Convocado por el Senado bonaerense, días atrás se realizó el primero de ocho foros que se tendrán lugar en distintos puntos del ámbito provincial con el objetivo de que los diferentes sectores analicen y discutan un proyecto de ley que prevé la creación de la Policía Judicial. Del debate participó, entre un centenar de oradores, el Dr. Guillermo Nicora, consultor y miembro de la Junta Directiva Nacional del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). En diálogo con 0223.com.ar, el fiscal marplatense celebró la decisión de las comisiones de Seguridad de las cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de “abrir” la discusión y “no quedarse exclusivamente con lo que dicen los expertos, los jueces, los fiscales, los abogados o los profesores universitarios”. “Esta es claramente una experiencia de democracia participativa y de crecimiento en calidad democrática”, definió. En ese sentido, sostuvo que “los problemas vinculados a la inseguridad y al uso de la política criminal afectan al ciudadano” y, en consecuencia, “deben estar en manos de la discusión del ciudadano”. Según contó, en el marco de la primera reunión del Foro para una seguridad Democrática, los oradores fueron tanto “especialistas” como “amas de casa y representantes de organizaciones barriales”. “Fue una experiencia muy rica y polifacética en todos los aspectos de la sociedad. No participé de las discusiones de la Ley de Medios pero por lo que me dijo gente que sí lo ha hecho, esto fue muy parecido; un lugar donde realmente todas las voces han sido escuchadas”, remarcó. Inclusive, dijo haberle “llamado la atención” la presencia en forma permanente del vicegobernador Gabriel Mariotto y de los legisladores mientras se desarrollaban las distintas exposiciones, ya que “no es algo que se vea con frecuencia”. UNA POLICÍA JUDICIAL DEL “MUNDO CIVIL” En tanto, al abordar los alcances del proyecto de Ley que promueve el gobierno bonaerense con la finalidad de crear cuerpo de peritos especializados para la investigación de casos complejos, Nicora dijo que la implementación de la iniciativa “es particularmente importante cuando se trata de perseguir aquellos delitos o campos delictuales donde se suele ver o registrar connivencia con efectivos de la policía o, directamente, organización de parte de la policía”. “La trata de personas y delitos conexos o el negocio de la prostitución está claramente vinculado a la actividad policial desde hace muchos años. No se puede en nuestra Provincia ni en ningún otro lado del país abrir un prostíbulo sin tener participación en las ganancias de la policía y esto lo sabe todo el mundo, pero es muy difícil de probar porque para hacerlo uno necesitaría precisamente que la policía lo investigue”, graficó. En el caso de Mar del Plata, agregó, un ejemplo de “complicidad policial” es el mercado ilícito automotor. “Es un negocio que históricamente ha sido vinculado a connivencias, ‘vistas gordas’ y permisos policiales, es decir, las llamadas zonas liberadas. También existieron desarmaderos que han funcionado durante años con el pago de cuotas. Algunos casos han salido a la luz gracias a investigaciones firmes de parte de la Fiscalía General pero han habido claras señales de protección policial”, aseguró. “Con esto quiero decir que hay muchos delitos que no se pueden investigar con investigadores policiales y los Fiscales no tienen cuerpos de investigadores especializados y tienen que caer en la policía. Eso produce un recorte del tipo de persecución que los fiscales pueden hacer”, especificó. En ese orden, el docente universitario abogó por la generación de “una agencia especializada en investigaciones criminales” pero que pertenezca “al mundo civil” y “no sea una repetición o una duplicación de las mismas fuerzas policiales”. “Lo que normalmente conocemos como policía o policía de seguridad tiene como función disuadir el delito o, eventualmente, interrumpirlo si comenzó. Una vez que el delito se ha cometido, la falta de una agencia independiente y especializada en investigaciones, hace que sea la misma policía la que salga a buscar la evidencia que le permita el juzgamiento del caso. Esto no ha funcionado bien ni en Argentina ni en ningún otro lado”, fundamentó. También indicó que en el año 1998 “se hizo un intento muy tibio” pero “en la práctica fue absorbido por la mala política de la implementación de la reforma del Código”. “Los instructores judiciales tendrían que haber sido investigadores pero se transformaron en redactores de actas para los expedientes; o sea, más de lo mismo”, completó. ABOGADOS SÍ, ABOGADOS NO Por otra parte, en relación a quiénes integrarían esos cuerpos especializados, el letrado expresó que “eso es parte de lo que la Ley tiene que determinar”. “El proyecto oficial dice que los miembros