El chirrido de una motosierra acalla la voz de Emilio Herrera Molina, miembro del tribunal que el 11 de diciembre pasado absolvió por unanimidad a los 13 imputados del secuestro y la promoción de la prostitución de Marita Verón. Un motociclista acaba de morir aplastado por un árbol, justo bajo la ventana de su despacho. “Eso es mala suerte”, opina el juez este viernes sin mayas ni fin del mundo.
Aunque aquel accidente demuestre que siempre se puede estar peor, el staff de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán tiene preocupaciones de sobra. Mientras los Tribunales cierran 2012, Herrera Molina y sus pares Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano deliberan sobre a quién contratarán para que los defienda en el juicio político que se avecina. Susana Trimarco, la todopoderosa madre de Marita, ha pedido sus cabezas y el Gobierno de José Alperovich parece dispuesto a entregárselas.
“Venimos de diez meses de juicio oral… Hemos vivido un infierno”, confiesa a PERFIL Herrera Molina, de 69 años. Y añade: “Lo más fácil era condenar, pero esto iba en contra de nuestras convicciones. Aquí nos tomamos en serio el Estado de derecho”.
En eso llega Piedrabuena con el mamotreto de la sentencia completa: 700 fojas a tono con los cincuenta y tantos cuerpos que acumula el expediente. “Nuestra función consiste en decidir: no estamos facultados para investigar ni para remendar una instrucción deficitaria”, explica el juez.
Los considerandos que entregaron este miércoles desmenuzan los 120 testimonios recibidos y demás constancias de la causa: nada disipa, según el tribunal, la incógnita del 3 de abril de 2002, día de la desaparición de Marita Verón. Los errores investigativos que identifican Herrera Molina y Piedrabuena incluyen desde una escasa exploración del entorno familiar de la joven hasta decisiones que consideran inexplicables (“¿por qué no citaron a declarar a Rubén Ale si estaban tan convencidos de que protegió a los supuestos secuestradores?”, interrogan).
“Sin duda, éste es el caso más difícil de nuestra carrera”, evalúa Herrera Molina, que accedió a la magistratura en 1986. “Ningún tribunal lo quería. Yo hice el sorteo (de causas entre las salas), de modo que soy el responsable”, añade con humor Piedrabuena, que tiene 61 años y es juez desde 1984. Eduardo Romero Lascano, de 66, se integró a la Sala II en 2011, tras trabajar como abogado en el Reino Unido. De los tres, el último es el de más bajo perfil: no presenció la lectura de los fundamentos y sólo entró en esta entrevista para saludar. Romero Lascano, que es primo de Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia, pertenece a la camada de jueces seleccionados por el sistema de concursos públicos implementado en la provincia a fines de 2009.
Al menos Herrera Molina y Piedrabuena afirman que intuían el terremoto oculto en el caso Verón. “La altísima mediatización estaba a la vista”, postula uno. “Nosotros no tenemos preparación para tratar con la prensa”, añade otro. Ambos contestan la acusación de cobardía recordando que su tribunal emitió más sentencias condenatorias que de las otras. Respecto del rumor de que Ale les habría dado una millonada por el fallo (versión animada por Trimarco y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner), declara Herrera Molina: “No somos (el juez federal Norberto) Oyarbide, sino ciudadanos sencillos. Vivimos y trabajamos en lugares austeros”.
Dicen que ganan entre 36 mil y 40 mil pesos por mes. Y que el descontento de la sociedad con la Justicia podría solucionarse con juicios por jurados. También insisten en que el fallo aún puede ser apelado y recuerdan que remitieron las actuaciones a los Tribunales de La Rioja para que investiguen las conexiones de algunos imputados con la prostitución. Por último, piden: “Ahora esperamos que quienes nos enjuicien sean tan justos e independientes como lo fuimos nosotros”.
fuente http://www.perfil.com/ediciones/2012/12/edicion_739/contenidos/noticia_0065.html
