelos que fijaron cantidades en el mundo fracasaron y la razón es simple: si fijás 10 gramos, el que vende sale a vender con 8 gramos y listo. O sea, la cantidad no presume el comercio. De la misma forma que la cantidad de cuchillos que uno tiene en su casa no presume que cometió un asesinato a puñaladas. Y el delito se combate buscando al que apuñaló y no apresando a todos los que tienen cuchillos en el barrio, y menos aún culpando al que más cuchillos tiene. Entonces lo que hay que cambiar es esta lógica, que es el gran error y base del fracaso de la ley que tenemos. No es la tenencia lo que presume el comercio.
O sea que, de aprobarse esta ley, la Policía sólo podría detener a una persona con pruebas de comercio.
Exacto. El cambio radical en la persecución del narcotráfico que plantea el anteproyecto consensuado en el Congreso por Victoria Donda, Ricardo Gil Lavedra y Diana Conti precisamente lo que hace es dejar de centrar las fuerzas policiales y judiciales en ver quién tiene droga y usarlas para combatir el comercio. Si se deja de considerar un delito la tenencia para consumo personal, a la Policía no le va a quedar otra que perseguir el narcotráfico y sólo va a poder detener a una persona o allanar una casa con pruebas de comercio. Ahora, como se detiene sin pruebas, recién al final del proceso penal nos damos cuenta de quiénes son usuarios y quiénes vendedores. Y se abren miles de causas que no conducen a nada, sólo a tapar el trabajo que no se hace. Y no es casualidad que no se haga: no se hace porque en la Argentina son las fuerzas policiales las que detentan el control y la organización territorial de la venta de drogas ilegales. No lo digo yo, lo dicen un montón de especialistas, con Marcelo Saín a la cabeza.
¿Cuántas de las causas por droga que se abren cada año son por tenencia y cuántas terminan en condenas por tráfico?
Según cifras del Poder Judicial, en los últimos diez años se mantiene estable el número: alrededor de 12 mil causas se abren cada año por infracción a la ley de drogas. El andamiaje legal, que es importante entenderlo a la hora de ver qué figuras se despenalizan, se basa en una penalización abierta de la tenencia de estupefacientes con una pena de uno a seis años de prisión. No importa para qué la tengas ni cuánto tengas. Eso lo que hace es que las fuerzas policiales puedan allanar una causa y detener una persona por tenencia simple, es decir, sólo porque tiene una sustancia. Una vez detenida por eso, la persona ingresa en el sistema penal y el juez tiene que ver si hay pruebas de comercio. Y es la persona la que tiene que demostrar, la ley dice “de forma inequívoca”, que la sustancia era para consumo personal. Y si no hay pruebas de comercio pero el juez por criterio subjetivo no le cree que era para consumo, suele haber condena por tenencia simple, que es tenencia sin fin. También según las cifras del Poder Judicial, el 70 % de todos los que caen por tenencia terminan demostrando, a pesar de la gran dificultad que implica, ser usuarios. Sólo el 3% en promedio es narcotráfico. En números, esto se traduce en 8 mil usuarios de drogas violentados en sus derechos humanos cada año, que además le cuestan al Estado, cada uno, alrededor de 5 mil pesos. Toda esa plata y ese tiempo se quita de la lucha al narcotráfico.
El consumo de estupefacientes atraviesa las clases sociales. Sin embargo, no parece que los detenidos por causas relacionadas con drogas representen ese consumo. ¿Cuál es el perfil de los encausados con esta ley?
Los usuarios de drogas judicializados en Argentina tienen tres requisitos en común: son menores de 30 años, son de estratos sociales medios y bajos y son personas con secundario incompleto. Y la mayoría de ellos no registran antecedentes penales.
¿Qué penas se les aplica hoy por ser usuarios?
Una vez que demuestran ser usuarios, la ley les fija un castigo de 6 meses a dos años de prisión. Y les ofrece, para no ir presos, canjear la pena por un tratamiento de rehabilitación. Si la persona no lo cumple, se escapa o está muy “enferma” según ellos, debe cumplir la pena de prisión. Es decir que la ley de drogas que dice perseguir penalmente y criminalizar a los usuarios para, en teoría, cuidarlos. Aún aceptando esto, que es absurdo e inaceptable, la ley condena a la cárcel al más enfermo.