deben tener una formación y una capacitación determinada pero el problema cuando se imprimen estos proyectos de Ley es que se habla mucho de los abogados y yo, desde lo personal, no creo que el jefe de los investigadores necesite un título de abogado”, destacó. “Para abogado ya alcanza y sobra con el fiscal pero, sin embargo, la ley dice eso, y eso va a determinar lo mismo que pasó en el ’98: abogados transformados en investigadores haciendo su trabajo desde su formación”, advirtió. A su entender, entre los investigadores deberían haber, por ejemplo, “estudiantes de periodismo, que tienen una técnica especializada en la entrevista”o “asistentes sociales, que son profesionales cuya destreza principal es conocer y comunicar el panorama en el que se desarrollan los fenómenos sociales”. “La palabra detective refiere a una cosa policial pero no es exactamente policial; la investigación es de muchos saberes y de otras ciencias que no tengan que ver con el uso de armas o el manejo del derecho”, puntualizó. “Hay todo un costado de investigación forense o científica en el que por supuesto el investigador debe poder determinar, por ejemplo, qué sucedió a partir de ciertos indicios en la escena del crimen, y si bien eso es muy importante, es apenas una parte. Lo relacionado a obtener información, identificar los testigos y lograr una versión pura de los hechos son cosas para las que va a haber que entrenar a la policía judicial”, evaluó. UN PROYECTO A LARGO PLAZO En el tramo final de la entrevista, el Dr. Guillermo Nicora analizó que pese al “anuncio optimista” del gobernador Scioli, “no se puede pensar en tener una Policía Judicial en la calle en menos de dos o tres años”. “Para hacer realmente un cuerpo de investigadores, hay que armar las escuelas; para armar las escuelas, hay que conseguir docentes, y a esos docentes hay que formarlos. En esto hay que empezar en algún momento y bienvenido sea que estemos en eso, pero no hay que depositar esperanzas en que esto va a dar resultados inmediatos sobre todo, cuando ni siquiera está en claro cuáles son las competencias”, argumentó. Además, hizo hincapié en que aún debe definirse en qué tipo de casos tendrá intervención. “Cuando el Gobernador anunció esto -y así lo refleja el proyecto- dijo que se ocuparía de todos los delitos donde funcionara el crimen organizado, delitos complejos, todos los homicidios y todos los delitos cometidos por funcionarios públicos. Si queremos una Policía Judicial para investigar todos los homicidios, tenemos que pensar en formar no menos de 1500 ó 2000 hombres; prepararlos durante año y medio o dos años y repartirlos en forma tal que puedan estar las 24 horas en cualquier lugar de la Provincia”, aseveró. En ese contexto, estimó que “es mucha cobertura cuando, además, la mayoría de los homicidios que son casos graves, casi nunca son casos complejos y la policía los investiga muy bien”. “Reemplazar ese buen trabajo policial no va a ser fácil. Lo que pasa es que cada tanto tenemos un caso -el de Candela, por ejemplo-, en el que si desde el principio hubiéramos sabido que había intervención policial en el medio, no hubiéramos permitido que la policía se entrometa en la investigación. No podemos saber qué homicidios tienen complicidad policial y atender a todos es algo inmanejable, imposible de pensar”, reconoció. “Muchas voces que se escucharon en el Foro apuntaban a que la Policía Judicial investigara todos los delitos y que la policía de Seguridad se encargara de prevenirlos y nada más, pero eso es un proyecto a largo plazo”, insistió. Por eso, propuso empezar con la iniciativa en forma “modesta” para después “consolidarla”. “Además, esto es muy caro. ¿De dónde saca la Provincia los recursos que hoy, fácil, deben ser el 30% del presupuesto que la policía gasta en investigaciones? Nadie estaría dispuesto a sacarle el 30% de presupuesto a la policía ni la policía estaría dispuesta a entregarlo. Tendríamos una enorme cantidad de gente enojada porque desfinanciamos la policía para darle la plata a los fiscales pero si quisiéramos una Policía Judicial que intervenga en todos los delitos, esa sería la transferencia de presupuesto y, empíricamente, eso es inviable. Hay que trabajar pensando en metas modestas, en comenzar de a poco y de construir experiencias”, apuntó. Y sentenció: “He conversado con varios legisladores y son conscientes de que este es un problema difícil y por eso es necesario encararlo con un debate comunitario. Es muy importante ganar la confianza del ciudadano y que el ciudadano sienta que esta vez sí se están haciendo las cosas bien y no ‘patinando’ como tantas veces sucedió en materia de seguridad. Esto se logra con inteligencia, transparencia y, sobre todo, mucha participación”.

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