Ex defensor de presos políticos en Uruguay y luego en la Argentina, ex miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales durante los últimos años de la dictadura y la década del ’80, el abogado Octavio Carsen fue distinguido por la Legislatura porteña como “personalidad destacada de los derechos humanos”. Página/12 se reunió con Carsen, de 85 años, y repasó su vida, su trayectoria, sus ideas sobre el presente y los desa-fíos del movimiento de derechos humanos.

–¿Cuándo empezó a defender presos políticos?

–Cuando me recibí no hacía derecho penal, pero me consideré en la obligación de hacerlo cuando vi que se detenía a mucha gente, civiles, simplemente por ser opositores. La primera medida de la dictadura fue establecer el equivalente al estado de sitio aquí y detener obreros, maestros, empleados… Llegaron a habilitar un estadio para presos políticos, y el CIOR (Centro de Instrucción para Oficiales de Reserva), también era centro de detención de gremialistas. Al mismo tiempo se producían en el mundo hechos que llamaban la atención, Uruguay era un país de exilio y llegaba gente de distintos países.

–¿Qué tan riesgoso era entonces defender presos políticos?

–Los pocos abogados que asumían la defensa de presos políticos se transformaban en objeto de persecución de la dictadura, pero sentí que mi título tenía que servir para otros compañeros, que no sólo tenía que dedicarme al ejercicio de la profesión. Lo hice con temor y a la larga seguí la suerte de mis defendidos.

Carsen hace una pausa y va hacia atrás: su trabajo político en el Partido Nacional, en un comité antiimperialista “herrerista”, por el caudillo Luis Alberto Herrera; sus lecturas de Manuel Ugarte y Abelardo Ramos; la Revolución Cubana, la reforma agraria frustrada en el Perú de Velazco Alvarado, su trabajo en un comité de base del Movimiento 26 de Marzo y en una cooperativa de pequeños productores en las afueras de Montevideo. “Pensábamos que la revolución era posible, lo que no habíamos previsto era que el capitalismo de Estados Unidos no iba a permitir que surgieran nuevas Cubas en América”, explica.

–Decía que siguió el destino de sus defendidos…

–Caí preso en agosto de 1972. Me vinieron a buscar a las tres de la mañana. Me subieron a un ómnibus, me pusieron una capucha y recogieron a más gente, que después supe eran de mi comité de base. Nos llevaron al cuartel de infantería 13, pero no me tocaron un pelo, me tuvieron de plantón 48 horas. Yo compartía un estudio con quien era administrador de la Casa de Jubilaciones y uno de los clientes era hermano del comandante en jefe del Ejército, general Cristi. A esa relación atribuyo el trato. Para justificar la detención me procesaron por tentativa de asociación ilícita, como que toqué la puerta para entrar en la asociación ilícita pero no me aceptaron –sonríe.

–Lo liberaron y volvió a defender presos.

–Me liberaron en enero de 1973. Ese año fue el golpe cívico-militar, se disolvieron los partidos y el Parlamento, y llegué a tener 67 defensas de presos políticos. El cinco por ciento de los tres millones de uruguayos llegaron a pasar por cuarteles.

–¿Cómo le iba ante los tribunales militares? ¿Qué margen tenía?

–Bueno, el código de justicia militar uruguayo, obra del general Licandro, legalista, admitía la actuación de abogados civiles, a diferencia del argentino. Igual los uruguayos aconsejaban no nombrar civiles si querían salir rápido. Pero los presos valoraban a los abogados porque significaba tener contacto con el mundo exterior, de hecho las únicas dos veces que pude ver a mi mujer mientras estuve detenido fue cuando me llevaron ante el tribunal militar. Las visitas de familiares, igual que acá, eran muy catalogadas y las mujeres recibían un trato humillante.

–¿Podía denunciar torturas?

–Si lo hacía el defendido no lo registraban. Lo ponían en boca mía si decía “mi defendido dijo tal cosa y pido que se deje constancia en actas”. Y lo otro que podía hacer era ir a algún diario y contar la audiencia. No había muchos que publicaran, pero al menos trascendía de ese ámbito.

–¿Cómo fue la decisión de exiliarse en Argentina?

–Viajé dos veces a Buenos Aires por asuntos de mi profesión, con permiso porque tenía libertad vigilada. Durante el segundo viaje, en diciembre de 1973, llamo y me entero de que habían allanado mi casa. Ahí pensé que si la primera vez había zafado, la segunda, después de haber estado en una celda con gente a la que sí habían torturado, acusados de graves delitos y que de hecho estarían presos hasta 1985, y habiendo defendido después a otros presos, no zafaba. Así que me quedé. El único momento de mi vida sin trabajo político fueron esos primeros años en la Argentina, cuando tenía que hacer pie aprovechando mi nacionalidad. Tuve que partir de cero, revalidar mi título, que lo revalidé enseguida –dice y señala el diploma de 1974 firmado por Vicente Solano Lima como rector de la UBA.

–¿Cómo llegó al CELS?