¿Qué rol tiene la Sedronar?
Desde su creación, lo único que ha hecho es fracasar absolutamente en su función. Porque el mayor problema que tienen es su conformación, que está hecha en función de la actual ley de estupefacientes. Porque es absurdo que un mismo organismo esté encargado de la prevención, o sea de cuidar la salud de las personas con médicos, y de perseguir el narcotráfico, o sea reprimir el delito con policías. Es inviable. Y sobre todo si, como hasta diciembre del año pasado, su titular era un odontólogo, José Ramón Granero. O sea, un señor que cura caries y se ocupa de prevenir el consumo de drogas y luchar contra los narcos.
¿Cambió algo desde que llegó Rafael Bielsa?
Ni bien asumió, Bielsa inició un cambio tanto en la manera en la que él empezó a ocuparse de los problemas recorriendo los territorios como en definir una nueva política en lo que hace al respeto por la soberanía de los usuarios de droga sobre su propio cuerpo avalando la despenalización. Además, dividió claramente el organismo en dos grandes sectores y en la prevención puso a un especialista muy formado, Ignacio O´Donnell, que está haciendo un gran trabajo de territorio desde que asumió. Porque las adicciones son el problema de salud más pequeño en torno al consumo de drogas: hay problemas de consumo de sustancias adulteradas, de sobredosificación, de contagio de enfermedades por uso de materiales no descartables en determinados consumos, etc. Que además son problemas derivados de la desinformación que hay, porque la ley actual prohíbe informar porque lo considera apología. El uso de drogas requiere un abordaje complejo que no termina en los centros de tratamiento, que está probado que son muy poco efectivos hasta para resolver la adicción.
¿Cuáles son los argumentos falaces que esgrimen quienes se oponen a la despenalización?
Se escuchan argumentos realmente ridículos. Se dice que despenalizar va a aumentar el consumo de drogas. Y eso es totalmente falso. De hecho, el consumo no deja de aumentar y drásticamente en los países en los que está penalizado: Argentina encabeza el ranking latinoamericano de consumo de marihuana y cocaína, y Estados Unidos, que es el país con leyes más duras después de China y otros casos similares, encabeza el ranking de todas las drogas. Y, al contrario, los países que eligieron el cambio en esas políticas, como Uruguay o Portugal, y Holanda con una política legalizadora, redujeron sus índices. Hay otro argumento muy perverso que dice que sí a despenalizar la marihuana pero no el paco. Cuando en realidad al que más daña esta ley es al que consume paco. Lo mismo cuando dicen que esta ley es para las clases medias: a los que más afecta esta ley es a los pobres, que si ya tenían dificultades, después de tener antecedentes, los terminan de arruinar. Otra muy terrible es la que pide que se penalice el consumo en la vía pública, porque quienes viven en la calle y hacen de ella su privacidad y ejercen el consumo allí, entonces van a terminar en la cárcel masivamente. La realidad es que no hay argumentos serios para oponerse.
¿Qué consenso político tiene el anteproyecto que se está discutiendo?
Este proyecto de ley goza de una legitimidad social enorme: 60 mil personas marcharon en más de 22 ciudades de todo el país para pedir por la despenalización. Políticamente, ha pasado algo que hace mucho no sucedía en el Congreso: los representantes de las tres principales fuerzas políticas del país, que juntas conforman más del 70% de la voluntad popular, se pusieron de acuerdo en un anteproyecto.
¿Qué otras cosas hay que hacer después de esta ley?
Está claro que esta ley, aunque termina con el gran problema de la criminalización de los consumidores, no es la solución definitiva a todos los problemas asociados al uso de drogas. Esto es un punto de partida para generar campañas de prevención, abordajes territoriales del consumo problemático, atención de problemas de salud relacionados con el uso de drogas, un plan nacional de asistencia para que todas las personas se puedan acercar a un hospital si tienen problemas con este consumo, etc. La despenalización es una invitación a discutir por primera vez en la Argentina seriamente sobre esto, nuestras políticas de drogas por los argentinos y no las sancionadas a pedido de Estados Unidos y de la DEA, en un acuerdo con los peores gobiernos que tuvo la Argentina en los últimos años. No es sólo soberanía individual por el uso del propio cuerpo, sino soberanía del país en cuanto a darse sus leyes.
