Un hueco enorme atraviesa la unión de los dos cuerpos del edificio ubicado en Talcahuano 612. Por allí subirá y bajará el ascensor que conecte los tres pisos en los que estarán repartidas las oficinas de la treintena de empleados de la nueva Cámara de Casación Penal y sus diez magistrados. La reparación de mampostería aún sigue; existen salas que todavía conservan vestigios de sus, a esta altura, antiguas funciones: el Registro Nacional de Reincidencia. Pero, de a poco, el flamante tribunal de alzada toma forma. Formalmente comenzó su actividad el lunes pasado: ya recibieron más de 50 causas sobre las que deberán trabajar. “Si probamos que se puede, no hay impedimento para que este mecanismo lo implementen en todo el Poder Judicial”, imaginó su presidenta, María Laura Garrigós de Rébori.
En voz baja y de reojo, son varios sectores los que descalifican a la Cámara de Casación Penal que por estos días se presenta como “nueva”, aunque por ley fuera creada hace ya casi siete años. “La cámara K”, la señalan. Garrigós es titular de la Asociación Justicia Legítima y también integrante de la Asociación de Magistrados. Su vicepresidente, Horacio Días, comparte el último colectivo. Y no es la simpatía por el oficialismo el elemento que los unifica con el resto de los integrantes del flamante tribunal. Días, Gustavo Bruzzone y Luis García conforman la Sala 1. La 2 es el espacio de Eugenio Sarrabayrouse, Daniel Morín y Luis Niño, mientras que Pablo Jantus, Carlos Mahiques y Héctor Magariños trabajan en la 3. En una sola cámara estarán representadas todas las vertientes del espectro penal –son juristas que llegan desde la rama del penal económico, el correccional, el de menores, algunos jueces trabajaron en tribunales orales y otros en la instrucción o en la Cámara de Apelaciones–. Allí radica uno de sus puntos fuertes, según su presidenta. “Toda la experiencia está en esta cámara. Esto no es un asunto menor”, remarcó.
Esta nueva estructura se integra al Poder Judicial para descomprimir el desborde de expedientes que atajó, hasta este lunes, Casación Federal con asiento en los tribunales de Comodoro Py y que dirige Ana María Figueroa. Los cálculos indican que la nueva cámara absorberá casi la mitad del trabajo del fuero más populoso del país. En Comodoro Py quedarán los expedientes que conllevan delitos complejos como narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Tal cuestión podría permitir la inferencia respecto de la exposición que tendrán los camaristas que la integran para definir tal o cual expediente. Sin embargo, de haber comenzado a funcionar antes debería haber intervenido en los conflictos relativos a la investigación sobre la muerte de Mariano Ferreyra y, anteriormente, sobre la masacre de Cromañón. Una causa tan fuerte en la agenda mediática como lo es la muerte del fiscal Alberto Nisman está, por el momento, en el fuero ordinario.
Más allá de los cálculos, hay una diferencia entre una estructura y otra: los nuevos camaristas idearon una nueva mecánica que aseguran “apunta a mejorar el servicio de Justicia”. En ese sentido, explicó el vicepresidente: “Que una causa se devuelva más rápido cuando es inadmisible aporta a que los procesos avancen y no se queden estancados sin razón; que exista una estructura administrativa permitirá que los jueces sólo se preocupen por las sentencia; que haya una sola mesa de entrada reduce la burocracia, todo en el marco de la oralidad y la publicidad de los hechos que pasen por allí”. “Es de esperar que la jurisprudencia de esta cámara marque el rumbo”, añadió la presidenta.
Aunque los preparativos demoraron el inicio hasta el lunes pasado, los diez integrantes juraron sus nuevos cargos ante la Corte Suprema a mediados de septiembre pasado. También están designados los defensores propios de la instancia, pero faltan los fiscales. Los designados por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, permanecen suspendidos junto con el resto de las 16 subrogancias nombradas por el Ministerio Público Fiscal alcanzadas por medidas cautelares de la Asociación de Magistrados y el diputado massista Mauricio D’Alessandro. Para Garrigós, “va a ser un problema no tener fiscales”, por lo que la cámara enviará un oficio a la procuradora para consultar cuáles son las otras posibilidades y saber a quién deben derivar las causas.
Los cambios
Por ley, la cámara debe estar compuesta por diferentes salas que operan de manera independiente entre sí, lo cual, a primera vista, no permitiría modificar el funcionamiento “feudal” de ese tribunal. Sin embargo, los nuevos camaristas idearon su propio reglamento, que homologa mecanismos que algunas provincias mantienen en acción y permite otra clase de operatividad entre sus miembros. “Está pensada para trabajar en equipo; no puede funcionar de otra manera: sabemos que trabajar entre todos es la mejor estrategia para que el trabajo salga y rápido”, apuntó la presidenta. Se espera que el resultado sea una mayor eficiencia, un aprovechamiento exhaustivos de los recursos humanos con los que se cuenta –por el momento, escasos– y un desenvolvimiento jurídico desprovisto de cálculos políticos, todo ello sobre la base de la oralidad y la publicidad. “Se trata de un sistema de funcionamiento mucho más democrático”, resumió.
Tres instancias estructurales creadas por los camaristas provocan el principal cambio en esta flamante instancia de revisión de asuntos penales ordinarios: una Mesa de Entradas general, una Oficina Judicial y una Sala de Admisibilidad. Por la Mesa de Entradas única ingresará y saldrá toda presentación que llegue a la instancia. “Cuanto más circula un expediente por estructuras administrativas no definitorias, más tiempo se pierde en su resolución, se buscó evitar replicar estructuras burocráticas”, explicó Días.
La OJ estará dirigida por un director y absorberá los trámites administrativos de las tres salas, como el de la fijación de audiencias, para lo que llevará una agenda única. Así, se busca incentivar el “pronto” tratamiento, avance y resolución de cada causa, desligando a los magistrados del manejo a discreción de este paso administrativo que implica una de las razones más usuales de demoras en el tratamiento de expedientes. Según el Código Procesal Penal vigente –no es, aún, el aprobado a mediados del año pasado por el Congreso–, una vez que fija una audiencia, el camarista tiene 20 días para emitir un recurso, pero si la audiencia aún no fue ordenada el plazo no corre en absoluto. No hay límite que obligue a los jueces a hacerlo. Ese paso administrativo, entonces, se vuelve una herramienta de poder en manos de jueces dispuestos a especular con el impacto político y social de sus decisiones. En la nueva cámara, es el director de la OJ quien fija los encuentros sin ninguna otra consideración que el lugar de llegada de cada carpeta. “Allí se transparenta el proceso”, indicó el vicepresidente del cuerpo.
En esta instancia, las salas tampoco serán las responsables de determinar la admisibilidad o no de los recursos presentados. Así, las causas no podrán ser “planchadas” durante años para luego ser desestimadas sin más. Hace días, la Corte Suprema decidió que no le correspondía analizar la causa sobre las torturas que sufrieron los soldados en Malvinas. La causa había llegado hace dos años. En la nueva cámara, admitir o no expedientes queda en manos de la Sala de Admisibilidad, integrada por un juez de cada sala,.
Todo trámite que llegue a la cámara será tratado desde la oralidad y la publicidad. “En audiencias orales y públicas, de las que podrán participar los ciudadanos, cualquiera de las partes en pugna deberá explicarle al juez por qué tal o cual medida tomada le parece injusta o incorrecta”, definió Días. Por cuestiones de desborde de trabajo, Casación Federal se vale de la posibilidad de trabajar en base a “breves notas”. “¿Qué falta allí? El control ciudadano”, apuntan desde la nueva cámara.
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