Una de las peticiones ‘urgentes’ de ese organismo al Congreso es que la norma no sea retroactiva.
A pocas horas de comenzar en plenarias del Congreso el último debate sobre la reglamentación del fuero militar, Naciones Unidas envió un documento al Capitolio pidiendo cambios para «evitar un daño grave» en los compromisos internacionales que tiene Colombia en materia de derechos humanos. (Lea el documento de las Naciones Unidas sobre fuero militar)
El informe, de 7 páginas y conocido por EL TIEMPO, plantea realizar tres modificaciones urgentes: aclarar que esta norma no será retroactiva y que no cobijará casos de ‘falsos positivos’ en curso, estipular que estos procesos quedarán en la justicia ordinaria, y definir que será la Fiscalía la que investigue casos relacionados con el “uso de violencia letal”.
El primer cambio propuesto indica que “los casos del pasado deben ser investigados y juzgados según el derecho vigente en el momento de la comisión de la conducta”, por lo que, según la ONU, es imperante que se aclare que “cualquier definición de conducta típica que se promueva en el proyecto no podrá ser utilizada de manera retroactiva”.
La segunda recomendación es que “la competencia de investigar y juzgar los ‘falsos positivos’ del pasado, adecuados típicamente como homicidios, debe estar claramente radicada en los entes competentes de la Rama Judicial”, para impedir que esos procesos pasen a la Justicia Penal Militar.
Uno de los puntos más polémicos del fuero es el artículo 20, sobre la “proporcionalidad en los ataques” cuando es la Fuerza Pública la que toma la iniciativa: “No se entenderá como desproporcionado un ataque por el simple hecho de contar con superioridad numérica o de armas”.
Estas facultades no solo generan suspicacias entre los críticos de la norma, sino que, de acuerdo con los expertos, generan dudas a la hora de investigar si alguno de esos hechos puede generar una ilegalidad. Por eso la ONU pide aclarar que “en casos del uso de violencia letal, la Fiscalía debe ser la autoridad que determina si los hechos son constitutivos de un delito, o no reúnen los elementos de una conducta delictiva, o si la conducta estaba justificada”.
Aunque el organismo dice que “las correcciones propuestas son para evitar un daño grave” frente a los compromisos internacionales de Colombia, en el documento deja claro que “las preocupaciones más amplias subsisten en relación con el enfoque general del proyecto”.
El coordinador ponente de la iniciativa en el Senado, el liberal Juan Manuel Galán, aseguró que estas peticiones no tienen asidero ya que quedaron aclaradas en la Constitución, con la reforma que se aprobó el año pasado.
DANIEL VALERO
REDACCIÓN POLÍTICA
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