Coinciden en que se deberán precisar los alcances de las penas y acompañar la legislación con un cambio en las prácticas de quienes las deben hacer cumplir.
Neuquén > “El cliente prostituyente es el resultado más claro del modelo patriarcal neoliberalista que prevalece en nuestra sociedad, que promueve, habilita y naturaliza el consumo de prostitución por parte de los hombres, cosificando a la mujer prostituida como mercancía y le ‘permite’ el uso a cambio del pago”, afirmó Patricia Maistegui, presidenta de la Fundación Irene, organización abocada a la prevención y la lucha contra la trata de personas, con relación al inicio del debate en el Senado de la Nación de un proyecto para penalizar a los clientes de prostitución cuando paguen por sexo con víctimas de este delito.
El proyecto presentado por el senador Aníbal Fernández (FPV) en abril comenzó a tratarse en las últimas semanas en un plenario de comisiones de la Cámara Baja. La iniciativa establece penas que van de uno a seis años de prisión y se elevan de cinco a diez años, en caso de que se pague por menores.
Para Maistegui, el cliente prostituyente “no se hace cargo de las consecuencias que sus prácticas causan” a las mujeres, niños y niñas víctimas de prostitución y trata. También señaló que le cabe la responsabilidad “como partícipe necesario para que exista el negocio de compra-venta de personas y el funcionamiento de las redes delictivas que lo manejan a través de la oferta y la demanda”.
Según la titular de Fundación Irene, el cliente prostituyente es “el principio y el fin de la cadena, la razón de ser de ese comercio”. Sostuvo, además, que su conducta “no es inocente ni un entretenimiento sin consecuencia, como se promociona a través del tiempo”.
Por su parte, Germán Bernales, presidente del Centro de Derechos Humanos del Comahue (Cedhco), el tema de la penalización a los clientes de prostitución se focaliza en una discusión de índole legal, “porque la prostitución propiamente dicha no es delito para nuestra legislación, por ende entraría en cuestionamiento la punibilidad de quien consume sexo”.
Bernales se preguntó “¿cómo puede saber el cliente de prostitución si está frente a una víctima de trata?”. “Legalmente es complicado”, sentenció.
Relación de poder
El psicólogo social y experto en género y masculinidades Hugo Huberman precisó que la penalización “da por sentado la existencia de lugares de explotación sexual” a pesar de que hay provincias donde han sido prohibidos.
Sostuvo que la iniciativa de penalizar al cliente de prostitución “pone en juego otra vez el dinero en el centro de atención y no el delito”. Y agregó que “en un mercado donde se compran y alquilan cuerpos (mayoría femeninos), donde se mueve mucho dinero, otra vez el vil metal entra en juego metiendo necesariamente más dinero en esta rueda macabra”.
El referente de Lazo Blanco para Argentina y Uruguay comentó que en España existe la penalización, “lo que no ha sido un impedimento para que el delito siga existiendo”.
Por otra parte, Huberman se refirió a la educación de los hombres “que han sido socializados en una sexualidad única, desintegrada y sólo penetrativa”. Por lo tanto, para este psicólogo social, el pago por sexo implica “una relación de poder económica que nada tiene que ver la sexualidad sino con la mujer vista como mercancía y el dinero como elemento de sumisión, mas allá de todas las tradiciones, estereotipos y creencias que rodean nuestro hacernos hombres”.
Precisó que la única manera de evitar los delitos y la explotación sexual hacia mujeres y niñas se logra “transformando la socialización masculina hacia una sexualidad de derechos, y no de privilegios sociales y mandatos a cumplir para ser un hombre cabal. Lo que sin duda es un largo camino”.
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