SITUACIÓN DE LOS  DERECHOS  HUMANOS

EN EL SISTEMA PENAL ARGENTINO DURANTE EL AÑO  2011

1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

El funcionamiento del sistema penal continúa presentando las graves deficiencias señaladas en nuestros informes de años anteriores, el Poder Ejecutivo nacional, sostiene un doble estándar. En efecto, por un lado en cuanta oportunidad es posible declama su firme decisión de ajustar sus actos de gobierno a los preceptos constitucionales en materia de DD.HH. y por otro lado altos funcionarios del gobierno persisten  en un accionar que no sólo violan los mencionados preceptos, sino que, además generan conflictos con un índice de violencia que cuesta vidas y que éticamente son altamente cuestionables como es el caso del Parque Indoamericano[1]. Lamentablemente, los desaciertos del Poder Ejecutivo tanto nacional como el de muchas provincias, no encuentran contención ni reparación en el Poder judicial. En efecto, a un año del dramático suceso del Parque Indoamericano, nos enfrentamos con varias cuestiones de difícil explicación: en primer lugar mientras se desarrollaba una brutal represión, en un mismo día se excusaron de intervenir cuatro jueces. La causa aún sin resolver tiene como novedad un fallo que al menos podría de tildarse de “llamativo”, un cambio de carátula que beneficia a los agentes del orden involucrados en la represión[2] . A lo largo del presente informe observaremos que estamos muy lejos de alcanzar estándares razonables en materia de DD.HH. en el sistema penal, entre otras cuestiones porque cohabitan viejas prácticas autoritarias con una dirigencia política de accionar errático y oportunista[3] cuyas consecuencias las pagan los ciudadanos civiles, las mismas fuerzas de seguridad mal entrenadas y que repiten conductas violentas con los consiguientes perjuicios[4]. Un ejemplo del funcionamiento que mencionamos lo constituye el “Caso Ferreyra”. En efecto, el militante asesinado durante una protesta por los despidos de trabajadores de las empresas de servicios “tercerizadas” del ferrocarril ex “Roca” judicialmente ha tomado un giro inesperado[5]  Hasta ahora los resultados más visibles de la investigación del crimen de Ferreyra estuvieron relacionados con los autores materiales. Hay siete detenidos, encaminados hacia un juicio oral por homicidio calificado. En paralelo, avanzó otro expediente anexo donde se intenta desentrañar si la Policía Federal actuó con negligencia o si liberó la zona para que el grupo de choque de la UF (Unión Ferroviaria) atacara a los trabajadores tercerizados y las agrupaciones políticas que los acompañaban en un intento de corte de vías en reclamo de puestos de trabajo. Esta pesquisa en un comienzo estuvo a cargo de la fiscalía de Cristina Caamaño, luego nombrada Viceministro de Seguridad. Reemplazada por Fernando Fiszer quién al cierre del presente informe continua la investigación a fin de presentar formalmente los cargos correspondientes para la elevación a juicio oral.

Un fallo de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) pone en cuestión los mecanismos de la administración de justicia en cuanto se trata de investigar hechos que involucran tanto a las fuerzas de seguridad como a las órdenes impartidas por funcionarios políticos[6] . El 27 de Mayo del presente año, organizado por la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados, a cargo de la Sra. Diputada Victoria Donda Pérez sobre “Democracia y Derechos Humanos en las Cárceles Federales”, por una nueva Ley del Servicio Penitenciario Federal. “De alguna manera, estamos comenzando a saldar una gran deuda de la democracia porque este tema no ha sido discutido a lo largo de todos estos años, cuando es público el estado de situación existente en las cárceles argentinas. Además, es pública la necesidad de hacer una reforma muy profunda a la legislación vigente”[7]. El trabajo no tuvo continuidad debido a que prácticamente no hubo actividad parlamentaria por ser un año electoral donde la mayoría de los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición se involucraron de lleno en la campaña.

El OIP tomó la misión de ser observadores tanto en las elecciones PASO  (primarias abiertas y obligatorias) con la cooperación de Agir Ensemble, como en las elecciones generales del voto de los detenidos en situación de prisión preventiva. El resultado es poco alentador. El interés puesto por el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de la Dra. Servíni de Cubría, como de la Cámara Federal Electoral, no se ve reflejado en los juzgados electorales provinciales ni en los partidos políticos para motivar a los internos a ejercer el derecho y la obligación del ejercicio ciudadano al voto. No parece advertirse que forma parte de la socialización de las personas en conflicto con la ley penal. En cuanto a los delitos y/o situaciones de violencia ejercidos sobre Niños/Niñas y adolescentes, la situación es alarmante. Desde distintos sectores de la sociedad civil y el mismo Poder Judicial se viene advirtiendo sobre este hecho, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas efectivas al respecto[8]. El tráfico de personas tiene en los niños y niñas y adolescentes entre sus víctimas, el caso de la niña boliviana rescatada de una quinta en la ciudad de La Plata, es ilustrativa de esta situación[9]

Finalmente consideramos sumamente auspicioso el reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación que declara inconstitucional la retención del 25% del salario de todos los detenidos alojados en instituciones carcelarias, la que debía solventar “gastos de alojamiento y como aporte a la resocialización”[10]

2. SITUACIÓN DE LOS MENORES DE VEINTIÚN AÑOS EN EL SISTEMA PENAL ARGENTINO

Tanto las provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA) siguen sosteniendo un déficit muy notorio en relación a políticas públicas de contención y socialización de jóvenes en estado de vulnerabilidad y/o con conflicto con la ley penal. Los adolescentes y niños/niñas en estado de mendicidad y extrema vulnerabilidad es público y notorio, basta caminar por centro de la CABA o por los alrededores de las estaciones de ferrocarril tanto de las terminales en la CABA como las del conurbano bonaerense para constatar el hecho”, niños/niñas y adolescentes se ven cotidianamente tirando de carros por la CABA realizando el trabajo denominado “cartonero”. Esto no está desarrollándose en las periferias sino a 50 metros de la casa de Gobierno de la Nación, a pasos de la Legislatura porteña y a metros del Honorable Congreso de la Nación. La “invisibilización” del estado de abandono y desprotección de centenares y niños/niñas y adolescentes es un modo perverso de “naturalizar” la violación sistemática de los Derechos del Niño/Niña y Adolescente que forman parte de las garantías constitucionales y de las Convenciones y Tratados de que la Argentina es Estado parte.

3. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES

Un dramático hecho se suscitó el día 31 de mayo de 2011 en el Servicio Psiquiátrico Central de Varones (Unidad Nº 20, Servicio Penitenciario Federal) que funciona en el interior del Hospital de Salud Mental «José T. Borda” de la CABA y que tuvieran como desenlace trágico, la muerte de dos personas y varios heridos. David Díaz Ríos y Leandro Nahuel Muñoz fueron los internos que reportó como muertos el Servicio Penitenciario Federal. Ambos estaban encerrados “en la Sala de Tratamiento Individual, por prescripción del psiquiatra de turno, Emiliano Hayquel”, miembro del dispositivo civil que gestiona en la unidad el Programa Nacional del Interno con Enfermedad Mental Grave. Aunque no se sabe si hubo un cortocircuito o si Muñoz ingresó con un fósforo, ya que el incendio se produjo en su habitación, si hubiesen funcionado bien las cámaras de videos de las habitaciones, si el material de las mismas fuese ignífugo y si hubiera ventana para observar al internado, no hubiera sucedido el hecho. A eso se sumó que “Muñoz tenía un cuadro psiquiátrico para el que este edificio, de 150 años, no está preparado” (declaración de un integrante del equipo de profesionales). Sin embargo, contó que “la semana pasada se practicó un simulacro de incendio, y funcionó de forma impecable”. Por estos hechos se desactivó ese centro de detención y los internos con problemas psiquiátricos fueron trasladados a la Unidad federal de Ezeiza. El OIP junto a otras organizaciones de DD.HH. y con la estimable colaboración del Dr. Julio Raffo, Vicepresidente 2do. De la Legislatura de la CABA presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura solicitando que se investigue las responsabilidades de los jueces a cargo de los internos muertos y heridos[11].  El 14 de Octubre se publicó una resolución de la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación Dra. Nilda Garré, mediante la cual todos los menores de 18 años en conflicto con la ley penal no se alojarán más en las comisarías federales de la CABA, pasarán a ser alojados en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación[12] La segunda semana  del mes de Mayo  la Cámara del Crimen porteña confirmó el procesamiento de una decena de policías de la comisaría 23 de esta capital, acusados de «torturas» y «apremios ilegales» cometidos presuntamente el 20 de julio del año pasado contra tres menores de edad detenidos en la vía pública. La Sala VI de la Cámara, con las firmas de los jueces Alberto Seijas y Marcelo Lucini, ratificó los procesamientos dictados en primera instancia por el magistrado Mariano Scotto contra Natalia María Fernanda Verón, Mariano Cerrillo y Juan Raúl Villegas por el delito de «tortura reiterado en tres oportunidades». Sobre los tres, cuyos bienes fueron embargados hasta cubrir la suma de 40 mil pesos, pesa también un auto de prisión preventiva, pero Natalia Verón está prófuga desde principios de abril pasado[13] Otros tres policías fueron procesados por el delito de «apremios ilegales agravados»; otro, por «omisión de evitar la comisión de torturas» y dos por «omisión de denunciar la comisión de torturas».

El Ministerio público tutelar, en el mes de noviembre impulsó un encuentro a fin de propiciar la efectiva vigencia de una justicia juvenil especializada en materia penal tal como lo dispone la Constitución Nacional (Art. 75 inc. 22) y la Ley Nº 2451 (BOCBA Nº 2809 del 31-11-07). En efecto, en la CABA está pendiente la constitución de los órganos de justicia con competencia especializada en la materia.  Al cierre del presente informe se proponía presentar el instituto del Abogado del Niño/Niña y Adolescente, una especialización que vendría a cubrir una falta para el cabal cumplimiento de los preceptos constitucionales que devienen de la Convención de los Derechos del Niño/Niña y Adolescente.

4. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Los niños, niñas y adolescentes que pueblan los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires, provienen, casi en su totalidad, de los sectores de más bajos recursos, los barrios, villas y asentamientos del conurbano. Son numerosas y permanentes las denuncias que realizan distintas organizaciones de la sociedad sobre las condiciones de vida a que se ven sometidos los jóvenes privados de libertad: las torturas, vejaciones y malos tratos que sufren cotidianamente. Procedimientos “disciplinarios” como perder el derecho a la llamada telefónica, suspensión de actividades, castigos, traslados, “buzones”, requisas, violación de la correspondencia, son parte del ideario que entienden como “socialización” de los allí internados[14]. El proceder represivo de las fuerzas de seguridad se vio reflejado en el caso de “José León Suárez” donde la policía mató e hirió a varios menores[15]. Un adolescente que por medio del Comité Contra la Tortura denunció haber sido torturado por policías de la comisaría 6ª de La Plata (05-10-11), fue detenido acusado de balear en un asalto a un comerciante platense. El muchacho se declara inocente, pidió que le tomaran muestras de su ADN y sostiene que puede demostrar que no estuvo en el lugar. El caso está plagado de curiosas irregularidades[16] . La insistencia en bajar la edad de la imputabilidad se da de narices con las estadísticas concretas en la materia. En efecto, En el primer semestre del año 2011, se iniciaron 13.333 investigaciones penales preparatorias, de las cuales el 0,79% corresponde a homicidios, el 0,06% a homicidios criminis causa, el 0,11% homicidio agravado, el 0,08% homicidio en ocasión de robo, el 0,08% homicidio culposo, tanto en tentativa como consumado en todos los casos; lesiones culposas el 1,82%, lesiones leves el 12,65%, otros delitos contra las personas el 1,61%; abuso sexual con acceso carnal el 0,15%, otros delitos contra la integridad sexual el 2,51%; amenazas 7,37% y otros delitos contra la libertad el 0,80%; daño el 4,14%, estafa el 0,03%, hurto el 8,20%, hurto agravado el 0,89%, robo el 11,57%, robo agravado el 7,89%, otros robos agravados el 5,30%, secuestro extorsivo el 0,01% y otros delitos contra la propiedad el 0,27%. El resto de los porcentajes corresponden a infracciones, delitos contra la salud pública, delitos contra la seguridad pública, el orden público, encubrimiento y contra la administración pública.  En el 18% de las causas iniciadas, está incluido un mayor de edad. Asimismo en el total no se descontaron aquellas causas que fueron desestimadas. El total de las investigaciones penales preparatorias en el fuero penal juvenil, alcanzan a un 4,3% comparada con el sistema penal de adultos. Como se puede observar no se halla razón fáctica alguna para insistir con la baja de la edad para la imputabilidad, a no ser que tomemos en cuenta la tenaz campaña de “mano dura” que por meras razones ideológicas se empeñan en metodologías que sólo siembran el abuso, la tortura y la falta de seguridad jurídica para los más vulnerables. Por otra parte contrasta con la falta de efectividad del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, tanto por carencia de recursos materiales, de financiamiento, como de planes y programas (sobre todo para el tratamiento de la drogodependencia[17]), ya que los existentes se manejan con discrecionalidad por parte de las autoridades responsables de su ejecución. Sigue agravándose la situación dentro del fuero penal juvenil, debido a falta de juzgados, personal, carencia de instancias de apelación, con existencia de cámaras no especializadas que utilizan el criterio del sistema penal de adultos lo que marca una clara irregularidad: los jóvenes infractores a la ley penal carecen de los mismos derechos y garantías que los infractores adultos. El proyecto de modificación de la ley penal juvenil presentado por un partido de oposición en la Cámara de Diputados de la provincia que iguala este sistema al de adultos, aun no ha tenido tratamiento legislativo[18]. El caso Luciano Arruga que lleva tres años desaparecido sigue caratulándose como “averiguación de paradero” sus familiares y amigos sufriendo amenazas y hechos de violencia tanto física como verbales de parte de agentes policiales que cumplen servicio en la comisaría de Lomas del Millón y que fueran denunciados judicialmente. Además de los casos señalados, a modo de síntesis reseñamos otros que ponen en evidencia el accionar de las fuerzas de seguridad en relación al trato con los jóvenes y/o adolescentes[19].

Funcionamiento de los lugares para jóvenes privados de libertad: En la provincia de Buenos Aires funcionan 4 Centros de Recepción con capacidad para 267 jóvenes, 7 Centros Cerrados con 158 plazas y  otro en La Matanza con 120 plazas, 15 Centros de Contención con 160 plazas y los Centros de Referencia en los distritos de asentamiento de los Departamentos Judiciales, que atienden a los jóvenes infractores sobre los cuales no hay medidas privativas de la libertad, de acuerdo a la información que consta en la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Además debemos sumar los dispositivos tercerizados, tales como clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas.

Según estadísticas oficiales a Junio del presente año, en los Centros Cerrados habría 470 jóvenes, en régimen de semi libertad 110  y con medidas alternativas 2.200.