–Me presentó un grupo de uruguayos. Yo había presentado el primer hábeas corpus por un uruguayo desaparecido en la Argentina, Gerardo Gatti, un dirigente sindical gráfico que fue fundador de la Central de Trabajadores de Uruguay y desapareció poco después del golpe de Estado aquí. Esta pareja me dice que hay más de un centenar de uruguayos desaparecidos y que quieren acercarse al CELS, donde había abogados que habían tomado distancia de la APDH y estaban dispuestos a llevar leading cases. Me piden trabajar sobre uruguayos y acepté: era mejor estar en una institución que ser un francotirador. Acepté aunque no sólo para trabajar con uruguayos. Mi primer caso de argentinos fue el de la familia Tarnopolsky, recuerdo que vino la abuela, con bastón como uso yo ahora. Era la única persona de la familia que había quedado en el país, una mujer admirable. Lamentablemente, lo único que pude hacer fue presentar hábeas corpus y todos respondían que no había datos.

–¿Qué casos pasaron por sus manos? ¿El de la morgue judicial?

–Sí, ahí se pudieron ubicar los restos de la hija de Gerardo Gatti, Adriana, que no quiso irse al exilio con su madre y la mataron con otra compañera en Villa del Parque. Por Clamor de Brasil supe que había estado en un tiroteo cerca de Agronomía. En el expediente de la morgue judicial había un listado de enterrados y ahí aparece el apellido de una chica japonesa con una “NN femenina”. Enseguida pedí el legajo y ahí estaba la foto. La burocracia había hecho todo su trabajo menos la elevación al juzgado penal, porque había un acuerdo entre el presidente de la Cámara Federal y el Ejército para autorizar los entierros sin dar intervención al juzgado. Por la recuperación de los restos de Adriana dimos una conferencia de prensa en el CELS que sólo reprodujo La Razón. Después, la madre llevó los restos a Madrid y dio otra conferencia, que publicó El País, un artículo de Mario Benedetti.

–¿Cuál fue el rol de OSEA, la Oficina de Solidaridad para Exiliados Argentinos, de la cual fue secretario?

–OSEA se creó para ayudar y orientar a los exiliados que volvían al país. Ahí estaba el obispo (metodista Federico) Pagura, Adolfo (Pérez Esquivel), (Emilio) Mignone, (Augusto) Conte y yo, que figuraba como Sijau, el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía de Uruguay. Desde OSEA trabajamos mucho con quienes habían podido salir del país sólo como refugiados porque no tenían otro modo de cubrirse, como la gente del movimiento villero. Lo otro que hice con OSEA fue publicar El Informe Prohibido, de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que años antes el CELS había fotocopiado y distribuido.

–Ya en democracia, retomó la defensa de quienes seguían presos…

–Sí, de los nueve conscriptos. Habían sido condenados por tribunales militares porque estaban bajo uniforme y las defensas militares habían sido un desastre. Uno por poco pedía mayor pena que el fiscal, otro decía que no se podía esperar nada de un soldado que iba al café La Paz con un libro de Borges y que discutía de política con los padres.

–¿Con qué resultado?

–Lo que fallaron en definitiva fue por la aplicación del dos por uno. Los nueve conscriptos tenían distintas penas, no marcharon todos juntos. Salió Giusti y después lo aplicaron a todos, menos a Osvaldo López. En su caso fallaron que volviera a la Cámara y tuve que llevar el caso a la Corte Interamericana. Recién pudo ser liberado en 1987.

–¿Cómo ve al movimiento de derechos humanos hoy?

–Hoy es mucho más difícil que antes. Antes tácticamente se podía no hablar demasiado de proyectos de desaparecidos y muertos porque enfrente estaba la dictadura y había que usarlo como táctica para el enfrentamiento, para sacar lo poco que se podía. Actualmente, se puede hablar abiertamente de que los que estábamos enfrentando a la dictadura queríamos un cambio en la sociedad y que ese cambio no se podía hacer por las buenas, como se demostró, ni por las malas, porque no teníamos la fuerza suficiente. Pero actualmente se puede llegar a hacer, con una sola condición: luchando contra el capitalismo unificado. El único capitalismo que hoy domina el mundo es el capitalismo financiero. Si no tomamos conciencia de que los patrones de los golpes son los que actúan hoy por sus propios intereses y que les son más funcionales los gobiernos surgidos de las democracias que las dictaduras, estamos fritos. Estados Unidos apoya la defensa de la democracia, pero cuando le tocan intereses propios se olvida, y además no firmó las convenciones internacionales, nunca. Las convenciones para Estados Unidos no son ley sino costumbre, a lo sumo aceptada.

–¿Qué espera del movimiento de derechos humanos? ¿Cuál es su rol?

–Creo que son dos. Uno, la educación. Dos, tratar de no ser cooptados por los gobiernos de turno, ya que gobiernos y fundaciones tienen la tentación de atraparlos. Argentina está juzgando adentro las violaciones a derechos civiles y políticos, pero entra en contradicción cuando deja instalar a Monsanto. Eso no se puede callar, pero ¿qué pasa si se calla? Si se calla sos funcional a la derecha tradicional. Es una situación dramática. Lo mismo con el trabajo gremial. Frente a un capitalismo globalizado, el trabajo sindical es más necesario que nunca.

fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-205159-2012-10-09.html