Prohibir, perseguir al consumidor y combatir la violencia con más violencia son estrategias de un paradigma que ya fue. La “guerra contra las drogas” no funcionó, sólo generó más muertos. Eso concluyeron los líderes de Latinoamérica en la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de 2012. Pero el panorama de la región todavía sigue negro. Hoy, la campaña global #ApoyeNoCastigue (#SupportNotPunish) promueve, en 150 ciudades del mundo, que las políticas de drogas prioricen la salud pública y los Derechos Humanos.

En Uruguay se legalizó el cultivo y la compraventa de marihuana con control estatal. En Chile, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto para legalizar el autocultivo de cannabis con ‘fines espirituales, medicinales y recreativos’, y despenalizar la tenencia de hasta diez gramos de marihuana por persona. En Colombia el Senado aprobó el primer debate para legalizar la marihuana medicinal.

Sin embargo, aún en Uruguay -donde es el propio Estado el que regula el mercado de cannabis-, la policía detiene a los cultivadores: ¿Cómo se hace para que aquello que fue un delito deje de serlo en la mente y percepción de quienes tienen la potestad del uso de la fuerza?.

En Argentina los partes policiales siempre empiezan más o menos de la misma forma: un masculino camina por la estación de tren, la plaza o una esquina oscura en “actitud sospechosa”. Cuando el pibe se cruza con un policía, pega media vuelta y trata de escapar. El oficial lo persigue, lo requisa, le encuentra un cigarrillo de marihuanay lo detiene.

Alexis Torrijos estuvo seis meses preso en Santiago del Estero porque Gendarmería le encontró 15 gramos de marihuana. Como no pudieron probar la comercialización, lo liberaron. Los jueces se basaron en la jurisprudencia del Fallo Arriola, que consideró inconstitucional la persecución al consumidor.

Durante la segunda quincena de julio del año pasado el fiscal Federico Delgado hizo unestudiosobre todos los casos que recibió: de las 277 causas relevadas, el 73% de las detenciones es por infracción a la ley de drogas. La cantidad de detenciones por tenencia de estupefacientes para consumo personal (175 en 145 causas) muestran la “selectividad policial”. Más de la mitad de las personas con sustancias para consumo personal fueron detenidas por usar marihuana o cocaína en la vía pública, el 45,5% por “actitud sospechosa” y el 1,5% por otro delito a partir del cual la policía le encontró droga.

Hoy es el Día Internacional de las Naciones Unidas Contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas. La Asociación Civil Intercambios de Argentina sostuvo que hay que “seguir discutiendo las políticas de drogas a nivel nacional” y conducirlas “hacia un enfoque socio-sanitario que respete los estándares internacionales de Derechos Humanos”.

Intercambios propone 15 ideas para una nueva política de drogas:

1- Despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal.

2- Eliminar las medidas de seguridad educativa y curativa de la Ley de Estupefacientes 23.737. La educación y la salud son derechos y no pueden convertirse en castigo aplicado por la Justicia penal.

3- Despenalizar el cultivo para consumo personal: son una forma de evitar la cadena de tráfico y delito.

4- Precisar las figuras de “tenencia simple” y/o “tenencia con fines de comercialización”. Actualmente la ley de estupefacientes habilita márgenes amplios de discrecionalidad en las detenciones policiales. Estas detenciones, en muchos casos, dan lugar a situaciones de violencia que implican graves violaciones de los derechos humanos.

5- Atenuar la escala penal para los pequeños actores de la cadena del tráfico: los eslabones más bajos reciben castigos como si fueran parte del crimen organizado.

6- Modificar el Código Aduanero para atenuar la escala penal por contrabando a las “mulas”: una persona que transporta una pequeña cantidad por la frontera puede ser condenada hoy a 16 años de prisión.

7- Mantener despenalizados la tenencia y el uso de la hoja de coca en su estado natural. Estas conductas no son delito en la Argentina y este posicionamiento respetuoso de los usos culturales debe continuar.

8- Crear un Programa Nacional de Atención Integral para Usuarios de Drogas para garantizar el acceso universal a la prevención, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños e integración social.

9- Priorizar los tratamientos ambulatorios y los distintos dispositivos alternativos a la internación en consonancia con la ley de Salud Mental 26.657.

10- Asegurar que los dispositivos de atención a usuarios de drogas estén basados en fundamentos científicos y ajustados a principios éticos: se debe evitar la discriminación y favorecer el acceso a los tratamientos.

11- Incluir las estrategias de reducción de daños en las políticas de atención a usuarios de drogas. 12- Respetar el derecho de toda persona que usa drogas a elegir el momento y el tipo de dispositivo de atención. No deben ser obligadas a iniciar, suspender o aceptar un determinado tratamiento.

El consentimiento informado debe comunicar las alternativas y condiciones que existen.

13- Facilitar el acceso irrestricto a la atención de la salud de las personas privadas de libertad con consumo problemático de drogas. La situación procesal no puede usarse como argumento para impedir el inicio o continuidad del tratamiento.

14- Fortalecer los mecanismos de control estatal de los servicios destinados a usuarios de drogas. Es responsabilidad del Estado garantizar la calidad de los tratamientos y el respeto de la dignidad de las personas atendidas.

15- Formalizar mecanismos de participación social en el diseño de políticas y programas de atención. Es necesario involucrar a la sociedad civil, la academia y los usuarios de drogas.