Sigue siendo una preocupación constante los supuestos suicidios de los jóvenes privados de libertad,  las lesiones auto inflingidas (cortes en brazos y piernas). Estas situaciones indican claramente las graves falencias del sistema. Un informe de la Comisión para el Seguimiento del Funcionamiento del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil hace explícita mención a la precariedad edilicia y de infraestructura de los centros, le carencia de los mismos en diversos Departamentos Judiciales con los consecuentes problemas de alojamiento, la falta de actividades recreativas y educativas, de personal especializado, de instalaciones y programas para el tratamiento de jóvenes con adicciones, de superpoblación, de alojamiento en un mismo lugar y bajo idénticas condiciones a jóvenes de edades y situaciones procesales diferentes, mencionando explícitamente que comparten un mismo ámbito jóvenes de menos de 15 años con otros de más de 20 años, jóvenes procesados con condenados, entre otras situaciones de irregularidad. A mediados de diciembre, la justicia de la ciudad de La Plata hizo lugar al habeas corpus presentado por el defensor penal juvenil Julián Axat a favor de 45 jóvenes alojados en el Centro de Recepción de La Plata, ordenándose en dicho fallo que la Provincia se abstenga de internar allí de manera permanente a jóvenes en conflicto con la ley[20]. Otro de los grandes déficits que tiene la provincia, es la falta de lugares aptos para el tratamiento de las adicciones. Faltan sitios para la internación y recuperación,  centros de tratamiento ambulatorio y  programas sustentables de prevención en especial referidos a los más jóvenes. Debemos además señalar la falta de lugares específicos para el tratamiento de patologías psiquiátricas que requieran internación o tratamiento ambulatorio para los niños, niñas y jóvenes.

Como signo positivo de parte del ejecutivo provincial, debemos mencionar la resolución ministerial emitida por el Prefecto Mayor y Ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal en el mes de agosto, de acatar el fallo del juez César Arias que prohibía el alojamiento de jóvenes en comisarías, haciéndolo extensivo a toda la provincia. En dicha resolución se dispone que ante casos de “chicos que cometan delitos, se debe dar inmediato aviso a la autoridad jurisdiccional” vedando expresamente “cualquier traslado a dependencia policial alguna sin orden judicial expresa”. Esta disposición impide el traslado por razones discrecionales como pueden ser contravenciones o averiguación de identidad, poniendo freno a detenciones por mera sospecha o por “portación de cara”.

5. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA

El viernes 16 de Septiembre en la Alcaidía policial de Catamarca fallecieron calcinados cuatro chicos cuyas edades oscilan entre los 15 y los 16 años. De acuerdo con los testimonios de los familiares los responsables de este hecho son las juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto que los tenían ilegalmente detenidos. Hay cuatro responsables políticos: el ministro de Gobierno, Javier Silva, el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, el jefe de Policía, Francisco Soria, y el gobernador Eduardo Brizuela Moral. Ellos deberían haber evitado el asesinato de Nelson Fernández, Franco Nieva, Nelson Molas y Franco Sosa. Aunque al principio las autoridades trataron de ocultarlo ahora se sabe que esto no fue una tragedia, sino una masacre: los agentes policiales les dieron a los chicos un encendedor y los desafiaron a que se prendan fuego. Los torturaban y los tenían en condiciones infrahumanas, en celdas sin ventilación, sin suficientes colchones, con baños totalmente sucios[21] . Un mes después una de las juezas, Ana María Nieto, quien había ordenado una de las detenciones, renunció a su cargo, con lo que abrió el camino a ser investigada por la Justicia. La otra, Ilda Figueroa, mantiene su licencia por estrés psicológico. Los fiscales Juan Pablo Morales y Marcelo Sago habían pedido que se investigara a las magistradas, pero el juez que recibió el pedido lo rechazó por una supuesta inconstitucionalidad. Otro juez también hizo lo mismo al pedido de investigar al ministro de Gobierno, Luís Oscar Silva. Los fiscales apelaron la Cámara debería responder. También denunciaron penalmente a la Corte catamarqueña por incumplimiento de sus funciones de superintendencia al no verificar la tarea de las juezas[22]. El caso de la Alcaidía policial resulta paradigmático para observar la política que el actual gobierno de la provincia lleva adelante en materia de jóvenes en conflicto con la ley penal. Pero además, por las declaraciones de los padres de los adolescentes fallecidos, podemos advertir que en materia de tratamiento sanitario y socialización de jóvenes que cometen delitos menores a consecuencia del consumo de estupefacientes, el interés es nulo e inexistente. La situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal se deriva de otras situaciones desatendidas en la Prov. de acuerdo con el Juez de Menores Fabricio Gershani Quesada: “El consumo de sustancias prohibida va directamente de la mano con la comisión de delitos. En más del 80 por ciento de las causas que trabajamos se trata de chicos que son adictos o hacen uso abusivo de drogas tanto legales como ilegales”[23]. Los jueces de menores ven a diario casos alarmantes. Cada vez que un menor es demorado por la policía por cometer un delito, generalmente se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia prohibida. Como no trabajan, delinquen para conseguir dinero y comprarla. Los jueces tienen problemas para encontrar lugares en los que se atienda a los adolescentes adictos. No alcanzan los centros para atender la creciente demanda.  Otro dato alarmante es la temprana edad en que los chicos se inician en el mundo de la delincuencia y la drogadicción. Según datos oficiales, actualmente los menores se inician en el mundo de las adicciones con la inhalación de pegamento a los 5 años, y a los 9 prueban la marihuana. Se ha socializado ver chicos adictos. Al momento del cierre del presente informe se contabilizan 21 chicos en comisarías por causas penales.

SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES

En el marco del convenio oportunamente firmado entre la Subsecretaria de Trabajo, los juzgados de menores de la primera circunscripción judicial y el Ministerio de Gobierno se dio inicio a los cursos de capacitación en oficios para menores en conflicto con la ley penal el 20 de junio del corriente año[24] Esta iniciativa loable que se viene sosteniendo por tercer año consecutivo, si bien atiende un aspecto de la problemática, de acuerdo a las declaraciones de la Dra. Rosa Esquivel Iglesia de San Lorenzo, Jueza de Menores del Juzgado Nº 1, el hacinamiento y las condiciones de alojamiento siguen siendo cuestionables[25]

6. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA DEL CHACO

La titular del Juzgado del Menor y la Familia Nº 4, Marisa Lehmann, aseguró que a contrapelo de lo que establece la opinión pública, no hubo un incremento en la cantidad de delitos protagonizados por menores sino que aumentó la violencia aplicada en cada uno de ellos. Dijo que hay sólo un local con 13 camas para alojar a todos los chicos de la provincia que se encuentran en conflicto con la ley[26]

7. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA  DE LA PAMPA.

Miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia invitaron a la comunidad de Gral. Pico a concentrarse el jueves 10 de Marzo, a partir de las 10 de la mañana, frente al edificio de Tribunales, en el marco de una jornada nacional de rechazo a la baja de la edad de imputabilidad de los menores propuesta por el oficialismo en un proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado de la Nación. Para ese día organizaron una audiencia pública frente al Congreso a la que adhiere la asamblea local, por entender que “los legisladores no son idóneos para tratar un tema tan sensible como éste, que es una cuestión interdisciplinaria, por lo que estarán sociólogos, antropólogos y organizaciones sociales que trabajan en forma cotidiana con la niñez”, manifestó en conferencia de prensa Ricardo De Udaeta[27]

8. SITUACIÓN DE LOS MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN LA PROVINCIA  DE TIERRA DEL FUEGO.

Franco David Torres, quien denunció que fue golpeado y «picaneado» se lo detuvo en la zona de Chacra II en la comisaría tercera de Río Grande. Se lo dejó demorado por 12 horas luego de un confuso incidente, que según relata el jefe de la policía de Tierra del Fuego, Nelson Moreira (10-03-11) que el hecho denunciado “hace cinco o seis” días comenzó cuando «se detuvo en la zona de Chacra II a dos personas y se las llevó a la comisaría» tercera de Río Grande. Poco después «se hicieron presentes dos hombres» y aparentemente también una mujer que «llegaron a reclamar por esas personas que estaban detenidas, seguramente en términos que no eran convenientes». el hecho «terminó en una refriega, con la rotura de un patrullero, se lesionó a un personal policial y en ese contexto el personal de guardia, que era importante porque era la hora del relevo de guardia, repele la agresión y termina deteniendo a estos dos jóvenes que habían concurrido». Uno de estos jóvenes era Torres, quien permaneció detenido en esa sede policía donde denunció, fue sometido a torturas. A consecuencia de estos hechos removieron de sus cargos al segundo jefe de esa seccional y al oficial de servicio que intervino ese día. Además se decidió el “cambio de destino” de otros cinco agentes que habrían intervenido en el procedimiento «mientras la Justicia avanza en la investigación», según precisó el jefe de la policía[28].

