La resolución que se tomó con el fiscal general de General Pico, Carlos Salinas, era una pauta de lo que podía pasar con la denuncia que involucraba a otros funcionarios judiciales de la misma ciudad.
El jury contra los fiscales de General Pico, Héctor Aberásturi y Alejandro Gilardenghi no va a continuar porque el jurado decidió, por cuatro votos contra uno, no aceptar la denuncia por lo que se clausura el procedimiento al no aceptarse la denuncia.
El diputado provincial Martín Berhongaray fue el único que votó por admitir la denuncia contra los funcionarios judiciales y que el jurado de enjuiciamiento siguiera su marcha. En tanto el presidente del Superior Tribunal de Justicia, y presidente del jury, Víctor Menéndez, la también diputada Silvia Larreta, y los abogados Carlos María Chapalcaz y Marcelo Ciufetti se manifestaron por rechazar la presentación en contra de los fiscales piquenses.
La ley 313 determina que el jury debe desechar o admitir la denuncia, y el jueves último el jurado se reunió para decidir por la segunda instancia. Las actuaciones habían sido impulsadas por los diputados del Frepam, Hugo Pérez, Lidia Duperoú, Claudia Giorgis, Juan Carlos Olivero, Delma Sánchez y Luis Solana.
La denuncia.
Los promotores del enjuiciamiento endilgaron a los denunciados Alejandro Gilardenghi y Héctor Aberásturi «un mal desempeño en sus funciones» resultante de la defectuosa labor desplegada en el marco de la investigación abierta a raíz de la desaparición de Sofía Milagros Viale. Puntualmente reprocharon a los Fiscales sometidos a proceso de remoción haber mantenido la fuga como única hipótesis investigativa, sin reparar en otras alternativas como la trata de personas o la posible comisión de delitos de tinte sexual; no haber dispuesto en forma inmediata los allanamientos y/o requisas de domicilio de «todo individuo con antecedentes en delitos contra la integridad sexual del barrio o en cercanías a la vivienda de la víctima»; no haber dirigido a la policía en función judicial; haber direccionado la investigación hacia la familia de la víctima sin contar con elementos convictivos que avalen tal estado de sospecha.
Es decir que les enrostraron a los denunciados «falencias investigativas y un grave yerro en el camino desandado para el esclarecimiento del caso».
El voto de Berhongaray.
Martín Berhongaray, al fundamentar su voto para que se acepte la denuncia dijo que «el nuevo modelo confiere a los fiscales una posición estratégica en la dirección del proceso y en la persecución con componentes absolutamente antitéticos respecto del prototipo anterior. En el marco del juicio político seguido al Fiscal General Carlos María Salinas, quedó demostrado que, en función de la complejidad de la investigación, oportunamente se resolvió la conformación de un equipo de trabajo especial integrado por los fiscales Noelia Afonso, Alejandro Gilardenghi y Héctor Aberásturi junto a miembros de la Policía, quienes se dedicaron casi exclusivamente al desarrollo de esa tarea».
«Desenlace inconveniente».
Señaló el diputado que resultaba «absolutamente inconveniente manejar estos casos sobre la base de la opinión preliminar de que ‘el menor se perdió’ (hipótesis de fuga), pues obstaculiza la identificación inmediata de información crucial que tanto el personal policial como los miembros del Ministerio Público se encuentran capacitados para percibir y administrar. Lo aconsejable será comportarse frente a cada informe de un menor desparecido como si estuviera en riesgo inmediato, hasta que la investigación confirme lo contrario. Los elementos obrantes en autos ponen de relieve una deficiente reacción inicial de parte del Ministerio Público Fiscal que pudo haber afectado el progreso de la investigación».
Consultado por LA ARENA Berhongaray señaló que entendía que «el desenlace que se dio es absolutamente inconveniente, porque en esta clase de procesos pues sólo en la segunda etapa del enjuiciamiento, que culmina con el debate oral y público, se logra profundizar la investigación y alcanzar la certeza sobre el hecho y el nivel de responsabilidad de los denunciados. En algún momento debiera entenderse que existe un interés social que obliga a profundizar la investigación en estos procesos, salvo que exista la certeza absoluta de que no se cometió ninguna irregularidad, situación que claramente no se verifica en estas actuaciones», concluyó.
