Neuquén.- La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia habilitó por unanimidad los pliegos de Luciana Petraglia y Lisandro Borgonovo, propuestos como defensores de Ejecución Penal con sede en Neuquén y Zapala, respectivamente, y de Martín Marcovesky, candidato a juez de garantías de Neuquén, para su tratamiento en el recinto. Es la primera vez que la provincia contará con la figura de defensor de Ejecución Penal. El cuerpo que preside el diputado José Russo (MPN) también dio despacho unánime al proyecto que prorroga hasta el 31 de marzo del año próximo los procesos de ejecución hipotecaria para viviendas únicas de uso permanente del titular o grupo familiar. A la vez, giró a la comisión de Hacienda 113 expedientes con reservas presupuestarias por sentencias judiciales para que sean incorporados al presupuesto cuando se trate oportunamente. Además, reiterará por nota un pedido realizado el año pasado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que informe sobre la cantidad de juicios de amparos por mora.
El debate sobre la aplicación del Código Procesal Penal, generado por la liberación de personas condenadas con veredicto de culpabilidad de un jurado popular que habían cumplido el plazo máximo de un año de prisión preventiva, fue un tema presente en las entrevistas a los tres candidatos.
Al respecto, Petraglia –secretaria de la Fiscalía Federal Nº 2 de Neuquén- sostuvo que las resoluciones emitidas por el Tribunal de Impugnación “son decisiones totalmente fundadas en derecho y no podemos pedir a los jueces que resuelvan de manera contraria a la ley porque le estaríamos pidiendo que cometan un delito”. Dijo estar de acuerdo con el plazo de la prisión preventiva y consideró “apresurado” hablar de una reforma del Código, al que calificó como “de vanguardia”, a un año de su implementación. Aclaró que la prisión preventiva no es pena anticipada sino una medida cautelar y enfatizó el principio de inocencia que rige para las personas encarceladas por la aplicación de esa medida. En ese marco, hizo eje en el uso “racionalizado” de la prisión preventiva y citó un informe del año 2013 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indica que el 33% de las personas detenidas con prisión preventiva en América Latina fueron absueltas.
En otro tramo, la postulante a defensora de Ejecución Penal para Neuquén explicó que esta nueva figura tiene como función velar por los derechos de los detenidos en relación a las condiciones de detención y trabajar para garantizar su reinserción en la sociedad. Al referirse a la situación carcelaria, opinó que la provincia no tiene índices de hacinamiento y sostuvo que hay 352 detenidos, de los cuales 132 son defendidos por la Defensa Pública. Elogió el trabajo del Consejo Provincial de Educación en las unidades carcelarias y consideró que es necesario mejorar el acceso al trabajo y la salud de los detenidos. También planteó la necesidad de generar políticas “post penitenciarias” y un servicio penitenciario que adopte el paradigma de los Derechos Humanos, otorgándole a personal civil el trato con los detenidos.
A su turno, Borgonovo –responsable del servicio de gestión penal del Ministerio Público de la Defensa de Cutral Co- defendió los plazos fijados por el Código Procesal Penal y valoró la celeridad de los procesos que permite el nuevo sistema. En relación a las resoluciones del Tribunal de Impugnación que generaron el debate sobre la aplicación del Código, dijo que los jueces se ajustaron a lo que establece la norma. “La ley no sólo deben aplicarla los jueces sino también los otros operadores: la Oficina Judicial, los fiscales y los defensores”, sostuvo.
En tanto, Marcovesky planteó analizar si desde la implementación del Código “estamos haciendo todo lo que podemos” en cuanto a la intensidad de trabajo y la aplicación de los recursos humanos. Agregó que la aplicación del artículo 119, referido a la prisión preventiva, “no es automática” y rescató el planteo de la Convención Americana de Derechos Humanos que sostiene que “la presunción de inocencia cae cuando hay una legal declaración de culpabilidad”.
Estuvieron presentes los diputados José Russo, Manuel Fuertes, Raúl Podestá, Raúl Dobrusín, Jesús Escobar, Claudio Domínguez, Gabriela Suppicich, Darío Lucca, Pablo Todero, Sergio Gallia y María Angélica Carnaghi.