SITUACIÓN DE LOS ADULTOS EN EL SISTEMA PENAL

1. Sistema penitenciario federal

El OIP ha seguido con profunda preocupación el traslado de los jóvenes adultos de la U20 (se informa los hecho in supra) a la cárcel federal de Ezeiza. Los alojaron en el denominado Anexo 20, donde cohabitan jóvenes con severos trastornos psiquiátricos con adictos a diferentes sustancias. Con la colaboración de la Asociación Agir Ensemble de Francia, el OIP ha podido entrevistarse con los diferentes familiares de los detenidos y de acuerdo a sus testimonios se desprende que la situación de los allí alojados es inapropiada. En efecto, los profesionales que los atienden son dos: un psiquíatra y un psicólogo, cantidad absolutamente insuficiente para tratar a una población de más de 100 jóvenes. Permanecen en sus celdas 23 horas y una hora salen al patio. La medicación la maneja el propio interno (se corre el riesgo que personas con problemas de adicción hagan mezclas de pastillas e intercambio de las mismas). Cabe agregar que: los familiares tienen la sospecha fundada (por el estado en que los encuentran cuando los visitan) que los internos están con “chaleco químico”, vale decir; sobre medicados y que los agentes penitenciarios no tienen la preparación adecuada para atender una población que oscila entre los 20 y 30 años de edad con serios problemas psicológicos.

Un hecho paradigmático que ilustra el procedimiento por el cual en el Servicio Penitenciario Federal (en adelante SPF) ante cualquier intento de denunciar malos tratos o torturas se paga caro, es el caso Luciano Truzzi. En efecto, el caso ocurrió en Enero de 2011[29] y fue el que movilizó las investigaciones de la Procuración, que lo llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente consiguió que se le diera la prisión domiciliaria, ya que corría riesgo de muerte en cualquier penal. Aquel ataque fue un emblema. Hasta hoy, los investigadores aseguran que en la jerga carcelaria de Marcos Paz los presos temen a la amenaza mayor: “Te vas a quemar como Truzzi”.   

Luego del intento frustrado de desarticular el CUD (Centro Universitario de Devoto), hecho que relatamos el informe 2010, el director del SPF Dr. Alejandro Marambio, pasó a revistar como Director de Asuntos penitenciarios, siendo reemplazado por Víctor Gortel. La situación de los internos en el sistema federal no ha variado. Una manera de mantener la “disciplina” es estar en los pabellones 23 horas del día y salir al patio sólo una hora. El presente gobierno en relación al SPF se caracteriza por la construcción de nuevas cárceles federales en lugares donde existen pocos detenidos por delitos federales, pero que su estructura por convenio con la provincia que recibe la construcción se beneficia con poder alojar presos provinciales. Tal es el caso de la provincia de Santiago del Estero y Salta.[30]. Un mes después de la inauguración del complejo penitenciario, las autoridades federales le solicitaron a la gobernación de la Prov. de Salta un mes más de plazo para trasladar los internos debido a que aún no se había completado el reclutamiento del personal penitenciario necesario para su habilitación. Al cierre del presente informe desconocemos el funcionamiento del mismo.

En cuanto al funcionamiento de las comisarías federales, debemos destacar que además de los procesamientos por abusos y torturas, mencionados in supra, pasaron a disponibilidad preventiva a ocho Comisarios de la policía federal. En el marco de los estudios de todos los legajos de oficiales de la Policía Federal que aspiran a ascensos, la ministra de Seguridad Nilda Garré resolvió el pase a disponibilidad. Siete de ellos están procesados por la jueza María Romilda Servini de Cubría por presunción de quedarse con parte del dinero que se les debía pagar a los agentes que realizaban adicionales. También quedó en la misma situación el recientemente designado superintendente de Asuntos Internos de la fuerza, Raúl Timossi, quien sancionó al cabo denunciante Fernando Sousa Helguera, pese a que la Justicia determinó que dos denuncias posteriores en su contra, anónimas, realizadas casi como una venganza, resultaron falsas. Sousa Helguera no tendría que haber sido sancionado, pero Timossi violó la norma que indica que un efectivo no puede ser penalizado cuando la Justicia lo declara inocente. Por el mismo hecho el Juez Daniel Rafecas procesó a Oscar Alfredo Romero un ex Comisario. En efecto, en el marco de una causa por “fraude a la administración pública” investigada por el juez federal, quien además dispuso trabar un embargo de 100.000 pesos sobre sus bienes. Fuentes judiciales informaron que el magistrado tuvo “por demostrado que entre los años 2003 y 2006 el entonces jefe policial Oscar Alfredo Romero se apoderó ilegalmente” de alrededor de 60.000 pesos destinados a “adicionales y recargos de servicios”. El magistrado dio por acreditado que el ex comisario Romero “entre el mes de noviembre de 2003 y noviembre de 2006 percibió en forma indebida por ‘recargos de servicio, que no habían sido efectivamente brindados, la suma total de 59.131,56 pesos”.

2. Provincia de Buenos Aires

La capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas, pero en marzo de 2011 había 26.971 presos en 55 cárceles, y otros 2433 en las de 310 comisarías. La violencia interna es impresionante: 585 casos mensuales. Las condiciones son infrahumanas porque allí rige todavía el sistema instaurado por el paradigmático representante de la última dictadura militar: Ramón Camps. La tortura sigue siendo práctica generalizada: submarino seco, picana eléctrica, palazos, manguerazos y el aislamiento como castigo son prácticas vigentes[31]. El 25 por ciento de las mujeres sufrió agresiones y, en la Unidad de Melchor Romero, el 60 por ciento de las detenidas denunció ataques físicos por parte del personal. A junio del presente año, se iniciaron un total de 311.499 investigaciones penales preparatorias entre las cuales los porcentajes más importantes son: delitos contra las personas 20,61% y delitos contra la propiedad el 35,28%. Durante el presente año se presentaron distintos proyectos legislativos, los que hasta ahora no han pasado de su tratamiento en las comisiones. Respecto a los que hacíamos mención en nuestro anterior informe, tal como la ley de cupos y de reforma del servicio penitenciario, seguramente volverán a ser presentados ya que perdieron vigencia parlamentaria. Entre los nuevos proyectos, tenemos el que propone la transferencia al Ministerio de Salud la Dirección de Salud Penitenciaria, y el que crea las policías de seguridad comunal, al que ya hiciéramos referencia.

Durante el presente período hemos registrados algunos hechos que ilustran la actual situación: -El 24 de febrero Jesús Cabral, detenido en la unidad 48 de San Martín fue víctima de un simulacro de fusilamiento de parte de varios penitenciarios, cuando le gatillaron varias veces en la cabeza mientras lo amenazaban que “si queremos te cabe”. No es la primera vez que le sucede esto, en el pasado año fue herido varias veces para intimidarlo, ya que fue testigo contra un policía que actualmente cumple cadena perpetua por el asesinato de un dirigente sindical.

