Cierta experiencia repetida parece estar indicando la conveniencia de apurar previsiones que más adelante podrían ya resultar imposibles. Se hace referencia a la oposición de algunos vecindarios al establecimiento, en su territorio, de instituciones que congregaron a gente no deseada y, por tanto, deshonrosa o peligrosa, como supuestamente son las cárceles y los centros de enfermos mentales.
¿Quién quiere para su pueblo un hospital neusopsiquiátrico como el de La Merced? ¿O una cárcel de menores y de mujeres como el que se quiere instalar en Valle Viejo, en la localidad de Santa Rosa, más precisamente?
Los vecinos de Santa Rosa están en estos momentos decididos a evitar que se le sume dicha unidad carcelaria a su población proverbialmente apacible. Sienten que ya ganaron el derecho a que se los oiga porque padecieron por años la vecindad del Centro Juvenil Santa Rosa que alojaba a jóvenes con serios problemas con la Justicia y que se escapaban con frecuencia.
Los santarroseños de Valle Viejo no quieren cárceles en su pueblo. Sueñan con que la seguridad de la zona no disminuya por la presencia de extraños que circulen por el lugar para visitar a los reclusos y de policías que aumentarán en cantidad, dando con ello la impresión de un constante peligro.
Reconocen el valor de que haya políticas de protección a los menores que necesitan rehabilitarse, pero no en medio de ellos. Han anunciado ya que juntarán firmas para una nota en que se planteará el problema a las autoridades.
En realidad, su oposición no tiene en cuenta sólo el temido auge de la inseguridad. Dicen algo más: una cárcel disminuye el valor de la tierra adyacente y espanta a los potenciales radicados con mayores posibilidades para promover la producción y el progreso urbanístico.
Como sabe el lector, algo parecido sucedió en La Merced, Paclín, donde la queja por el Hospital Neuropsiquiátrico data de hace muchos años. Ahí también los internados se ven como un riesgo. Esperan que el sector de los pacientes de enfermedades mentales se lleve a otro lugar de la provincia. Es probable que tampoco se sentirían satisfechos si para el aludido sector se construyera un edificio distinto en otros sitios del mismo pueblo. Lo que buscan es que La Merced deje de reconocerse como el punto de la provincia reservado para los enfermos mentales.
Cuando pareció que Huaycama, Valle Viejo, se construiría el local para el Neuropsiquiátrico de La Merced, el disgusto fue también generalizado en el nuevo destino. Los motivos son los mismos.
¿Habrá que creer que los presos y los enfermos mentales son algo así como basura nuclear que ningún país quiere alojar en su territorio? Lo de aquí sería más discriminatorio. Lo que se debe albergar en Catamarca son personas, no desechos materiales, y el peligro del material atómico es real y no –o no sólo- prejuicio de raíces muy cortas.
¿Habrá que determinar, mirando el mapa físico de la provincia, un número de hectáreas con las cuales conformar una provincia “sui generis” específicamente reservado para asiento de todas las concentraciones humanas que se consideren “contaminantes” del honor y la seguridad de los catamarqueños de la superficie restante, esto es, sana, de la provincia?