El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (ONU) celebró el avance de las causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y a la vez expresó su “preocupación” por los “nuevos casos de desaparición forzada” que tienen como víctimas a “jóvenes en situación de extrema pobreza y marginación social”, y por su relación con “métodos policiales violentos”. Al cierre de su período de sesiones y luego de escuchar a la delegación argentina, que encabezó el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, el organismo responsable de controlar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas destacó el trabajo que realizan las fiscalías especializadas, manifestó su inquietud frente a recientes cuestionamientos recibidos y recomendó que toda desaparición forzada, por la complejidad que implica su investigación, se encomiende a unidades fiscales “con la debida especialización y experiencia”.

Elías Gorosito desapareció en Paraná en 2002, luego de ser golpeado por policías de Entre Ríos. Iván Torres fue visto por última vez en 2003, cuando policías de Comodoro Rivadavia lo forzaron a subir a un patrullero. Luciano Arruga desapareció en 2009, luego de sufrir amenazas y torturas de policías bonaerenses de Lomas del Mirador. Daniel Solano fue visto por última vez hace dos años, cuando policías de Río Negro lo sacaron a golpes de un local bailable en Choele Choel. Facundo Rivera Alegre, desaparecido el año pasado en Córdoba, era víctima de hostigamientos policiales. Los casos constan en el informe alternativo presentado por el CELS, que define la desaparición forzada en democracia como “método policial extremo para garantizar el encubrimiento y/o evitar o entorpecer investigaciones sobre abusos y otras formas de violencia cotidiana de la policía sobre los jóvenes pobres”.

“Estas desapariciones son realizadas aplicando métodos policiales violentos, haciendo un uso arbitrario de la detención y utilizando la desaparición como método para encubrir delitos”, coincidió el Comité de la ONU en sus “observaciones finales” sobre el informe presentado por la Argentina, que informó en conferencia de prensa el experto Rainer Huhle. El organismo recomendó al Estado argentino “promover reformas institucionales en el seno de los cuerpos policiales para erradicar la violencia” y también “garantizar investigaciones exhaustivas e imparciales”, que “continúen hasta que se establezca la suerte o se determine el paradero de la persona desaparecida”.

Otro capítulo de las observaciones está dedicado a las medidas de protección de víctimas y testigos, en particular a quienes están privados de su libertad. El Comité reconoce que existen medidas de protección, pero alerta que las condiciones en las cuales prestan testimonio son “en muchos casos traumáticas y revictimizantes”, y destaca el “efecto intimidatorio” que sigue teniendo sobre posibles testigos la desaparición de Jorge Julio López en 2006, aún no esclarecida. El Estado debe garantizar “que las fuerzas de seguridad de las que se sospeche han cometido una desaparición forzada no participen en las investigaciones” y que tampoco “puedan influir” sobre otros investigadores. El ejemplo más cercano ocurrió tras la desaparición de Arruga, cuando la fiscal Roxana Castelli delegó la investigación en la policía bonaerense pese a las denuncias de familiares, que señalaban a esa fuerza como responsable.

Una “preocupación” que organismos de derechos humanos denuncian desde hace tres décadas se relaciona con “la existencia de normas nacionales que permiten la detención administrativa, sin orden judicial previa o control judicial posterior y fuera de los supuestos de flagrancia”. El Comité alerta acerca de que las desapariciones de los últimos años “están en gran medida relacionadas con detenciones administrativas” y destaca la necesidad de “un control judicial inmediato” a cada detención.

Otra práctica habitual de los servicios penitenciarios que aumenta el riesgo de desapariciones forzadas tiene que ver con los traslados “arbitrarios o para encubrir sanciones” entre centros de detención. El organismo recomienda como contrapartida que todo traslado esté “sometido a un control de la autoridad judicial” y que se realice con conocimiento del abogado y de los familiares del interno. Informado por la delegación oficial sobre la implementación “en trámite” de un Registro Informatizado de Detenidos, el comité de la ONU aconsejó su concreción “urgente” y el desarrollo de “un protocolo de actuación uniforme y un sistema de control equivalente para todos los centros” de detención del país.

En los últimos puntos el Comité manifiesta su “satisfacción” por la aprobación de la ley que establece un Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura pero “lamenta que todavía no se encuentre totalmente operativo” y destaca la importancia de “asegurar su independencia”. También remarca en particular su preocupación por información “de que el procurador penitenciario no tiene acceso a los centros de detención de menores”.

Sobre la responsabilidad de reparar a las víctimas de desapariciones forzadas, el Comité valora los avances respecto de los miles de casos ocurridos durante el terrorismo de Estado pero destaca la necesidad de extender “el derecho a la reparación, a la verdad y a una indemnización rápida, justa y adecuada” a las víctimas posteriores a 1983.

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