El 28 de febrero del presente año la tía de un interno presenta la denuncia formal, ya que tenía en su poder un chip con imágenes donde se veía a detenidos con uniformes del servicio penitenciario, los que habían sido provistos por distintos responsables del penal, para salir a robar autos, en especial Peugeot 307 y 405. Según la denunciante, su sobrino se habría negado en un primer momento a matar a otro interno, como le habrían solicitado agentes penitenciarios, y que a raíz de esa negativa su mujer fue primero amenazada y luego violada, hecho ocurrido en el año 2008[32]

-El día 9 de mayo de 2011 un hombre de 32 años, detenido en la unidad 32 de Florencio Varela falleció víctima de una herida provocada con una “faca” (elemento punzo cortante que suelen fabricar los detenidos)  en una supuesta pelea con otros internos. En ese mismo penal, días antes también apareció muerto otro interno, Federico Ezkrkowicz, que presentaba múltiples golpes en la cabeza. -El 18 de mayo en la Unidad 46 del Complejo Penitenciario de San Martín, Ramón Quintero fue herido de muerte en una supuesta pelea con otros reclusos. Según denuncian sus familiares y otros internos, podría haber sobrevivido de no ser por la falta de atención, ya que en todo el complejo no había ningún médico ni ambulancia para su traslado, el que se efectuó en un coche Renault 12, modelo 85, en pésimo estado.

-El 28 de junio Oscar Jiménez Barreiro de 28 años, y Víctor Hugo Andrade de 25, ambos detenidos en la cárcel de Florencio Varela, murieron en un confuso episodio  caratulado como “pelea”. -El 7 de julio Fabián Sampietro inició una huelga seca, cociéndose la boca, a fin de reclamar por una causa que lo involucra y que lleva 19 años. Actualmente está detenido en la Unidad 29 de Melchor Romero. Es miembro de la Asociación Civil La Cantora, que lucha por los derechos de las personas detenidas.  Fue víctima de torturas y apremios, lo que actualmente se investiga en una causa en la que están involucrados los siguientes agentes penitenciarios: Raúl Alberto Rojas, Martín Ernesto Marcos y Diego Démola, quienes lo torturaron en el año 2006.

-A principios del mes de agosto, unos 700 detenidos en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata realizaron una huelga de hambre reclamando mejores condiciones de atención sanitaria, de alimentación y consumo de agua potable. Según la denuncia hecha pública, la falta de agua es un problema estructural al igual que la desatención médica de graves casos de VIH, diabetes, tuberculosis. El pasado año también realizaron una huelga de hambre y para levantarla se acordó que se pondría en funcionamiento una sala sanitaria, que si bien ya está armada, carece de personal médico y de medicamentos, lo que ocasionara la muerte de tres internos en lo que va del presente año.

El 21 de Octubre Un interno del Penal 34 en la localidad bonaerense de Melchor Romero apareció ahorcado en su celda y las autoridades tratan de determinar si se trató de un suicidio. En ese sector están alojados los reclusos con problemas psiquiátricos.

Un interno de la Unidad Penal 34 de Melchor Romero, en el partido bonaerense de La Plata, fue encontrado ahorcado dentro de su celda y se investigaba si se trató de un suicidio. Fuentes policiales informaron que el detenido, cuya identidad no fue dada a conocer, fue hallado muerto por los guardias del penal en el sector donde están alojados los reclusos con problemas psiquiátricos. Investiga lo ocurrido la comisaría decimocuarta de La Plata, que dio intervención al fiscal Marcelo Romero, titular de la UFI 6, en la causa “averiguación causales de muerte”

-En el mes de noviembre en el pabellón 4 de la unidad 48 del Complejo Penitenciario de San Martín, el interno Ramos fue apuñalado por la espalda con una faca en una pelea, que según otros internos, duró 7 horas sin que los guardias hicieran nada para detenerla.

-El en el mismo mes un grupo de internos de la Unidad 45 de Melchor Romero presentaron una denuncia ante la justicia de la ciudad de La Plata sosteniendo que miembros del servicio penitenciario bonaerense los obligaban a robar, presentando fotos, balas que les proveían, artículos robados, señalando los lugares donde habían robado autos de alta gama y viviendas. Luego de efectuar la denuncia, fueron brutalmente golpeados por penitenciarios, hecho que fue constatado por el Comité Contra la Tortura. El mecanismo que se utilizaba, era dar permiso a algunos internos que aceptaban salir a robar. Las fotos los muestran vestidos con uniforme policial, alhajas, celulares, relojes, coches de alta gama (los que luego debían llevar a determinados desarmaderos). La fiscal platense Virginia Bravo tomo la correspondiente denuncia.

-A ello se suma que el día 2 de diciembre, el detenido Marcelo Almejeiras, de 40 años, fue herido de un escopetazo cuando era trasladado por el servicio penitenciario al área de sanidad de la unidad, luego de haberse cocido la boca para reclamar mejores condiciones de detención.

-El 5 de diciembre a las 21 hs, en la celda 2 del pabellón 3 en la Unidad 48  del Complejo Penitenciario de San Martín, apareció muerto el joven Luís Molina, de 24 años. Según denuncian sus familiares, Luís fue encerrado con otro preso al cual miembros del servicio penitenciario le dieron la orden de que lo ejecutara. El Secretario de Ejecución Penal de San Martín, Dr. Manuel Casolati se hizo presente en el penal y recorrió las celdas de aislamiento de ese pabellón, encontrando varios internos lastimados. Ese mismo día un interno del pabellón 11 recibió tres puñaladas debiendo ser hospitalizado, y al día siguiente cuatro internos resultaron heridos a puntazos, debiendo ser dos de ellos trasladados de urgencia a hospitales de la zona.

La segunda semana de diciembre del corriente año, el OIP tomó conocimiento que el interno Eduardo Ariel Arroyo Luna, de 57 años, alojado en la U. Nº 1 de Lisandro Olmos, procesado, a disposición del Juzgado de Garantías Nº 1 de Lomas de Zamora.con padecimiento de cardiopatía esquistemica severa, había sido trasladado en varias oportunidades extramuros por sus padecimientos físicos. Que uno de sus traslados fue al hospital Cosme Argerich, donde advirtieron la gravedad de su cuadro pero que no pudieron completar los estudios correspondientes dado que el agente de custodia concluía su horario laboral y lo retornó al penal. Fue alojado en celda individual (sala 4) para su mejor atención. El OIP tomó contacto con el Sr. Diputado de la Prov. de Bs. As. Ing. Ricardo Vago a fin de imponerlo de la situación del interno y solicitar a las autoridades los recaudos necesarios a fin de resguardar la vida del interno. El Sr. Diputado se comunicó con el Dr. César Albarracín, quién el 22 de diciembre comunicó por nota el traslado del interno a U. Nº 25 para mejor atención médica a la espera de la resolución del Juzgado de Garantías sobre la solicitud presentada por el defensor del Sr. Arroyo Luna de arresto domiciliario, que en la realidad concreta se traduciría en internación el hospital C. Argerich. Al cierre del presente informe, tomamos conocimiento que le fue otorgado el arresto domiciliario y que el Sr. Arroyo Luna se disponía a internarse en el mencionado hospital.

En cuanto a la infraestructura, los pabellones no cuentan con agua potable, no hay calefacción y las ventanas no tienen vidrios, carecen de elementos de limpieza y aseo personal, las instalaciones eléctricas son inseguras, con cables colgando sin aislamiento. Denuncian también el maltrato a las visitas, con requisas vejatorias, la mora en el avance de las causas judiciales, la falta de contacto con jueces, defensores y los plazos excesivos de prisión preventiva.

-Según la denuncia de varios internos, la terciarización de la violencia es una estrategia  realizada por miembros de servicio penitenciario, poniendo en manos de algunos reclusos el control y/o la venganza de aquellos que se animan a realizar denuncias o hablar de lo que sucede puertas adentro del penal.

