Desde que se inauguró en nuestro país la peligrosa modalidad de los linchamientos, aunque aislados, éstos hechos no han cesado y en el Chaco suceden en forma frecuente y en muchas oportunidades son grabados y difundidos por los medios periodísticos.
Recordemos que en 2014 uno de éstos hechos culminó en la muerte de la víctima. En Rosario, David Moreira, de dieciocho años, fue atacado por una turba supuestamente por intentar robar una cartera. Falleció tres días después producto de la golpiza recibida.
Cuando se justifica un linchamiento por catalogar de delincuentes a las víctimas de dichos actos se está justificando un acto criminal. El linchamiento atenta no sólo contra el derecho a la vida e integridad de la víctima, sino también contra los derechos a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. Cuando los vecinos advierten la comisión de un delito lo que deben hacer es inmovilizar o sostener en el lugar al presunto delincuente, si es que ello resulta factible, y aguardar la llegada de la policía.
De ningún modo se justifican los actos delictivos cometidos (generalmente arrebatos) pero es preciso volver a señalar que la reacción de los vecinos también constituye delito.
Desde el Capítulo Chaco de la Asociación Pensamiento Penal recordamos que estos actos constituyen una reacción selectiva y clasista. Quienes cometen delitos de mayor gravedad, como hechos de corrupción, no son señalados ni atacados por los vecinos; se ataca al delincuente menor.
El Estado, a través del Ministerio Público Fiscal, tiene la obligación de investigar y acusar a quienes cometan estos delitos; y resulta imperioso que las autoridades trasmitan, a través de investigaciones concretas, sobre la participación de quienes cometen los linchamientos, que estos hechos no sean interpretados como actos de justicia popular.
Ningún dolor es digno de festejo y la participación de quienes intervienen en los linchamientos debe ser investigada, insistiendo en que son inaceptables en un Estado de Derecho y en una sociedad democrática.
Resistencia, 23 de enero de 2017.
