El mandatario aclaró que el nuevo penal recibirá únicamente a internos de la provincia, por lo que se descartó la posibilidad de que albergue presos federales.

Neuquén > Durante el mes de septiembre se realizarán los primeros traslados de detenidos a la nueva cárcel de Senillosa, según confirmó ayer el gobernador de la provincia, Jorge Sapag.
El mandatario explicó que se están terminando las obras adicionales que se habían reclamado para que el lugar fuera apropiado para alojar a los internos, por lo que, de no mediar inconvenientes, se realizará un paulatino traslado a partir de los próximos dos meses.
“Si Dios quiere, en septiembre ya llevaremos los primeros internos. Somos los primeros interesados en que esa obra esté terminada y que se pueda alojar a internos, pero no se podían llevar en las condiciones en las que estaba porque había que tomar medidas de seguridad aconsejadas por la misma Unidad de Detención”, indicó el gobernador durante una conferencia ofrecida en el playón de la U11, con motivo de un nuevo aniversario de la creación de unidades de detención.
Sapag dijo que las obras complementarias están vinculadas fundamentalmente con la seguridad y para evitar posibles fugas. “No tenía sentido correr un riesgo grande llevando internos a Senillosa sin prepararlas en forma correcta”, reflexionó. No obstante, también dijo que hay obras complementarias que tienen que ver con los derechos y un mejor proceso de reinserción social de los detenidos, como el lavadero y los hornos de panadería.

Internos provinciales
Sapag descartó la posibilidad de que a Senillosa puedan ser trasladados internos de prisiones federales como la U9, ya que  no sólo las negociaciones con el gobierno nacional no llegaron a buen término (cuando se iniciaron a fines de los 90) sino que además la Nación “no invirtió como se había comprometido invertir en Senillosa” a partir del convenio firmado oportunamente.
“Todo es responsabilidad de la Provincia en este momento en lo que hace a Senillosa, en lo que hace a la U9 es todo responsabilidad nacional y federal”, aseguró.
La cárcel fue una obra iniciada durante la gestión del entonces gobernador Jorge Sobisch, pensada para relocalizar a la vieja U9. Fue adjudicada en 2004 y finalizada en 2008, pero nunca alojó a internos. Algunos problemas en el diseño, la falta de recursos para remodelar muchos problemas que fueron objetados por especialistas y las reiteradas pujas entre el gobierno provincial y el gobierno nacional hicieron que el edificio quedara abandonado.
La cárcel tuvo un costo aproximado a los 100 millones de pesos, contra los 40 que fueron presupuestados inicialmente.

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