En abril se cumplirán dos años desde que Jorge Baclini fue nombrado fiscal regional de Rosario pero su cargo, contra su deseo, lo ha ejercido a medias. Las demoras en la puesta en marcha del nuevo sistema provincial de juicio aplazan una forma de investigar el delito que, según estima, será menos errática y deficitaria que la actual. Eso porque se ajustará a criterios basados en un análisis de información delictiva de mucha mayor calidad que la disponible.
«Es impensable lograr mejores resultados contra el delito en Santa Fe sin la vigencia plena del nuevo sistema penal. Hoy encontramos falencias profundas en dos planos: qué hacer para prevenirlo y qué hacer una vez que se comete. En Rosario tenemos diez fiscales pero serán 69 cuando se aprueben a nivel legislativo los pliegos de los que hoy están designados. Lo decisivo para mejorar los estándares de prevención y esclarecimiento no tiene que ver sólo con más fiscales, sino con que éstos se inserten en un esquema donde cambia el modo de investigar. Y además hay que rendir cuentas. Ante un homicidio impactante habrá que explicar a la comunidad cómo marcha la investigación o por qué no se aclaró. Eso hoy no existe».
—¿Por dónde pasa lo sustancial de ese cambio?
—Los fiscales, ya no los jueces, tendrán en sus manos la investigación. Al tener la fiscalía como atribución la persecución del delito nosotros podremos disponer cuáles son las líneas a seguir y con qué estructura. Un ejemplo: si hay un colapso con muertes violentas, que hoy se investigan con enormes falencias, puedo formar una unidad especial para investigar homicidios y asignar un número de fiscales exclusivamente a eso. Lo que va a generar un cuerpo más especializado y con capacidad de contactar entre sí los casos con rasgos comunes. Algo muy distinto de cómo trabajan hoy los juzgados de Instrucción: sin vincular un caso con otro, atendiendo 50 causas distintas al mismo tiempo y con una estadística que pasa por la cantidad de resoluciones que se dictan y no por su calidad.
—Hoy no hay análisis criminal de calidad y por ello no se siguen métodos racionales para perseguir el delito. ¿En qué va a modificar un Ministerio Público con muchos fiscales el procesamiento de información al respecto?
—Lo que mejora es que dispondremos de una información bien desagregada. No vamos a tener una estadística poco útil que diga, como pasa ahora, que trabajé 500 causas y resolví 200. En adelante diremos que trabajamos 500 causas de las cuales 60 eran homicidios. Y que de esos homicidios 50 víctimas eran varones y 10 mujeres. Y que entre los varones tales se movían en tal zona y estaban inscriptos en tales conflictos. Habrá un banco de datos que permitirá conectar hechos y estos se podrán trabajar a partir de una instrucción del fiscal regional.
—El año pasado hubo en Rosario dos secuencias de delitos alarmantes. En un caso, ejecuciones muy violentas en la calle a personas que se presume ligadas al tráfico de drogas. En otro, ataques a balazos a empresarios o comerciantes que trasladaban dinero, dos de los cuales terminaron en homicidio. Ningún caso de las series, que siguen patrones muy comunes, está aclarada.
—El nuevo sistema puede unificar esos casos para trabajar sobre patrones comunes. Supongamos los escruches a los departamentos. Hoy los casos se trabajan por separado por la actividad policial o lo que haga la oficina de NN con una estructura acotada. Si hay escruches en la zona de la 1ª, la 2ª y la 3ª, las comisarías no los vincular. Y si no se aclara un caso rápido no lo siguen. Yo en cambio puedo asignar un fiscal para que sólo investigue los diez casos de ese tipo que se producen por semana. Y estaremos en condiciones de agrupar todos los hechos que se produjeron en los últimos 30 o 60 días. Haciendo eso se mejorará mucho el estandar investigativo. Hoy cada juez de instrucción tiene su propia política de persecución. Si tenemos 15 juzgados tenemos 15 políticas aisladas. En cambio el fiscal general tiene un solo criterio de persecución y lo baja a todo su cuerpo de fiscales.
—El hecho de que hechos alarmantes como los mencionados no se aclaren no sólo producen más inquietud sino que desacreditan a las instituciones. ¿Cómo es posible que éstas no se den una política para comunicar cómo avanzan las investigaciones?
—Justamente ahora habrá que rendir cuentas. Ante un homicidio de impacto, por ejemplo, se deberá explicar a la comunidad cómo marcha la investigación o por qué no se aclaró. Eso también tiene que ver con un criterio selectivo. Como brazo ejecutor de la política de persecución el jefe de fiscales tiene que elegir a qué delitos les da prioridad. Y estos deberán ser los que mayor alarma producen en la sociedad
—¿Qué rol espera que juegue en las investigaciones una policía muy cuestionada por sus mañas al respecto?
—Pienso en cuerpos operativos de la policía en la calle adscriptsos a la fiscalía para que trabaje a nuestras órdenes. Necesitamos como prioridad una policía judicial que adopte una forma de persecución distinta a la lógica policial que conocemos hoy. Como fiscal yo tengo que poder instruir de modo directo a un policía para que persiga a tal persona que produce tal serie de conflictos. Tomemos los casos de quioscos de drogas. No digo que esté mal o bien demolerlos. Lo que señalo es que falta algo elemental, que es identificar el movimiento que se genera en torno del quiosco. Hoy no sabemos quién le lleva la droga al chico que trabaja en el quiosco ni quién va a buscar el producido de la venta. No puede ser que no tengamos alguien que esté vigilando y verifique quién entrega la droga, quién busca la plata, a dónde la lleva y a quién se la entrega. Sin ese circuito de datos derribar el bunker no servirá de nada. Esta tarea de vigilancia es distintiva de una policía judicial que debe pertenecer y reportar al que imparte la orden que es la fiscalía. Si el dueño de la investigación es el fiscal, como dice un autor alemán, lo adecuado y correcto es que la policía judicial dependa de él.
—¿Facilitará el nuevo sistema una coordinación mejor entre Justicia provincial y federal para un control más eficaz del narcotráfico?
—La verdad que no soy optimista. La estructura de la Justicia federal es muy pobre, tiene pocos fiscales y una lógica de acción ineficaz en todo el país, no es un problema de Rosario. La dinámica de la droga a la Justicia federal se la está llevando por delante. Por eso creo que tenemos que revisar la ley que permite transferir las causas menores por droga a la provincia. En principio yo no estaba de acuerdo en el traspaso porque esto fragmenta las investigaciones. Sin embargo últimamente, enfocando la problemática que tiene la Justicia federal, sobre todo en el interior del país, tal vez haya que repensar eso. Con la cantidad de fiscales que nosotros vamos a tener que la provincia avance en casos de criminalidad mediana en cuestiones de drogas podría mejorar bastante las investigaciones. No atacaríamos solo el quiosquito sino que avanzaríamos uno o dos escalones más. Entiendo que ante la expansión violenta de la droga las provincias tienen que revisar criterios porque los problemas críticos los tienen en sus territorios, sobre todo urbanos.ç
fuente http://www.lacapital.com.ar/policiales/No-es-posible-mejorar-ante-el-delito-sin-la-vigencia-plena-del-nuevo-sistema-penal-20130214-0007.html