Esta situación tiene poca contención en el sistema judicial que obra en la mayoría de los casos tomando como referencia las presentaciones policiales o investigaciones policiales. Así en marzo de este año la Procuración provincial (de la que dependen los fiscales) y en un fallo de 40 páginas la Justicia dio la razón al Sr. Herrera: su detención y el proceso que le siguió fueron arbitrarios y el Estado debe indemnizarlo por la suma de de medio millón de pesos luego que cuando llegó a juicio oral ( y luego de pasar 1.153 días preso ), quedó claro que lo habían acusado sólo porque su auto era de la misma marca y color que el que alguien había visto en la escena de un crimen y que las armas encontradas en su casa estaban en regla . Su descripción ni siquiera coincidía con la del asesino[33].

La absolución dictada por el Tribunal Oral 1 de La Matanza a la familia Heredia (luego de cinco años de detención), ordenó además, la inmediata libertad de los cuatro detenidos. Son un padre y tres hijos, dos varones y una mujer. Los habían acusado por el asesinato de un vecino y les prendieron fuego su casa de Villa Celina. La Justicia probó su inocencia y los absolvió. Se los había acusado por el delito de “homicidio calificado por alevosía” de Gilberto “Quichu” Cruz[34]

El 27 de Septiembre comenzó el juicio oral en los tribunales de Mercedes que debía decidir sobre la responsabilidad de Leandro Martín Roig (ahora tiene 23 años) del crimen  de Santiago Alfonso, de 16 años, cometido el 18 de enero de 2009 en la localidad de Villa Trujuy, partido de Moreno. Con tan sólo 20 años fue detenido por el asesinato a balazos de un chico de 16. Enseguida lo apresaron y lo llevaron a la cárcel de Olmos, una de las más pobladas y violentas del país. Allí estuvo encerrado 33 meses. Hasta que su caso llegó a juicio oral y el fiscal y la familia del adolescente muerto decidieron no acusarlo porque era inocente[35]

En el mes de Septiembre cuatro policías, entre ellos un oficial inspector que estaba afectado a la investigación por el secuestro y crimen de Candela Sol Rodríguez (la niña que fue secuestrada y luego de nueve días apareció asesinada, su caso hasta el momento no está resuelto), fueron detenidos en el marco de la investigación por los tormentos que terminó con la muerte de Fabián Gorosito el 15 agosto (2010) y cuyo cuerpo apareció en un descampado de Mariano Acosta. Fuentes policiales y judiciales aseguraron que los cuatro policías fueron apresados en sus lugares de trabajo por su presunta participación en la desaparición y muerte del joven (22 años) y fueron desafectados por decisión del Ministerio de Seguridad bonaerense[36].

En relación con el sonado caso del secuestro y asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez, uno de los imputados en su declaración, Alberto Espíndola se quebró. “Habló todo el tiempo llorando. Dijo que fue torturado por la Policía: primero fue un grupo de siete policías y después, de diez. Le hicieron submarino seco con una bolsa en la cabeza y lo golpearon”, contó su defensor. Y agregó que luego “aparecieron otros cuatro que le recomendaron acordarse de lo que tenía que decir”. En su primera indagatoria (hecha cuando lo asistía un defensor oficial), Espíndola había dicho que vio a López, a Gómez y a un tercer joven que iban en un auto y le preguntaron si había visto a la Policía “porque estaban metidos en el “quilombo”[37] de la nena”. Ayer negó que esto fuera cierto y aclaró que tiene miedo de identificar a los policías que lo torturaron. Por esto, se abrió una causa paralela

Una investigación periodística efectuada por Horacio Cecchi[38], dio origen a 13 causas diferentes en las que el juez interviniente, Dr. Gabriel Bombini, procesara y diera orden de detención a 5 involucrados en estos hechos, calificados como asociación ilícita y 13 hechos de falsedad ideológica. Estos sucesos ocurrieron en la ciudad de Mar del Plata, involucran a personal policial de la comisaría 4ª. de dicha ciudad, que se ocupaban de fraguar causas.

En el mes de Octubre en Bahía Blanca un joven de 24 años fue detenido acusado de robar la billetera del playero de una estación de YPF con más de 500 pesos. El joven tiene incapacidad mental. Igual lo apalearon en la entrada de una villa. Amenazaron a los testigos. Lo llevaron a la comisaría donde, esposado, volvieron a golpearlo. Le hicieron el submarino seco y lo arrojaron detenido en una celda. Después dijeron que no buscaron testigos porque se trataba de un lugar “conflictivo”. Cuando el caso tomó estado público, la madre empezó a recibir amenazas telefónicas. La fiscal 15 Paula Pojomovsky aseguró que la intervención policial cumplió con las normas, aunque la situación no es para nada  clara, ya que los propios uniformados informaron en su acta: “(…) la falta de presencia de testigo atento resulta ser un lugar conflictivo para el accionar de la policía, las inclemencias climáticas y la hora del procedimiento”. La golpiza y malos tratos fueron denunciados ante la Fiscalía Nº 3 de Bahía Blanca, que caratuló con el clásico “apremios ilegales”. La abogada Alicia Romero, del Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria, dijo que se presentarán asesorando a la madre, Norma Valenzuela, y que insistirán en que se trata de “torturas”[39].

Fuentes policiales indicaron que Lucas Ezequiel Montenegro, de 19 años, fue arrollado por una formación ferroviaria en la madrugada del domingo 11 de diciembre, la justicia que investiga el episodio lo tiene caratulado como “averiguación de causales de muerte”, en un expediente que se encuentra a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 21 descentralizada[40]

La  fiscal 5 de Pergamino Dra. Patricia Fernández inició una investigación en septiembre de 2011, cuando se obtuvieron datos sobre el robo de combustibles y fertilizantes transportados en camiones. Los investigadores descubrieron que los chóferes ingresaban a dos zonas conocidas como “bajaditas”, descargaban en tanques la mayor parte del líquido que transportaban y luego recargaban la parte vacía con agua. El fertilizante puro era vendido en Pergamino y el resto seguía su viaje. La maniobra de descarga y distribución no se podía llevar adelante sin protección policial. En las escuchas telefónicas ordenadas saltaron las líneas y las voces de uniformados. Una de ellas, según la fiscalía, correspondió a el titular de la Departamental de Pergamino Miguel Pocovi, quién quedó imputado como jefe de una banda dedicada a robar fertilizantes transportados en camiones y está prófugo. También vendía protección, cobraban seguridad a comerciantes, dueños de hoteles y prostíbulos, bajo la arcaica lógica del “elegí: o te protejo o te robo”. Miguel Pocovi, había asumido el cargo en diciembre de 2009, para cambiar la imagen de la bonaerense. Con él imputaron a otros cuatro policías. Detuvieron al de menor rango. El jefe de la DDI  que fue procesado.

MUJERES EN PRISION.

Según informe del Ministerio de Seguridad y Justicia, al 6 de noviembre del presente año estarían privadas de libertad 1.133 mujeres, de las cuales 500 es por infracción a la ley de estupefacientes. De acuerdo a estos datos, y de acuerdo a estimaciones del mismo ministerio, desde el 2006 el aumento fue progresivo, mientras el crecimiento en las cárceles de hombres fue de un 5,8% en las de mujeres el incremento alcanzó a un 88%, alcanzando su pico en el año 2008. Otra variedad, es que la mayoría de las mujeres aceptan el juicio abreviado, con condenas superiores a los 6 años en los casos de infracciones a la ley de drogas. En investigaciones realizadas, surge que la mayoría de esas mujeres eran jefas de familia, a cuyo cargo estaba el sostén económico y casi la totalidad de los casos, con hijos a cargo, con las graves consecuencias que el encierro acarrea a los hijos que están a su cargo, tanto en su salud física como emocional.

Muchas de ellas están en prisión preventiva, cuya extensión es imposible de predecir, por lo cual terminan aferrándose al juicio abreviado con la presión de que de esta forma, aceptando plenamente el delito que se les imputa, los plazos se acortan, superando el porcentaje de preventiva al de los hombres, ya que roza un 85%.

