El ministro de Seguridad de la Nación Arturo Puricelli instruyó al comandante de la Gendarmería Nacional, Enrique Alberto Zach, para que adecue las condiciones de alojamiento de los detenidos bajo tutela de esa fuerza al respeto de los derechos humanos, luego de que la Procuraduría contra la Violencia Institucional detectara -y le hiciera conocer- graves vulneraciones a los privados de libertad en el Escuadrón 51 de Resistencia por la colocación de esposas durante la recepción de visitas y en el momento diario de recreación.
«Resulta fundamental para el respeto de los derechos humanos de las personas alojadas, tanto en el Escuadrón N°51 como en el resto de las dependencias pertenecientes a la Fuerza a su cargo, que al momento de recibir visitas se encuentren sin esposas, debiendo garantizarse la seguridad de los mismos recurriendo a otros medios, los que deberán permitir contacto con las personas que concurran a visitarlo y/o con sus familiares, evitando ser vistos por la visita con las esposas colocadas», ordena Puricelli en una nota que le envió a Zach el 30 de julio pasado, cuya copia fue remitida a la Procuvin por la Directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, Natalia Federman. Allí también dispone que se extiendan los horarios de visita y recreación.
El 24 de abril pasado, el titular de la Procuvin, Abel Córdoba, personal que trabaja en ese organismo, los fiscales de Resistencia Patricio Sabadini, Carlos Martín Amad y Diego Vigay, y el representante del Comité Provincial para Prevención contra la Tortura, Nelson Veira, contastaron las condiciones de vulneración de derechos que padecían los nueve detenidos alojados en el Escuadrón 51.
Entre otras cosas, los fiscales dejaron asentado en un acta -remitida luego por Abel Córdoba a Puricelli- que los detenidos habían manifestado que «durante la duración total del encuentro familiar deben permanecer esposados de ambas manos, situación que imposibilita abrazarse, sostener a los niños en la falda y tomarse de la mano con naturalidad».
Los funcionarios añadieron en el acta que «la interposición del dispositivo de sujeción condiciona el ejercicio de la vincularidad afectiva a la vez que provoca en muchos de ellos profundas sensaciones de vergüenza, estigma y/o humillación que se reitera en cada encuentro familiar y en algunos casos es una situación que se repite hace más de dos años».
Durante esas entrevistas, incluso, los funcionarios del Ministerio Público debieron solicitar a los gendarmes que quitaran las esposas a los detenidos.
En su instrucción al jefe de la Gendarmería, el ministro de Seguridad además indica: «para el caso en que las instalaciones del lugar imposibiliten mantener a los detenidos sin esposas durante el tiempo de recreación o de visita, solicito que realice las gestiones pertinentes a fin de establecer un cronograma de recreación y/o visitas para que los alojados gocen del tiempo destinado al esparcimiento en grupos reducidos y así se garantice la seguridad por un medio distinto a la colocación de esposas».
En ese marco, el ministro también pidió al titular de la Gendarmería que arbitre los medios para extender el horario de visita, con una duración mínima de tres horas -antes era de dos horas-, y que le remita imágenes y planos del lugar, indicando a qué se destina cada espacio. También ordenó que la recreación se extienda durante dos horas los siete días de la semana, cuando hasta ahora era de una hora y los domingos los detenidos no gozaban ese derecho.
«Hacinamiento extremo»
Durante la inspección realizada en abril pasado, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal habían constatado que el recinto donde duermen los nueve detenidos «se trata de un espacio de 3 x 3 metros» y dispone de tres cuchetas con dos colchones cada una, por lo cual tres deben dormir en el suelo, «sobre colchones desvencijados».
«El estado de los colchones es muy malo, encontrándose sin el respectivo forro de tela, con la goma espuma desarmada, dañados en su constitución básica y con un importante olor a humedad, además de presentar manchas blancuzcas semejantes a las provocadas por hongos y sarnillas», indica el acta remitida a Puricell.
También dejaron constancia de una sala de unos «2 x 2 metros donde, junto al espacio de pernocte, permanecen las 9 personas durante las 23 horas al día». La restante hora se correspondía entonces con la recreación, de lunes a sábado, y «estando esposados de ambas manos la totalidad del tiempo que dure la recreación, imposibilitando esta sujeción física la realización de ejercicios corporales, juegos recreativos y/o actividades al aire libre».
La Procuvin y los fiscales locales también pudieron constatar que «la situación es de hacinamiento extremo», que «todo el ambiente es húmedo y lúgubre» y que «la ropa debe lavarse dentro del mismo (lugar) y colgarse para su secado en el espacio aéreo que queda libre entre las camas cuchetas del espacio de pernocte, sobre tiras de tela improvisadas a tal fin».
Entre otras situaciones, los funcionarios destacaron que la luz natural es insuficiente y la ventilación «resulta en extremo escasa», dado que hay un ventiluz de unos 35 centímetros cuadrados. Por ese motivo, la luz eléctrica permanece encendida todo el día. «La instalación eléctrica resulta precaria, observándose cables colgando y pegados con cinta adhesiva», asentaron en el acta de inspección.
Durante las entrevistas que mantuvieron en el transcurso del procedimiento, los detenidos rescataron que la comida era de buena calidad y de cantidad suficiente, y que no sufrieron violencia física pero sí verbal.
«La totalidad de los detenidos, aún bajo las penosas condiciones materiales y de hacinamiento, así como del estricto nivel de sujeción fuera de la celda, solicita permanecer en este lugar en función de los temores y vulnerabilidades que supone ingresar a una institución penal, máxime considerando que la mayor parte se encuentra detenido por primera vez», puntualiza el acta.
También refiere que en los últimos meses ninguna autoridad judicial había constatado esas condiciones y que el lugar sólo había sido inspeccionado por personal de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que había mantenido entrevistas con los detenidos en presencia de gendarmes, «metodología de abordaje que imposibilitó efectuar planteos sobre las condiciones de detención».