La violación de los DD. HH. de las mujeres privadas de su libertad se traduce en el trato cotidiano. Personal penitenciario masculino, requisas vejatorias, aislamiento, traslados constantes con el grave daño que esto acarrea cuando hay hijos, la no aplicación de la prisión domiciliaria para mujeres embarazadas o con hijos pequeños, más los problemas derivados de las condiciones edilicias y de superpoblación común a todo el sistema carcelario.

Respecto a la situación de los detenidos transexuales, en todos los relevamientos  realizados surgen datos que ponen en evidencia los sufrimientos de situaciones de profundo daño: tanto en su salud física como psicológica ya que es inexistente la preparación y sensibilización de todos los operadores del sistema respecto a este colectivo. Uno de los puntos que remarcan estos informes, es que ven interrumpidos sus tratamientos hormonales, lo que trae como consecuencia una serie de afecciones en su salud. Carecen de visitas íntimas de sus parejas, no tienen prácticamente acceso a la educación y al trabajo, los visten de hombres, sufren distintos tipos de abusos sexuales y discriminatorios.

3. PROVINCIA DE CATAMARCA

No se registran cambios en relación al informe 2010.

4. PROVINCIA DEL CHACO

La situación de los detenidos en comisarías sigue siendo materia de preocupación. En cuanto a su trato y las condiciones edilicias. La Prov. del Chaco entrenó recientemente su propia fuerza de agentes penitenciarios. El entrenamiento lo recibió de parte del SPF, aún debemos observar el proceder de esta reciente gestión.

5. PROVINCIA DEL CHUBUT

La Provincia del Chubut se presentó en la audiencia del habeas corpus y negó
la desaparición de Iván Torres Aunque parezca absurdo, el nuevo gobierno de la Provincia, cuyo gobernador viaja todas las semanas a Bs. As a reunirse con la presidenta de la Nación, se presentó ante el juez del habeas corpus y negó la detención de Iván y “como lógica consecuencia” negó su desaparición forzada. Mientras tanto, la jueza federal Eva Parcio de Seleme, quien tiene diálogo directo con Cancillería -en la audiencia ante la Corte Interamericana la abogada del Estado dijo ante los jueces que “según información que nos dio la señora jueza”- rechazó la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana porque las decisiones “del organismo internacional son
meras declaraciones” sin que “exista otra instancia en caso de no acatarlas”.

El 16 de Octubre el director del SPF, Víctor Hortel, junto con otros miembros de la conducción de la institución visitó la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel  Fueron recibidos por el director del penal, subprefecto Saúl Cardozo, con presencia del jefe de la Región Sur del SPF, prefecto Walter Flores. Hubo reuniones con funcionarios judiciales locales y se firmó el contrato entre el Servicio Penitenciario Federal, la Municipalidad de Esquel y el Ente de Cooperación Técnica y Financiera. El acto se realizó en la U-14 y asistió el intendente Rafael Williams, quien suscribió el contrato con la finalidad de perfeccionar los hábitos laborales de los internos, en procura de un oficio como una herramienta fundamental para su reinserción social. El Ente de Cooperación, a cargo del inspector general Jorge Gómez, a través del Servicio Penitenciario pondrá a disposición del municipio un camión Iveco modelo 2011, con chofer y 5 internos de la Unidad para cubrir el barrido y limpieza de las calles de la ciudad. Resta constatar si el trabajo tendrá la misma remuneración que cualquier ciudadano, de acuerdo a los convenios colectivos de trabajadores del gremio.

6. PROVINCIA DE CORRIENTES

La situación del sistema penal de la Prov. de Corrientes de colapso. En efecto, al grave problema de infraestructura se le suma los malos tratos y la violencia intramuros que no encuentra dique de contención adecuado sencillamente porque la política de “mano dura” no sólo mostró ser un fracaso para la socialización del interno sino que además retroalimenta la violencia y pone en riesgo incluso a los agentes penitenciarios. En efecto, a las denuncias que nos hizo llegar nuestra corresponsal en la Prov. la Dra. Liliana Pajón se suma las denuncias realizadas por la Comisión Provincial de DD. HH. que ha sido descalificada por el ministro de justicia e injustificadamente denostada[41]. La huelga llevada adelante por los internos del Penal de San Cayetano, no encontró los canales de dialogo adecuados para resolver situaciones reiteradamente reclamadas: problemas de infraestructura, sistema judicial moroso, en otras palabras oídos sordos a cumplir la manda constitucional. Otro tanto ocurre con el penal Nº 1 de Corrientes Capital. En efecto, el conflicto que suscitó en el Penal Nº 1[42] derivó en un saldo de varios heridos, entre ellos tres agentes penitenciarios. El OIP elevó un fax al Sr. Ministro de justicia de la Prov. recordándole que cinco años atrás en visita a los penales de Corrientes acompañando la Defensoría del Pueblo de la Nación, se habían hecho varias recomendaciones que al parecer no fueron tomadas en cuenta y que por lo mismo el sistema carcelario provincial padece de violencia intramuros en forma crónica. Dada la gravedad de los hechos, el OIP tomó la decisión de solicitar se abra una actuación nuevamente en la Defensoría del Pueblo y recomendó al Sr. Ministro de Justicia que organice un equipo de salud: médicos y psicólogos que no pertenezcan al servicio penitenciario a fin de generar confianza entre los internos y abrir un canal de dialogo para descomprimir el conflicto, en tanto se comience a dar respuestas concretas a los justos reclamos de los internos. Al momento de producirse los incidentes del penal de San Cayetano, fue gravemente herido producto de una golpiza el interno Raúl Abel Sánchez[43]

7. EN LA PROVINCIA DE LA RIOJA

El suboficial Noel Jesús Carreño de la policía fue condenado por la justicia federal de La Rioja a dos años de prisión por intentar engañar a una joven de 19 años para introducirla en una red de trata de personas. La condena fue aplicada por el Tribunal Oral Federal de esta ciudad, en el primer juicio que se realiza en la provincia por un caso de este tipo. Carreño, de 29 años, fue inhabilitado además por cuatro años para ejercer cargos públicos, a la vez que su condición de policía fue considerada como agravante por los jueces, aunque por el monto de la pena impuesta quedó en libertad condicional. El veredicto se conoció el 6 de Septiembre y está basado en la infracción al artículo 145 bis del Código Penal[44]

8. EN LA PROVINCIA DE MENDOZA

La situación de las cárceles, como de las comisarías de Mendoza siguen siendo de violencia crónica. Como ejemplo de esta situación diremos que: un grupo de presos alojados en el sector de máxima seguridad del penal de Almafuerte, en Mendoza, mantuvo el 8 Junio a seis guardiacárceles como rehenes. Lo confirmó el jefe de Policía, Juan Carlos Caleri, quien aseguró que «sigue el pabellón tomado y los guardiacárceles demorados», mientras se negociaba el fin de la protesta[45]

El 5 de Julio tomamos conocimiento que un hombre de 39 años murió en una dependencia policial de la ciudad de Godoy Cruz, presuntamente, por una descompensación cardiaca. La víctima, Fernando Guerrero había sido capturado por la policía por ingresar a comercios diciendo que estaba siendo perseguido. El hecho se inició a media tarde cuando un llamado al número de emergencias policiales 911 dio el alerta de que un abogado identificado posteriormente como Fernando Guerrero ingresó a un negocio de Godoy Cruz pidiendo ayuda porque era perseguido[46] Cabe agregar que este incidente muestra que: la policía no tuvo la capacidad técnica de pensar que el sujeto podría estar siendo víctima de un síndrome físico y solicitar auxilio médico.

El 1º de Diciembre Al menos cuatro internos de la unidad de San Felipe, que exigían mejoras en las condiciones de alojamiento, tomaron como rehén a un guardia durante cinco horas. Afortunadamente no se registraron daños ni víctimas. Los internos que se amotinaron pertenecen al pabellón de jóvenes adultos del penal, ubicado en la capital mendocina. El director del establecimiento, Sebastián Sarmiento, informó a las 15.20 que “fue liberado en buenas condiciones físicas” el agente penitenciario Cristian García (32), y aclaró que “en ningún momento, esta situación alteró la actividad del resto del penal”. El motín comenzó cerca de las 10.30 de la mañana cuando el agente penitenciario García ingresó al pabellón 5 B de la unidad, para efectuar el recambio de internos para el recreo. En ese momento, el agente fue tomado de rehén por cuatro internos armados con elementos caseros, tipo “facas”, detalló Sarmiento en diálogo con la prensa al abandonar el penal[47]

9. EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN

El 6 de Diciembre tomamos conocimiento que un interno de 20 años, Jonathan Aguilar condenado por robo, falleció luego de ser apuñalado la noche anterior en medio de una pelea entre internos del penal de San Juan. Las autoridades desconocen quién fue el agresor, pero aseguraron que iniciaron una investigación para detectarlo.

Fuentes policiales reportaron que la gresca ocurrió cerca de las 21 hs., tras lo cual el herido fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson de la capital provincial, donde falleció a las 23. Estas situaciones frecuentes parecen que escapa a la pericia de los agentes penitenciarios evitarlas. La violencia intramuros no encuentra ningún tipo de contención.

10. EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

En primer lugar tenemos que decir que es alentador que la administración de justicia mire a sus propios miembros y los sancionen cuando así corresponda. En el mes de Septiembre tomamos conocimiento que La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sancionó con una multa de 1.600 pesos a un ex juez y actual fiscal por diversos atropellos. En efecto, sometía al personal de su juzgado, al que insultaba, hacía asistir fuera del horario de trabajo sin motivo[48].

En cuanto a la situación de los interno en el penal de Coronda, sigue siendo controversial. En efecto, la última semana de Septiembre Veinte personas detenidas en el Pabellón 8 de la Cárcel de Coronda, en Santa Fe, iniciaron una huelga de hambre y se cosieron la boca ante la falta de respuestas a los reiterados pedidos de traslados a otros penales y las denuncias de maltratos físicos y psíquicos sufridos. Los detenidos reclamaron ser alojados en otras prisiones para que sus familiares puedan viajar a visitarlos. Otros varios internos denunciaron maltratos perpetrados por algunos agentes penitenciarios, denuncias que fueron presentadas a las autoridades del penal y del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Frente a esta situación y dado que oportunamente el OIP, acompañando a la Defensoria del Pueblo de la Nación, visitó esa cárcel (y a posterior el Sr. Defensor realizó un extenso dictamen) tomó contacto con el Sr. Ministro de justicia de la Prov. a fin de anunciar que realizaríamos una visita que se efectivizó el 27 de diciembre. La misión se entrevistó con el Sr. Subsecretario de Asuntos penitenciarios Sr. Pablo Coccocione, destacamos la buena disposición para el dialogo y que le allanaron a la misión la tarea de visita y traslado. El relación tanto a la visita de Coronda como del penal Las Flores, ubicado en las periferias de la ciudad de Santa hemos elaborado un extenso informe oportunamente distribuido. Queda por decir lo siguiente: en el caso de Coronda, no es posible (al igual que otras cárceles que están en uso y datan del siglo XIX) seguir sosteniendo poblaciones intramuros de la cantidad que tiene Coronda aún cuando no hay hacinamiento. El total de la población penal al momento de la visita es de 973 internos, distribuidos de la siguiente manera: población del módulo sur: 505 y población del módulo norte 469. Los conflictos se tornan inmanejables, sobre todo si se toma  en cuenta que la cantidad de personal técnico especializado para tratamiento de problemas de conductas es escaso. Una cuestión a destacar es que la población cambió en relación a la visita anterior: hay más internos condenados que en situación de prisión preventiva. La otra cuestión es que aún teniendo el despacho dentro del penal, el Juez de Ejecución penal visita muy esporádicamente los pabellones, son los internos quienes le piden audiencia. Con toda la burocracia que ese trámite conlleva. En cuanto al penal de Las Flores, la población de jóvenes adultos, luego de la muerte de Maximiliano Rojas (17 años), quedó bajo la administración de la Secretaria del Niño, Niña y Adolescente de la Prov. Del parte diario se desprende que el total de la población es de 573 internos al momento de la visita del OIP. De ese total dos internos son oriundos de la Prov. de Entre Ríos. La edad promedio de la población es de 20 a 30 años. El 90% de los internos ha consumido esporádicamente o es adicto a algún tipo de sustancia prohibida. Muchos de los internos alojados en ese penal es habitante de la villa de emergencia pegada al establecimiento. De ese asentamiento de viviendas precarias, suelen arrojar hacia dentro del penal paquetitos (en el argot carcelario se lo denomina “pajaritos”) conteniendo sustancias prohibidas, lo que obliga al personal penitenciario a estar en alerta constante. En la ronda de visita y en el contacto con los internos se pudo observar que la mayoría de los jóvenes padecen enfermedades bucales (falta de piezas dentales, dientes deteriorados y manchados, encías con piorrea, etc), comentado el hecho con el director del penal, este nos informó que aunque hay servicio de odontología, para reparar la boca se les solicita a los internos que abonen el material para las prótesis, como ocurriría en una obra social u hospital público y que al parecer no disponen de la suma o no le dan a la salud bucal la importancia que merece.

11. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

La situación en la Prov. de Tierra del Fuego no ha variado en relación a nuestro informe 2010. La violencia policial es la queja que más moviliza a los trabajadores de DD. HH. y en relación al tema no se ha tomado conocimiento que las máximas autoridades gubernamentales ni el Poder judicial hayan elaborado propuestas a fin de dar respuesta que revierta la situación. En Río Grande de la madrugada del 17 de diciembre (04:50 hs.), según consta en las actuaciones policiales, tuvo lugar una riña generalizada que ocurrió a la salida de un local nocturno de las inmediaciones de calles Libertad y Alberdi. Los vecinos convocaron a las autoridades policiales dando cuenta de numerosas personas participando de una pelea en el lugar, la cual cesó a partir del arribo de los móviles, que constataron, en primer término, la presencia de, al menos, tres agentes pertenecientes al Servicio Penitenciario Provincial. Los tres sujetos, que se identificaron como penitenciarios, presentaban lesiones sangrantes, por lo que, dos de ellos, se negaron a recibir atención médica alguna y a realizarse una alcoholemia, retirándose del lugar, sólo quedó un efectivo de apellido Flores, el cual fue hospitalizado a causa de las lesiones recibidas. La situación, posteriormente fue puesta en conocimiento del Servicio Penitenciario Provincial que solicitó todas las actuaciones a la Policía Provincial, a fin de realizar un sumario interno para llevar a cabo un deslinde de responsabilidades y aplicar la sanción que corresponda.
Consultado al respecto, el Director del Servicio Penitenciario, el Dr. Raúl Von der Thusen, aseguró que «no» se trata de una falta grave y que ya se ha designado a un oficial sumariante para llevar adelante ese proceso interno que determinará responsabilidades.

12. EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

A través de nuestra corresponsalía en la ciudad de San Miguel de Tucumán y habiendo entrevistado a familiares y amigos de internos del penal de Villa Urquiza, el OIP ha podido informarse que: en sintonía con la política llevada adelante por SPF, el Servicio penitenciario tucumano somete a los detenidos al régimen de 23 horas de encierro, que en caso de lluvia se extiende al día completo. Por otra parte la infraestructura está colapsada: baños tapados, comida incomible, inasistencia de los maestros.

En cuanto a las condiciones para dormir, lo hacen en camas de mampostería o tarimas, el resto en cuchetas y se deben proveer sus frazadas.

Es de remarcar, que tal situación no es patrimonio exclusivo de la unidad en cuestión sino común a todas a las unidades y centros de detención de la provincia.